La pol¨ªtica de defensa

LOS CUATRO a?os de Gobierno socialista han supuesto algunos avances en el proceso iniciado por Gobiernos anteriores para lograr que el poder pol¨ªtico se imponga sobre las pretensiones castrenses de mantener una autonom¨ªa militar frente al Ejecutivo. Este objetivo, coincidente con la puesta en marcha de unos programas de modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas, en consonancia con la integraci¨®n en la OTAN, ha abierto v¨ªas de profesionalizaci¨®n en los ej¨¦rcitos que, en sus primeras fases, originaron el aislamiento de las principales corrientes golpistas. Con todo, este proceso no ha sido cumplido de manera decidida e inequ¨ªvoca por el Gobierno socialista: pese a lo que dec¨ªa su programa electoral y pese a las promesas reiteradas por el vicepresidente del Gobierno y el portavoz del Ejecutivo, los militares dem¨®cratas de la UMD siguen expulsados del Ej¨¦rcito. El partido y el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez no han osado desafiar al poder castrense en este punto simb¨®lico de la lucha por las libertades. Cuando se piensa que gracias, entre otras cosas, a la actividad de militares como los que fundaron la UMD, la monarqu¨ªa parlamentaria y democr¨¢tica es hoy realidad, aumentan los perfiles de la injusticia y la medrosidad gubernamental en tomo a este tema.La potenciaci¨®n de la industria militar y la proyecci¨®n exterior de la pol¨ªtica de defensa son los aspectos m¨¢s destacados de la acci¨®n del Gobierno en el ¨¢rea militar. Entre las asuntos pendientes, aparte la cuesti¨®n de la UMD, figura el hecho de que el Gobierno no haya reformado la ense?anza militar ni establecido un modelo ¨²nico de carrera militar.

La reforma m¨¢s importante fue la aprobaci¨®n de la ley org¨¢nica de la Defensa. Con ella, la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) pas¨® de ser la c¨²spide de la cadena de mando a constituirse en un ¨®rgano asesor y consultivo del ministro. La ley fija tambi¨¦n que el mando de las Fuerzas Armadas lo detenta el presidente del Gobierno y, por su delegaci¨®n, el titular de Defensa. La reforma de la justicia militar ha sentado el principio de que los tribunales castrenses s¨®lo son competentes ante delitos estrictamente militares. Los casos relacionados con la rebeli¨®n, como todos los delitos contra el Estado, han pasado a la jurisdicci¨®n civil. En el campo disciplinario, el cese de los capitanes generales Fernando Soteras y Manuel ?lvarez Zalba -tras hacer declaraciones cr¨ªticas para el Gobierno- o el abandono voluntario de la situaci¨®n activa en el Ej¨¦rcito del general Fernando Yrayzoz -por creer que le correspond¨ªa un ascenso que le negaron- pueden interpretarse como signos de una fortaleza gubernamental que brill¨® otras veces por su ausencia, como en el caso del capit¨¢n general de Valencia, Juan Bautista S¨¢nchez Bilbao, autor de unas pol¨¦micas declaraciones sobre los golpistas encarcelados, sin ning¨²n tipo de consecuencias.

El Gobierno puso en marcha programas de modernizaci¨®n para hacer m¨¢s operativas las Fuerzas Armadas espa?olas en el seno de la Alianza Atl¨¢ntica, en el que la presencia militar de nuestro pa¨ªs -a pesar de las promesas de no integraci¨®n- ha aumentado considerablemente durante la legislatura socialista. En el Ej¨¦rcito de Tierra, el plan META persigue la conversi¨®n de un Ej¨¦rcito desplegado en las ¨²ltimas d¨¦cadas para ocupar el territorio en unas fuerzas operativas, menos numerosas pero m¨¢s ¨¢giles, estructuradas y concebidas para la defensa real frente a hipot¨¦ticas amenazas exteriores. La reducci¨®n a seis de las antiguas nueve regiones militares, la potenciaci¨®n del dispositivo militar del sureste peninsular y la conversi¨®n en 14 de las anteriores 25 brigadas han sido los pasos m¨¢s concretos. Parelalemente, el Gobierno aprob¨® por primera vez en Espa?a un Plan General de la Defensa, del que se deriv¨® el segundo Plan Estrat¨¦gico Conjunto (PEC).

Las leyes de plantillas de los tres ej¨¦rcitos supondr¨¢n en los pr¨®ximos cinco a?os una importante reducci¨®n de efectivos. La pol¨ªtica de ascensos al generalato ha seguido apoy¨¢ndose, salvo raras excepciones, en la antig¨¹edad de los candidatos, y sujeta, hasta hace s¨®lo dos meses, a la terna que los consejos superiores de los ej¨¦rcitos propon¨ªan al Gobierno. De esta forma en los primeros meses de la legislatura fueron ascendidos militares sospechosos de estar involucrados en maniobras involucionistas. Haber sido un colaborador fiel de Guti¨¦rrez Mellado y Su¨¢rez parec¨ªa, en cualquier caso, garant¨ªa segura de no promoci¨®n con los socialistas.

La ley y el reglamento del Servicio Militar han racionalizado los sistemas de incorporaci¨®n a filas y reducido el tiempo de permanencia, pero no se han producido iniciativas orientadas a lograr un mejor aprovechamiento del tiempo por parte de los j¨®venes ni para garantizar sus derechos. Los abundantes accidentes militares y los casos de malos tratos a soldados por parte de algunos mandos han seguido figurando estos a?os en la cr¨®nica negra del Ej¨¦rcito.

La potenciaci¨®n de la industria militar y programas de adquisici¨®n de nuevo armamento -72 aviones F-18A y misiles antia¨¦reos y ampliaci¨®n del programa naval- entraron desde el principio en contradicci¨®n con las posiciones antiarmamentistas del PSOE antes de su llegada al poder. El impulso dado a la industria militar, con la consiguiente exportaci¨®n de armas a pa¨ªses en guerra y a dictaduras odiosas como la chilena, han merecido la censura de los sectores pacifistas que dieron su confianza a Gonz¨¢lez en los ¨²ltimos comicios.