La batalla de las lenguas

LAS SENTENCIAS del Tribunal Constitucional sobre tres recursos del Gobierno acerca de las leyes de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica de los Parlamentos catal¨¢n, vasco y gallego significan un paso trascendente en la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas.El criterio seguido por los magistrados para aceptar determinados recursos y rechazar otros ha sido el que marca el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n. ?sta establece de forma bien clara que las lenguas de las comunidades aut¨®nomas son objeto de protecci¨®n y de derechos, pero no de obligaciones por parte de los ciudadanos. As¨ª que el art¨ªculo primero de la ley del Parlamento gallego, que situaba en pie de absoluta igualdad la lengua vern¨¢cula y la castellana (hace referencia al deber de los gallegos de conocer su lengua), ha sido declarado inconstitucional. Igualmente, el art¨ªculo 8.3 de la ley vasca, que contempla la posibilidad de que la Administraci¨®n aut¨®noma utilice en exclusiva el vascuence en determinadas situaciones es tambi¨¦n declarado inconstitucional, ya que afecta a una discriminaci¨®n del castellano. La prioridad de ¨¦ste es reconocida de manera expl¨ªcita por la sentencia, cuando dice: "... s¨®lo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con ¨¦l, la presunci¨®n de que todos los espa?oles lo conocen". Es decir, que si es un derecho de catalanes, gallegos y vascos el conocer y usar sus respectivas lenguas y un deber del Estado el protegerlas, s¨®lo el castellano es de obligatorio y presumible conocimiento por parte de todos los espa?oles.

La actitud de los magistrados responde al intento de llegar a una situaci¨®n de biling¨¹ismo lo m¨¢s perfecta posible all¨ª donde coexisten dos lenguas oficiales. Se rechaza todo tipo de norma que obligue al ciudadano a aprender una lengua que no sea el castellano y se declaran inconstitucionales las leyes que tiendan a implantar, aunque sea parcialmente, el monoling¨¹ismo. En este sentido, la sentencia clarifica el estatuto de co-oficialidad de las lenguas en las tres comunidades aut¨®nomas de referencia, y aporta al respecto matices novedosos e interesantes. En primer lugar, se establece, en la sentencia sobre la ley vasca, que la co-oficialidad afecta no s¨®lo a las Administraciones aut¨®nomas, sino a todos los poderes p¨²blicos, incluidos los centrales, radicados territorialmente en cada comunidad. Ello lleva directamente a la exigencia de aplicaci¨®n de la co-oficialidad en las fuerzas armadas y en sus relaciones con los ciudadanos. En segundo lugar, en otro de los fundamentos jur¨ªdicos se apunta la necesidad de poner fin a la situaci¨®n de hecho que atribuye a la Administraci¨®n central la protecci¨®n de los derechos ling¨¹¨ªst¨ªcos relacionados con el castellano, y a las Administraciones auton¨®micas, iguales facultades para la protecci¨®n de sus lenguas aut¨®ctonas. La sentencia declara que tanto el Estado como las comunidades aut¨®nomas deben garantizar y proteger el uso de ambas en cada comunidad. En tercer lugar, se reconoce que los poderes p¨²blicos de las autonom¨ªas pueden establecer principios de prioridad ling¨¹¨ªstica en el reclutamiento de funcionarios adscritos a cada una de las comunidades.

La construcci¨®n de un Estado democr¨¢tico y descentralizado, en el que se reconocen la pluralidad y la diversidad ling¨¹¨ªstica y cultural, no es f¨¢cil ni ser¨¢ r¨¢pida. Tras 40 a?os de dictadura y varios siglos de mentalidad uniformadora, no se puede esperar que, de la noche a la ma?ana, llegue fluidamente el consenso y la normalizaci¨®n. Las sentencias que comentamos constituyen un paso capital a la hora de evitar dramatismos y tensiones y de potenciar la riqueza ling¨¹¨ªstica de Espa?a.