El Gobierno situ¨® a los Ej¨¦rcitos bajo su direcci¨®n pol¨ªtica

La supremac¨ªa del poder pol¨ªtico sobre el militar y la reforma de la justicia castrense, junto a la pr¨¢ctica desaparici¨®n de la amenaza golpista y la reducci¨®n de los Ej¨¦rcitos basada en el nuevo despliegue de fuerzas, han sido los aspectos m¨¢s destacados de la pol¨ªtica de defensa del Gobierno en la pasada legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo no ha conseguido crear una conciencia nacional de defensa -uno de los tres objetivos b¨¢sicos del programa del PSOE de 1982-, ni ha cumplido con el compromiso moral de solucionar el problema de los militares expulsados de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica (UMD).

El hecho de que el poder ejecutivo se haya impuesto en estos ¨²ltimos a?os a los partidarios de la autonom¨ªa militar fue posible, fundamentalmente, gracias a la ley aprobada a comienzos de 1984 por la que se reform¨® la ley org¨¢nica de la Defensa Nacional. Con ella se materializ¨® el objetivo electoral socialista de plasmar en la legislaci¨®n el contenido de los art¨ªculos 97 y 98.2 de la Constituci¨®n, seg¨²n los cuales competen al presidente del Gobierno las tareas de dirigir y coordinar la pol¨ªtica de defensa (objetivos estrat¨¦gicos, alianzas exteriores o programas de armamento) y la pol¨ªtica militar (administraci¨®n de las Fuerzas Armadas, presupuestos de los Ej¨¦rcitos, sistemas de ascensos o servicio militar).La reforma de dicha ley org¨¢nica supuso que la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) se convirtiera en un ¨®rgano asesor del ministro de Defensa, cuando hasta entonces era el ¨®rgano colegiado superior de mando de las Fuerzas Armadas. Con la reforma de la ley, el mando real de los Ej¨¦rcitos lo ostenta el ministro de Defensa por delegaci¨®n del presidente del Gobierno.

Se estableci¨® as¨ª la supremac¨ªa del poder pol¨ªtico sobre el militar y qued¨® zanjada la tesis mantenida por un sector de las Fuerzas Armadas seg¨²n el cual el mando de los Ej¨¦rcitos lo ejerc¨ªa la Jujem y por encima de este ¨®rgano s¨®lo figuraba el Rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Medios financieros

La misma ley de reforma fij¨® las competencias del ministro de Defensa, entre las que figuran la formulaci¨®n de las pol¨ªticas de defensa y militar y la propuesta al Gobierno de los programas econ¨®micos y financieros para dotar de medios a los Ej¨¦rcitos, que hasta hace unos a?os manejaban y controlaban sus propios presupuestos.Paralelamente, la ley cre¨® la figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa como principal colaborador del ministro y cuyo primer objetivo es lograr que los tres Ej¨¦rcitos act¨²en de forma conjunta.

Los fines perseguidos con esta reforma fueron concretados con el posterior decreto de reestructuraci¨®n del Ministerio de Defensa -por el que los ¨®rganos de los Ej¨¦rcitos quedaron encuadrados y supeditados a los del departamento ministerial- y con la nueva legislaci¨®n, aprobada a comienzos de 1985, sobre los consejos superiores de los Ej¨¦rcitos, que quedan reducidos a ¨®rganos consultores, mientras las decisiones quedan en manos de los jefes de cada Ej¨¦rcito o del propio ministro.

Otra l¨ªnea pol¨ªtica encaminada a que las Fuerzas Armadas reduzcan su ¨¢mbito de actuaci¨®n al que les se?ala la Constituci¨®n estuvo centrado en la reforma de la justicia militar. El nuevo C¨®digo Penal Militar, que entr¨® en vigor el pasado 1 de junio, redujo la competencia de la jurisdicci¨®n militar a los delitos estrictamente castrenses, por lo que los relacionados con la seguridad del Estado -rebeli¨®n, traici¨®n, sedici¨®n o conspiraci¨®n- han pasado a la jurisdicci¨®n ordinaria.

Paralelamente, los capitanes generales dejar¨¢n de ser autoridades judiciales militares -su papel se limita al de mandos operativos- y se constituir¨¢n tribunales militares estables con la participaci¨®n de profesionales del derecho.

Las innovaciones legales citadas encajan en las "reformas paulatinas" a las que se refer¨ªa el programa electoral socialista de 1982, que fijaba tres objetivos b¨¢sicos: "Lograr una defensa nacionalcada d¨ªa m¨¢s aut¨®noma y m¨¢s independiente; conseguir unas Fuerzas Armadas con un alto grado de capacidad disuasoria, m¨¢s reducidas pero m¨¢s eficaces, mejor dotadas y m¨¢s operativas. Conseguir implicar al conjunto del pueblo espa?ol en la idea de la defensa nacional".

Con respecto al segundo objetivo, el programa socialista se propon¨ªa, entre otros objetivos, "transformar la actual organizaci¨®n territorial en un sentido m¨¢s operativo". La idea ya constaba en el plan de Modernizaci¨®n del Ej¨¦rcito de Tierra (Meta), iniciado en 1979, pero el Gobierno socialista comenz¨® a plasmarla con la reducci¨®n a seis de las antiguas nueve regiones militares y la conversi¨®n en 14 de las 25 brigadas operativas existentes.

