La nueva etapa del 'caso Catalana'

EL FINAL de las investigaciones de los fiscales sobre lo sucedido en Banca Catalana sit¨²a a este espinoso tema en una nueva fase. Al parecer, las conclusiones coinciden sustancialmente con los razonamientos que les llevaron a ellos mismos, tiempo atr¨¢s, a presentar la querella contra los antiguos responsables de la entidad, entre los que se encuentra, a t¨ªtulo personal, el presidente del gobierno aut¨®nomo catal¨¢n. Con los nuevos datos reunidos, sostienen que existen indicios racionales de delito para solicitar el procesamiento de la mayor parte de los 25 ex consejeros implicados en la causa, Jordi Pujol incluido.La demora con que se est¨¢ llevando el caso -hace casi dos a?os que se present¨® la querella- impide hablar ya de oportunidad o no de los calendarios. Pero los hechos son testarudos: la actuaci¨®n de la Justicia respecto a Banca Catalana salt¨® a la palestra d¨ªas despu¨¦s de que Jordi Pujol obtuviera una importante victoria electoral en los comicios auton¨®micos -en los que tuvo el apoyo del 46% de los votos emitidos-; ahora, los fiscales concluyen su estudio cuando todas las fuerzas pol¨ªticas preparan la pr¨®xima campa?a para las elecciones legislativas de oto?o, y en el momento en que la operaci¨®n reformista, teledirigida desde Catalu?a, y desde el partido de Pujol, en forma de bisagra hacia la derecha, sue?a con descabalgar a la actual hegemon¨ªa socialista. De todas maneras hay que tener en cuenta que con la actual agenda de elecciones generales, municipales y auton¨®micas, completada con el reciente refer¨¦ndum sobre la OTAN, resulta pr¨¢cticamente imposible que alg¨²n acontecimiento de este pa¨ªs no tenga cerca, antes o despu¨¦s, una llamada a las urnas.

El caso Catalana, considerado por Pujol y su partido como una provocaci¨®n y presentado as¨ª como unajugada sucia contra toda Catalu?a, abri¨® un enorme distanciamiento entre la Administraci¨®n auton¨®mica y el Gobierno central. Recientemes esfuerzos mutuos para templar los ¨¢nimos en cuestiones como la financiaci¨®n auton¨®mica, unidos a la reanudaci¨®n de contactos personales entre Gonz¨¢lez y Pujol, apuntaban hacia un regreso a la normalidad que ahora puede volver a interrumpirse. Estas circunstancias, sin embargo, no deben dejar en segundo plano el fondo objetivo del problema. La entidad bancaria que lo origina protagoniz¨® una verdadera cat¨¢strofe financiera que, seg¨²n la auditor¨ªa del Tribunal de Cuentas, cost¨® m¨¢s de 344.000 millones de pesetas a los fondos p¨²blicos, y lo que la Justicia intenta aclarar son qu¨¦ tipo de responsabilidades hubo y si existieron o no irregularidades en la administraci¨®n del grupo bancario.El hecho de que el presidente de la Generalitat pueda ser procesado, y las repercusiones pol¨ªticas que ello podr¨ªa comportar -desde una posible renuncia temporal al cargo hasta que se esclarezca la inocencia que pregona, a su posible deseo de seguir ostent¨¢ndolo-, son elementos que, con toda su trascendencia, ni deben ni pueden impedir la prioridad de que la Justicia act¨²e con arreglo al principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los espa?oles. Los problemas formales que acompa?an al caso, que nacen de la inexistencia de inmunidad para los presidentes de las comunidades aut¨®nomas o del retraso en crear el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, deben ser abordados y resueltos con supeditaci¨®n al mismo principio. Entre otras cosas porque lo que se trata de juzgar no son actuaciones de un pol¨ªtico en ejercicio como es el presidente Pujol, sino de un banquero, que tambi¨¦n se dedicaba a la pol¨ªtica: el ciudadano Pujol. Desde esta perspectiva, es obligaci¨®n de todos desdramatizar y despolitizar, en la medida de lo posible, el caso Catalana. La utilizaci¨®n de los sentimientos autonomistas o la apelaci¨®n a los intereses de partido -sea por parte de quien sea- est¨¢n fuera de lugar. Es preciso insistir en que la presunci¨®n de inocencia ampara absolutamente a todos los ciudadanos y que es imposible descalificar a nadie hasta que no haya sido condenado en sentencia firme. Y el curso normal de la administraci¨®n de la Justicia debe seguir adelante. Son los jueces quienes deben decidir o no procesar a los acusados por los fiscales. Y es la propia fiscal¨ªa general del Estado la que tiene que dar explicaciones a la opini¨®n p¨²blica sobre c¨®mo un caso de este genero, que provoc¨® en su d¨ªa manifestaciones, ruedas de prensa, y toda una serie de dram¨¢ticas actuaciones, se ha demorado tanto tiempo en su investigaci¨®n y ha merecido hasta ahora el silencio oficial, con grave da?o para la honorabilidad y los derechos constitucionales del presidente Pujol.