Un diputado del PCE pide que el fiscal act¨²e contra los jueces que absolvieron a Var¨®n Cobos y Rodr¨ªguez Hermida

Fernando P¨¦rez Royo, diputado comunista, solicit¨® ayer a la Diputaci¨®n Permanente del Congreso que inste al Gobierno para que d¨¦ instrucciones al fiscal general del Estado sobre la posible responsabilidad criminal de los magistrados Jos¨¦ Hijas, Fernando Cotta, y Antonio Huerta por la sentencia absolutoria de los tambi¨¦n magistrados Jaime Rodr¨ªguez Hermida y Ricardo Var¨®n Cobos, juzgados por el caso Bardellino. P¨¦rez Royo inform¨® a EL PA?S que los tres magistrados que votaron afirmativamente la sentencia pudieron incurrir en el delito de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta).

En su calidad de miembro de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso [que asume las facultades del Congreso de los Diputados cuando, como en este momento, se encuentra disuelto], y al amparo del reglamento de la C¨¢mara, solicit¨® ayer al mencionado ¨®rgano parlamentario que inste al Gobierno lo siguiente: "Que por el Gobierno se proceda a dar instrucciones al fiscal general del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, a fin de que estudie si existe responsabilidad criminal en la actuaci¨®n de los magistrados del Tribunal Supremo que han votado afirmativamente la sentencia que absuelve a los magistrados don Ricardo Var¨®n Cobos y don Jaime Rodr¨ªguez Hermida y, en su caso, formule las acciones pertinentes en derecho".Preguntado por EL PA?S sobre el tipo de responsabilidad apreciable en la conducta de los tres magistrados citados, P¨¦rez Royo -adem¨¢s de parlamentario, catedr¨¢tico de la Facultad de Derecho de Sevilla- declar¨® que "existen indicios de actuaciones irregulares que podr¨ªan incurrir en el delito de prevaricaci¨®n, por la incoherencia entre los hechos probados en la vista oral y el fallo absolutorio de la mayor¨ªa de la sala".

El miembro de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso explic¨® que su iniciativa parlamentaria est¨¢ motivada por el deseo de "preservar el prestigio de la gran mayor¨ªa de los magistrados espa?oles".

Fernando P¨¦rez Royo asegur¨® que la medida adoptada se hace "con absoluto respeto", dijo, "a la independencia del poder judicial". En cuanto a la procedencia de la solicitud, en un momento en que se encuentran disueltas las Cortes Generales, record¨® que "las diputaciones permanentes, seg¨²n la Constituci¨®n, tienen la funci¨®n de 'velar por los poderes de las C¨¢maras', y la del Congreso no puede quedarse callada ante un asunto que est¨¢ comentando toda la opini¨®n p¨²blica y que ha producido indignaci¨®n en numerosos ciudadanos".

Peces-Barba no opina

EL PA?S trat¨® de obtener una primera impresi¨®n del presidente de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, quien hizo llegar al peri¨®dico que no ten¨ªa "nada que decir". Seg¨²n el vigente reglamento del Congreso de los Diputados, "corresponde a la Diputaci¨®n Permanente velar por los poderes de las C¨¢maras cuando estas no est¨¦n reunidas" y, entre otras funciones, convocar sesiones extraordinarias sobre un orden del d¨ªa determinado.

La actual Diputaci¨®n Permanente, constituida como consecuencia de la reciente disoluci¨®n de las C¨¢maras, est¨¢ formada por 39 miembros del disuelto Congreso de los Diputados, distribuidos en proporci¨®n a la importancia num¨¦rica de los grupos parlamentarios.

En caso de que la Diputaci¨®n Permanente del Congreso se reuniera para estudiar el escrito del diputado P¨¦rez Royo, y si se produjera su eventual aprobaci¨®n -decisiones ambas que quedan en manos de la mayor¨ªa socialista-, el paso siguiente ser¨ªa que el Gobierno, en cumplimiento, del acuerdo parlamentario, instara al fiscal general del Estado a estudiar la posible responsabilidad criminal de los tres magistrados.

La comunicaci¨®n al fiscal general del Estado, de acuerdo con lo que establece el Estatuto organico del Ministerio Fiscal, deber¨ªa de hacerse a trav¨¦s del ministro de Justicia o por el presidente del Gobierno, si ¨¦ste lo considerara necesario. Seg¨²n establece tambi¨¦n el estatuto por el que se rige el Ministerio P¨²blico, "el fiscal general del Estado, o¨ªda la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolver¨¢ sobre la viabilidad o procedencia de las actuciones interesadas y expondr¨¢ su resoluci¨®n al Gobierno de forma razonada".

Por otra parte , el Grupo de Abogados J¨®venes de Madrid expres¨® ayer una opini¨®n "muy negativa" sobre la mencionada resoluci¨®n judicial. "El hecho de que ante hechos delictivos tan claros com¨® se exponen en los votos particulares de los magistrados Luis Vivas Marzal y Juan Latour Brotons, no se haya producido una sentencia condenatoria, pone de manifiesto", afirma, "la reticencia de los jueces a condenar a sus propios compa?eros, en grave perjuicio de un principio tan elemental como es el de igualdad ante la ley".