El escaso valor de la vida en las c¨¢rceles

Buena parte de los 25.000 reclusos que habitan nuestras c¨¢rceles y la pr¨¢ctica totalidad de los funcionarios de prisiones aguardan con temor la llegada del verano. Tradicionalmente, en estos meses aumenta sensiblemente el n¨²mero de internos y se dispara la violencia. La situaci¨®n de las c¨¢rceles es insostenible, a juicio de los funcionarios, y contrasta fuertemente con la existencia de una legislaci¨®n penitenciaria considerada como la m¨¢s progresista de Europa. "No s¨®lo incumplimos el objetivo de rehabilitar y reinsertar, sino que en muchos casos somos incluso incapaces de garantizar la seguridad f¨ªsica de los internos y hasta la nuestra", confiesa un funcionario de Carabanchel.

Centenar y medio de muertes en los ¨²ltimos tres a?os, m¨¢s de 70 evasiones, docenas de agresiones y secuestros de funcionarios, consumo generalizado de drogas, continuas palizas entre internos y violaciones sexuales que ni se denuncian ni se castigan, condiciones higi¨¦nicas y sanitarias que propician la extensi¨®n de enfermedades contagiosas, proliferaci¨®n de mafias violentas que controlan todo tipo de actividades il¨ªcitas (Juego, droga, alcohol, prostituci¨®n, etc¨¦tera) son un triste balance de la situaci¨®n que se vive en las prisiones.Las causas de esta situaci¨®n, seg¨²n coinciden en se?alar dirigentes de los sindicatos de funcionarios de prisiones de Comisiones Obreras, UGT y de la Uni¨®n de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP), son m¨²ltiples y complejas: c¨¢rceles viejas y superpobladas, insuficiencia de medios y plantilla, defectuosa clasificaci¨®n de los reclusos por su peligrosidad, escasa preparaci¨®n profesional de los funcionarios y malas retribuciones, comportamiento dispar e insatisfactorio de la nueva instituci¨®n de los jueces de vigilancia penitenciaria, falta de autoridad y desprotecci¨®n f¨ªsica y jur¨ªdica del personal encargado directamente de los reclusos, incumplimiento de la legislaci¨®n vigente, etc¨¦tera.

Establecimientos vetustos

Las diferencias entre unos y otros sindicatos de funcionarios se establecen y llegan a ser profundas a la hora analizar las posibles soluciones a estos problemas.El sistema penitenciario espa?ol est¨¢ integrado por 88 centros (80 dependientes de la Administraci¨®n central y 8 vinculados a la Generalitat de Catalu?a), de los que aproximadamente el 50% cuentan con m¨¢s de 25 a?os de existencia e incluso algunos superan ampliamente esa fecha de construcci¨®n:

?vila (1849), Guadalajara (1887), La Modelo de Barcelona (1903), El Dueso (1907), Burgos (1932) o Carabanchel, construida en los a?os cuarenta. Es evidente la vetustez de estos establecimientos, que arquitect¨®nicamente fueron planificados para una poblaci¨®n penitenciaria infinitamente menor, y que responden a una filosof¨ªa del tratamiento de los penados hoy obsoleta y cuyas instalaciones carecen de unos m¨ªnimos de seguridad y habitabilidad acordes con el mundo actual.

Comisiones Obreras y UGT hacen hincapi¨¦ en que la Constituci¨®n y los derechos a la dignidad de la persona deben respetarse escrupulosamente en el interior de las prisiones; que la acuciante necesidad de un incremento de las medidas de seguridad en las c¨¢rceles no puede ir en detrimento de tales derechos, y que las condiciones de habitabilidad de muchos de estos establecimientos favorecen la conculcaci¨®n de los mismos.

