Hacia la justicia gratuita

EL PROYECTO de ley sobre supresi¨®n de las tasas judiciales, aprobado recientemente por el Congreso y que, tras su ratificaci¨®n por el Senado, entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo 1 de septiembre, constituye un paso importante en el camino hacia la gratuidad de la justicia, con el efecto a?adido de contribuir a la erradicaci¨®n de las corrupciones en las oficinas judiciales. A diferencia de otras previsiones constitucionales sobre derechos y libertades, que han experimentado recortes al ser desarrolladas por ley, el mandato que el art¨ªculo 119 de la Constituci¨®n hace al legislador sobre la gratuidad de la justicia se est¨¢ cumpliendo con cierta amplitud.La reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la ley de 6 de agosto de 1984 extendi¨® el beneficio de la justicia gratuita a los sectores ciudadanos m¨¢s desfavorecidos. Con ocasi¨®n de la regulaci¨®n de la asistencia letrada al detenido y al preso, se estableci¨® la gratuidad de esta asistencia, y de igual modo la ley org¨¢nica del Poder Judicial de 3 de julio de 1985 ampli¨® la gratuidad al ejercicio de la acci¨®n popular. El proyecto de ley que ahora comentamos culmina este proceso con la supresi¨®n absoluta, seg¨²n reza su art¨ªculo ¨²nico, de "las tasas judiciales y las que se devengan por la expedici¨®n de certificaciones del Registro Civil".

La supresi¨®n de esas tasas viene a dar cumplimiento a la obligaci¨®n constitucional de que los poderes p¨²blicos promuevan las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos ante la justicia sea real y efectiva. La objeci¨®n de que la gratuidad puede conducir a la proliferaci¨®n de pleitos no puede ser tenida en consideraci¨®n, cuando se compara ese riesgo con las ventajas del abaratamiento para los ciudadanos de recursos modestos. Adem¨¢s, ofrece otro elemento positivo nada desde?able. Su eliminaci¨®n liberar¨¢ a los secretarios judiciales de la gesti¨®n tributaria que sobre este concepto tienen y les permitir¨¢ regresar a funciones de mayor alcance procesal y de organizaci¨®n de la oficina judicial.

Es preciso advertir que con la supresi¨®n de las tasas no desaparecer¨¢ todo el dinero legal de las oficinas judiciales. Para que esto se produzca ser¨¢ preciso que el Gobierno acoja propuestas como la realizada por el Colegio Nacional de Secretarios tendente a impedir totalmente la circulaci¨®n monetaria en los juzgados y el trasiego a cuentas particulares, en entidades crediticias, del dinero de las consignaciones o de las indemnizaciones de los particulares. Mientras tanto, sin embargo, la reducci¨®n del volumen de dinero que circula por los juzgados ayudar¨¢ a descubrir el que la corrupci¨®n y la astilla sigue haciendo fluir.

El Consejo General del Poder Judicial debe ser el abanderado de esta batalla, destinada a erradicar los abusos y las intermediaciones innecesarias (a este respecto merecer¨ªa la pena plantearse cual es el aut¨¦ntico papel de los procuradores de los tribunales y qu¨¦ tipo de encarecimiento su gesti¨®n produce en los diversos pleitos). La iniciativa de convocar para el pr¨®ximo mes de mayo unas jornadas sobre la corrupci¨®n en la justicia, con participaci¨®n de todos los sectores afectados, debe seguir adelante. El ¨®rgano de gobierno del poder judicial no puede sentirse impresionado por las voces que desde la mayor¨ªa conservadora de la carrera judicial se escandalizan por el mero uso por el consejo de la palabra corrupci¨®n o responden calificando a las astillas -as¨ª lo ha hecho recientemente la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura- como "asunto de poca monta". La justicia espa?ola es hoy cara, lenta, y est¨¢ sometida a toda clase de obstaculizaciones procesales y t¨¦cnicas innecesarias. Para devolverla el prestigio social perdido, y la credibilidad ante los ciudadanos, es necesaria una cirug¨ªa de urgencia en la que los propios jueces deben ser los primeros interesados.

El paso dado por el Gobierno en el terreno de las tasas debe servir de acicate a los sectores judiciales empe?ados en la lucha contra la corrupci¨®n y en el levantamiento de una administraci¨®n de Justicia digna de tal nombre y de los contribuyentes que la sufragan.