La reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica

LA NUEVA propuesta del Gobierno en relaci¨®n a la financiaci¨®n de las autonom¨ªas supone un avance en relaci¨®n con el imperfecto sistema anterior. Su mayor cualidad reside en que no se trata de una f¨®rmula definitiva, sino de un primer paso dentro de un proceso de descentralizaci¨®n econ¨®mica.Aunque en el nuevo procedimiento que se propone persiste una parte de los defectos que descompensaban el sistema anterior, deben destacarse varios aspectos correctores positivos. La ventaja m¨¢s significativa de la propuesta es el intento de aplicar los criterios de distribuci¨®n de los recursos dando especial relevancia al volumen de poblaci¨®n de cada comunidad aut¨®noma. Tambi¨¦n resulta positiva la voluntad de objetivar m¨¢s los criterios para la concesi¨®n de recursos y de automatizar sus canales, con lo que se aleja el peligro de decisiones arbitrarias. Cada vez una mayor parte de la financiaci¨®n provendr¨¢ de un porcentaje fijo de participaci¨®n en los presupuestos generales, lo que supone para las autonom¨ªas una disminuci¨®n de la incertidumbre de los ingresos y les permitir¨¢ organizar sus programas de gasto a medio y largo plazo.

En la actual propuesta gubernamental permanece, sin embargo, aspectos discutibles: al cerrar a las autonom¨ªas la participaci¨®n en figuras tributarias importantes como el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas o el IVA, no se introducen elementos de corresponsabilidad fiscal para esas Administraciones, que asumen el derecho a circular por la ruta del gasto sin necesidad de tener que recaudar. La no inclusi¨®n de las nuevas inversiones en el coste efectivo de los servicios transferidos supone, adem¨¢s, mantener un nivel limitado de autonom¨ªa en el gasto: seguir¨¢ siendo excesivo el volumen de dinero que pasar¨¢ de las manos de la Administraci¨®n central a las autonom¨ªas, con lo que el papel de ¨¦stas queda reducido al de mero intermediario ante los destinatarios.

Igualmente, el Gobierno ha demostrado una rara habilidad en la distribuci¨®n del incremento de los 65.000 millones de pesetas previsto en el nuevo sistema entre las distintas comunidades, y de los que unos 32.000 millones se destinar¨¢n a Catalu?a. Esto es debido a los desajustes previos existentes respecto a la financiaci¨®n de la autonom¨ªa catalana, pero el hecho de conceder la mitad del aumento a esa comunidad y, por ejemplo, s¨®lo una d¨¦cima parte a Andaluc¨ªa, puede ser interpretado de muchas maneras. Se podr¨ªa acusar a este planteamiento de perseguir, de una sola tacada, dos objetivos: cerrar el paso a cualquier eventual recurso al victimismo por parte del Gobierno Pujol, y golpear a la operaci¨®n reformista ante los electores andaluces.

En cualquier caso la propuesta supone un punto de partida aceptable para una discusi¨®n en profundidad del esquema definitivo de una financiaci¨®n descentralizada a partir del hecho auton¨®mico.