La situaci¨®n carcelaria, calificada de ca¨®tica a nivel general por los dirigentes de la UFIP, var¨ªa sensiblemente de unos a otros establecimientos. Los m¨¢s deficientes son los destinados a preventivos en las grandes ciudades: Carabanchel (aloja a 2.300 presos, cuando su capacidad est¨¢ establecida en 1.100); la Modelo de Barcelona (aloja 2.100 reclusos, con una capacidad para 1.100); la prisi¨®n Provincial de M¨¢laga (350 plazas y 700 reclusos), o la Modelo de Valencia. Esta superpoblaci¨®n se traduce en condiciones de hacinamiento en las celdas, en dificultades de clasificaci¨®n de los presos por su grado de peligrosidad y en imposibilidad de cualquier tarea eficaz de reeducaci¨®n. En la ley penitenciaria se hablaba de tratamiento individualizado del penado con celdas individuales, c¨¢rceles con capacidad m¨¢xima de 350 reclusos y una relaci¨®n de un funcionario por cada 10 presos. En Carabanchel, hoy, la proporci¨®n es de un funcionario por cada 100 o 110 reclusos, seg¨²n fuentes de la UFIP. Estas condiciones de hacinamiento en las celdas, de superpoblaci¨®n en los centros y de escasez de funcionarios y medios de control son el mejor caldo de cultivo para la violencia impune y la delincuencia en el interior de las c¨¢rceles. La ley del silencio es sagrada y las v¨ªctimas de los atropellos casi nunca denuncian los hechos (violaciones, palizas, robos, etc¨¦tera) a los funcionarios.

La ley de la jungla

Quien lo hace arriesga su vida, y si logra salvarla en la c¨¢rcel, cuando vuelva a la calle estar¨¢ a expensas de un posible ajuste de cuentas ordenado por el kie de turno Oefecillo de mafia carcelaria) desde su celda.Algo parecido les pasa a los funcionarios: en Ceuta dos funcionarios han sido gravemente heridos en la calle, y en Las Palmas, el d¨ªa de Nochebuena, otro funcionario estuvo a punto de morir por la agresi¨®n de un preso. El culpable de este ¨²ltimo atentado recibi¨® como sanci¨®n unos d¨ªas de aislamiento. De hecho, seg¨²n cuentan los funcionarios, algunos reclusos se ufanan de que por unos d¨ªas de aislamiento trae cuenta darle un par de hostias a ese funcionario y quedarse a gusto. Y luego, cuando se denuncia al juez de vigilancia que a un funcionario un preso le ha llamado cabr¨®n, ¨¦ste contesta, seg¨²n afirma la UFIP y Comisiones Obreras, que cabr¨®n, seg¨²n el diccionario, es el macho cabr¨ªo y que por tanto no puede considerarse insulto (esto ha sucedido en una ciudad castellana). "As¨ª, qu¨¦ autoridad vamos a tener. Estamos desprotegidos f¨ªsica y legalmente. Los presos se r¨ªen de nosotros, nos insultan, nos amenazan, hacen lo que les da la gana, y algunos compa?eros optan por hacer la vista gorda", indican fuentes de UFIP.

