El ministerio obliga a un centenar de colegios a devolver cantidades indebidamente cobradas
La Administraci¨®n ha dado un plazo de quince d¨ªas a los titulares de cerca de un centenar de colegios privados concertados para que subsanen las anomal¨ªas que los servicios de la inspecci¨®n t¨¦cnica han detectado en los mismos. La principal anomal¨ªa consiste en el cobro indebido de cantidades de dinero, generalmente en concepto de reserva de plaza. La prohibici¨®n expresa de dicho cobro es anterior a la vigente LODE, aunque se ha reforzado con la entrada en vigor de ¨¦sta, singularmente para los centros que han accedido al r¨¦gimen de concierto pleno con la Administraci¨®n, que debe comportar la gratuidad absoluta de la ense?anza.
Las actas de una inspecci¨®n realizada en 374 colegios concertados de EGB, bachillerato y formaci¨®n profesional de la provincia de Madrid reflejan que en 97 de ellos se han cobrado indebidamente cantidades distintas de dinero. En la mayor parte de los casos, la cantidad cobrada fue de 480 pesetas que es la que estaban autorizados a percibir de los padres los colegios que estaban subvencionados al 100% antes de acceder al r¨¦gimen de conciertos.
En otros se han cobrado cantidades mayores: desde 500 pesetas a 5.142. Esta ¨²ltima cantidad s¨®lo se cobr¨® en uno de los centros inspeccionados, y no por el concepto de reserva de plaza, sino por el de servicios complementarios relativos al curso pasado. El cobro de dichos servicios (pese al car¨¢cter voluntario que los mismos han de tener seg¨²n la legislaci¨®n vigente) les fue exigido a los padres bajo la amenaza expresa de perder la plaza para el curso pr¨®ximo. Al parecer, algunos de los titulares de los colegios obligaron a pagar a los padres la cuota correspondiente al primer mes del pr¨®ximo curso aun despu¨¦s de saber con certeza que el centro acceder¨ªa al r¨¦gimen de concierto pleno, lo que, en todo caso, habr¨ªa de significar la supresi¨®n de dicha cuota mensual.
Gastos sin justificar
Un colegio situado en el barrio de La Elipa (cuyo titular mantiene desde hace tiempo constantes enfrentamientos con un sector de la asociaci¨®n de padres de alumnos, precisamente por cuestiones de car¨¢cter econ¨®mico casi siempre) exigi¨® 5.000 pesetas a las familias en el momento de solicitar plaza para el curso 1986-1987. La negativa de algunos padres a pagar ha impedido el acceso de sus hijos al centro. Al propietario de este mismo centro la Administraci¨®n le exige la devoluci¨®n de 1.068.670 pesetas correspondientes a subvenciones percibidas, y no justificadas, relativas al curso pasado y a gastos de personal.En otro centro, dependiente de una orden religiosa, la inspecci¨®n ha detectado que la cuota abonada por los padres en concepto de servicios asistenciales (gabinete psicopedag¨®gico, seguro escolar y reconocimiento m¨¦dico) alcanza en un a?o la cantidad de 12.105.000 de pesetas, pero el coste de estos mismos servicios declarados por el colegio a la Direcci¨®n Provincial es de 5.980.800 pesetas. Existe, pues, una diferencia de 6.124.200 sobre el coste real de los servicios sin justificar.
La percepci¨®n de cantidades por actividades complementarias o servicios no autorizados y la infracci¨®n de las normas sobre admisi¨®n de alumnos son algunas de las causas de incumplimiento del concierto pormenorizadas en el art¨ªculos 62 de la LODE. Dicho art¨ªculo prev¨¦ la rescisi¨®n del concierto en el caso de que el oportuno expediente confirme ¨¢nimo de lucro en dichas causas.
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