Condenan a 'Cambio 16' a pagar 20 millones a un juez procesado por supuesto cohecho

El Juzgado n¨²mero 4 de Primera Instancia de Barcelona ha condenado al semanario Cambio 16 a indemnizar con 20 millones de pesetas a Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia, juez de primera instancia de Barcelona. En la sentencia se condena a la revista por unos art¨ªculos, publicados en mayo de 1983, que el juzgado ha considerado que constitu¨ªan una intromisi¨®n ileg¨ªtima en el honor, la propia imagen y la intimidad personal del juez. La persona cuya imagen se defiende, Garc¨ªa Lavernia, est¨¢ suspendido de sus funciones de juez por hallarse procesado por un presunto cohecho.

Los dos art¨ªculos se publicaron a ra¨ªz de la querella presentada en mayo de 1983 por el fiscal general del Estado en la que se acusaba a los magistrados Garc¨ªa Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, titulares de los juzgados n¨²meros 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, y al abogado Luis Lorenzo Penalva, de un supuesto delito de cohecho. En julio de 1984 el Tribunal Supremo acord¨® el procesamiento de los tres supuestos implicados en una maniobra que consist¨ªa en designar a amigos como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensi¨®n de pagos que se segu¨ªan en sus juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias.En lo publicado por Cambio 16 sobre los procesados por estos hechos se produjo una "intromisi¨®n ileg¨ªtima en el derecho a la imagen, al honor y a la intimidad". De acuerdo con la sentencia, el texto vulnera lo se?alado en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, en el que se establece que el derecho a informar tiene como l¨ªmite el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El fallo tambi¨¦n se refiere a las fotograf¨ªas que se publicaron, sosteniendo que fueron tomadas en lugares no p¨²blicos y de forma ilegal. Los dos reportajes son calificados por el juzgado como "sensacionalistas e insidiosos".

La sentencia afirma que el texto y las fotos desmerecen "ante los justiciables y los dem¨¢s, la consideraci¨®n que se debe tener de un magistrado. Lo publicado provoca, en opini¨®n del juzgado, un descredito entre los compa?eros de la carrera Judicial y ante el pueblo, "por lo que se pierde la confianza en su actuar profesional y en sus resoluciones". El fallo precisa que el procesamiento del magistrado s¨®lo implica la existencia de indicios de criminalidad, pero que "se debe presumir su inocencia hasta que no haya sentencia firma".

El juzgado impone el pago de 20 millones, se?alando que deben ser satisfechos conjuntamente por los autores de los reportajes, Rafael Cid y Jos¨¦ Diaz Herrera; el entonces director de Cambio 16, Jose Oneto; el entonces delegado de la revista en Catalu?a, Miguel Ramos; la impresora, Printer, y la editora, Informaci¨®n y Revista S.A.

Garcia Lavernia ha manifestado que pedir¨¢ la ejecuci¨®n inmediata de la sentencia, aunque exista recurso, y que en el caso de que no le abonen lo acordado solicitar¨¢ que se embarguen los bienes particulares de los condenados y de las sociedades implicadas.

Sumario no concluido

El sumario iniciado por el presunto cohecho no ha sido conclu¨ªdo todav¨ªa. En diciembre de 1985, a los tres procesados -los dos magistrados y el abogado- se les sumaron otros cinco profesionales del Derecho. Joaqu¨ªn Vidal, Juan Magr¨ª, Gloria Vi?als, Fernando S¨¢nchez y Pedro Norberto Truy¨¢s, fueron procesados por su supuesta participaci¨®n en el cohecho descubierto a raiz de una denuncia presentada en julio de 1982. El supuesto fraude se conoci¨® por una denuncia presentada por un ex empleado de un despacho de abogados. Posteriormente la Guardia Civil y polic¨ªa iniciaron tina investigaci¨®n.