Juan Jos¨¦ Mu?oz, dirigente de la UFIP y funcionario de Carabanchel, culpa de forma reiterada al PSOE de esta situaci¨®n (no as¨ª CC OO y UGT, que critican con muchos matices a la actual administraci¨®n penitenciaria) y se queja de que desde hace un mes tiene estropeado un tel¨¦fono en su puesto de trabajo, donde permanece aislado en medio de varios centenares de presos, que es su ¨²nico nexo de comunicaci¨®n con el jefe de servicio para pedir ayuda ante una emergencia. Los botes de gases para autodefensa, las porras y las esposas, que son los ¨²nicos medios de protecci¨®n y represi¨®n que pueden utilizar, permanecen almacenados en dependencias ajenas a las galer¨ªas y para emplearlos tienen que solicitar la autorizaci¨®n del jefe de servicio. "Total, que cuando puedes pedir permiso te han dado ya dos guantazos, te han rajado o han cometido ya los desmanes que tratabas de impedir. Por otra parte, en muchos casos estos medios no funcionan: las porras est¨¢n rotas, las esposas se abren solas, como me ocurri¨® hace unos d¨ªas, o los botes de gases est¨¢n pasados de fecha y no sirven para nada", a?ade Juan Jos¨¦ Mu?oz. Este dirigente de la UFIP reclama que se les devuelva el permiso de armas para circular fuera de la prisi¨®n, "ya que hay varios compa?eros amenazados de muerte que viven desde hace semanas con escolta policial". Modesto Nolla, de UGT, y Felipe Monforte y Jos¨¦ Comer¨®n, de Comisiones Obreras, discrepan radicalmente del funcionario de la UFIP en este punto. "No queremos armas. No deseamos que se nos convierta de funcionarios de prisiones en guardias de la porra en el interior de las c¨¢rceles. No es nuestra misi¨®n". Todos coinciden, sin embargo, en la deficiente coordinaci¨®n entre los funcionarios y la protecci¨®n exterior de las fuerzas de orden p¨²blico en las c¨¢rceles.

Seg¨²n CC OO, 6 de cada 10 reclusos consumen droga habitual mente, y seg¨²n la UFIP, el 90% de los actos de violencia y de los delitos en las prisiones est¨¢n relacionados con la droga. La droga entra habitualmente por los paquetes que reciben los presos, en las comunicaciones cara a cara (contactos ¨ªntimos autorizados peri¨®dicamente a los reclusos) y en los que son lanzados desde el exterior por encima de las tapias a los patios de las c¨¢rceles urbanas.

Los aparatos de rayos X, las c¨¢maras de televisi¨®n u otros controles modernos de personas o paquetes, cuando existen -que en la mayor¨ªa de las prisiones brillan por su ausencia- no funcionan.

Los funcionarios encargados del cacheo no est¨¢n preparados para distinguir qu¨¦ es y qu¨¦ no es droga; tampoco pueden destrozar ropas u alimentos para su inspecci¨®n, y cuando se detiene en flagrante a una persona que lleva droga a la prisi¨®n o a un recluso, que la posee no se puede hacer nada porque siempre son peque?as cantidades para consumo individual. No hay forma de probar el tr¨¢fico de estupefacientes, afirman los funcionarios.

Peligro de contagio

La droga es la causa de las grandes epidemias de hepatitis que se dan en las prisiones; pero hay tambi¨¦n una pluralidad de graves enfermedades contagiosas (tuberculosis, hongos, enfermedades de la piel) que campan por sus respetos en nuestras prisiones. En Carabanchel, para 2.100 presos existen cinco m¨¦dicos, con un horario de tres horas, y cinco ATS. La tarde del s¨¢bado y el domingo no hay ning¨²n m¨¦dico. Y a las condiciones de insalubridad y promiscuidad hay que a?adir la deficiente limpieza por escasez de presupuestos. Los funcionarios est¨¢n muy preocupados por los peligros de contagio.UGT, que est¨¢ preparando un ambicioso trabajo estad¨ªstico sobre todos estos hechos (hasta ahora no hay ning¨²n dato) cree que los educadores y los m¨¦dicos deben depender de sus respectivos ministerios y no de la Direcci¨®n General de Prisiones. Comisiones Obreras sostiene que los presos deben estar incluidos a todos los efectos en la Seguridad Social y se queja de que a veces los funcionarios son obligados a facilitar f¨¢rmacos a los presos o a decidir, sin conocimiento alguno, si un preso est¨¢ enfermo de verdad o est¨¢ haciendo teatro.

Los sindicatos coinciden tambi¨¦n en se?alar la necesidad de que se tipifique como delito espec¨ªfico la retenci¨®n o secuestro de funcionarios, que se defina un estatuto de los jueces de vigilancia y se les exija una dedicaci¨®n exclusiva.