Paralelamente, el nuevo despliegue de la fuerza, iniciado con la potenciaci¨®n del flanco sureste de la Pen¨ªnsula, supuso el comienzo de la desaparici¨®n de un Ej¨¦rcito ideado para ocupar el territorio y la creaci¨®n de uno nuevo estructurado para la defensa nacional frente a hipot¨¦ticas agresiones exteriores.

En conexi¨®n con estas iniciativas, el Gobierno promovi¨® nuevas leyes de plantillas para los tres Ej¨¦rcitos. En el caso de Tierra, supondr¨¢ en seis a?os la reducci¨®n a 35.000 de los 41.000 profesionales que hab¨ªa a finales de 1984. Los militares, gracias a la normativa derivada de esas leyes, pueden pasar voluntariamente a la situaci¨®n de reserva transitoria, conservando ¨ªntegros sus salarios, extremo que ha sido fuertemente criticado por otros sectores afectados por planes de reconversi¨®n.

Tambi¨¦n, en el terreno operativo, el Gobierno aprob¨® en 1985 el Plan General de la Defensa y el Plan Estrat¨¦gico Conjunto (PEC), en el que se recogen las hipot¨¦ticas amenazas para Espa?a y los medios adecuados para hacerles frente.

Vac¨ªos profesionales

Entre las decisiones que, de acuerdo con el programa electoral, tendr¨ªa que haber adoptado el Gobierno, ha habido varias que no se han producido, la mayor¨ªa relacionadas con el objetivo gen¨¦rico de elevar el nivel profesional de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de que sea el nivel profesional el concepto de mayor peso a la hora de seleccionar los ascensos o los destinos m¨¢s comprometidos. "Potenciar la plena profesionalizaci¨®n de los militares" era uno de los fines perseguidos en elprograma electoral de 1982.Sin embargo, el Ministro de Defensa no ha conseguido por ejemplo, reformar en profundidad la ense?anaza militar, y se ha limitado a variar ligeramente los programas de algunos cursos y a restringir la presencia de los profesores -todos ellos militares- a un m¨¢ximo de seis a?os.

Uno de los objetivos del programa socialista consist¨ªa en "reformar aspectos de la ense?anza militar, tanto b¨¢sica como de formaci¨®n superior, introduciendo los necesarios m¨¦todos, profesores y cursos complementarios para que la calidad t¨¦cnica de la ense?anza aumente y su contenido se adecue plenamente a los principios constitucionales y democr¨¢ticos".

El sistema de ascensos ha continuado basado en la antig¨¹edad de los militares, y s¨®lo en, los escalones superiores se han registrado ligeros cambios; -como la eliminaci¨®n de ternas para elegir a los nuevos generales- qu¨¦ han dado al Ejecutivo un mayor margen de maniobra al nombrar militares para los puestos de mayor responsabilidad. La norma aprobada en 1985. Para permitir que los miembros de la Jujem puedan continuar en sus cargos durante toda una legislatura, con independencia de la edad en la que les hubiera correspondido retirarse, tambi¨¦n fue una iniciativa positiva.

Pero, en este terreno, el objetivo incumplido y se?alado en el programa socialista iba m¨¢s lejos y consist¨ªa en "adoptar un sistema de provisi¨®n de destinos basado en la movilidad, en la transparencia y la clasificaci¨®n, de los mismos en virtud de sus exigencias profesionales". Las clasificaciones que realizan los mandos contin¨²an basadas en pasados informes en los que los ¨ªndices profesionales no eran los de mayor peso, y la antig¨¹edad sigue siendo un factor determinante hasta el. ascenso a coronel.

Sin conciencia nacional

Para conseguir el objetivo de "implicar al conjunto del pueblo en la idea de la defensa nacional", el programa socialista s¨®lo preve¨ªa una decisi¨®n parcial: "Se potenciar¨¢ el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) como instrumento de encuentro y comunicaci¨®n, entre la sociedad civil y el colectivo militar". Pol¨ªticos, historiadores, economistas y soci¨®logos han participado en diversos cursos realizados en el Ceseden, pero a la opini¨®n p¨²blica han trascendido muy pocos hechos o argumentos encaminados a la creaci¨®n de esa conciencia nacional de defensa. Pocos han sido los discursos institucionales de pol¨ªticos o militares que, en relaci¨®n con la defensa, no se hayan referido a esa conciencia nacional, pero en ninguno de ellos -ni siquiera en la campa?a del:refer¨¦ndum sobre la Alianza Atl¨¢ntica- se han debatido aspectos estrat¨¦gicos o programas militares que hicieran referencia a los hipot¨¦ticos peligros para la defensa nacional, ¨¢rea que todav¨ªa parece ser exclusiva del sector militar.En este sentido, y aunque el propio programa socialista hablaba de la necesidad de coordinar la pol¨ªtica de defensa "tanto con la pol¨ªtica exterior como con la pol¨ªtica interior general", en el propio Ministerio de Defensa se afirma que el resto de departamentos no han colaborado en la parte que les corresponde dentro del Plan General de Defensa. Al margen del propio programa electoral de 1982, el Gobierno socialista tiene pendiente una serie de compromisos morales, entre los que figuran adem¨¢s del de la UMD, la desaparici¨®n de s¨ªmbolog¨ªas ya superadas, corno el mantenimiento de la banda de la victoria en los uniformes Militares, la desaparici¨®n de las escalillas de Franco, Moscard¨® o Carrero Blanco, la b¨²squeda de una soluci¨®n m¨¢s equilibrada para los militares de la Rep¨²blica y la profunda reestructuraci¨®n de los servicios militares de informaci¨®n.