Bur¨®n estudia querellarse contra tres magistrados de la Audiencia Provincial

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, estudia desde hace varios d¨ªas si presenta una querella contra los tres magistrados de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial y el personal a sus ¨®rdenes por su presunta implicaci¨®n en un delito de detenci¨®n ilegal, supuestamente cometido al no haber puesto en libertad a varias personas, detenidas preventivamente y para las que el fiscal hab¨ªa solicitado la libertad.

En alg¨²n caso, el detenido pas¨® m¨¢s tiempo en prisi¨®n preventiva que la pena solicitada por la acusaci¨®n, y en varios casos se han rebasado los plazos m¨¢ximos que establece la ley. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene abiertas diligencias informativas sobre el caso y el pr¨®ximo jueves la comisi¨®n disciplinaria decidir¨¢ sobre ello.Los hechos fueron descubiertos el pasado 5 de junio por la fiscal¨ªa de la Audiencia de Madrid, cuando reclam¨® varias causas criminales que se tramitan en la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Faustino Mollinedo, de 67 a?os. El fiscal comprob¨® que en varios sumarios los detenidos hab¨ªan superado los plazos m¨¢ximos de prisi¨®n preventiva que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal, as¨ª como otras situaciones irregulares especialmente llamativas.

Se da la circunstancia de que uno de los detenidos para quien el fiscal pidi¨® la libertad, y que fue acordada por el tribunal en octubre de 1985, no sali¨® de la c¨¢rcel hasta este mes, es decir, ocho meses despu¨¦s, porque no se envi¨® a la prisi¨®n el telegrama que informaba sobre la puesta en libertad.

Otro detenido, para quien el fiscal pide un a?o de c¨¢rcel, ha superado con creces ese tiempo en prisi¨®n preventiva, es decir, ha permanecido m¨¢s tiempo en prisi¨®n del que habr¨ªa tenido que pasar si le condenaran a la pena m¨¢s grave que se pide para ¨¦l.

Fuentes judiciales han se?alado que hay una decena de causas con presos preventivos en las que se han descubierto irregularidades, principalmente de detenidos que tendr¨ªan que haber sido puestos en libertad y que han pasado generalmente entre cuatro y seis meses de m¨¢s en prisi¨®n. Otras fuentes han se?alado que los sumarios con irregularidades son alrededor de 80, aunque en muchos de ellos no hay presos preventivos.

Las causas en las que han sido descubiertas las irregularidades fueron instruidas en su gran mayor¨ªa por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Madrid, que las remiti¨® a la Secci¨®n Segunda con celeridad, pero all¨ª quedaron atascadas.

La fiscal¨ªa de Madrid, con los datos recabados, elabor¨® un informe que elev¨® al fiscal general del Estado y a la presidencia de la Audiencia Territorial de Madrid, y que ha sido remitido por sus titulares, Luis Bur¨®n y Clemente Auger, cada uno por su lado, al Consejo General del Poder Judicial. De esta forma se ha cubierto la posibilidad de acceder a las v¨ªas penal y disciplinaria contra los responsables de los hechos.

Preocupaci¨®n y malestar

Luis Bur¨®n, que ayer despach¨® sobre el caso con el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Fernando Jim¨¦nez Lablanca, estudia la presentaci¨®n de una querella, aunque previsiblemente esperar¨¢ a que el CGPJ se pronuncie. La querella estar¨ªa dirigida contra los magistrados de la Secci¨®n Segunda (los ponentes de cada causa) y contra todo aquel personal auxiliar (secretario, oficiales, etc¨¦tera) que resulte responsable de los hechos Tambi¨¦n pueden figurar en la querella los abogados de los de tenidos o incluso alg¨²n fiscal que no realiz¨® convenientemente el seguimiento de sus peticiones de libertad. El Consejo recibi¨® la documentaci¨®n sobre el caso el pasa do d¨ªa 20, e inmediatamente encomend¨® al servicio de inspecci¨®n la apertura de diligencias informativas. Dentro de estas diligencias se han pedido informes a la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial. Una vez cumplimentados y en uni¨®n de toda la documentaci¨®n existente ser¨¢n trasladados a la comisi¨®n disciplinaria del alto organismo, que estudiar¨¢ el caso en su pr¨®xima reuni¨®n, el jueves d¨ªa 3.Fuentes jur¨ªdicas informaron que muy probablemente la comisi¨®n disciplinaria adoptar¨¢ una resoluci¨®n. Entre las posibilidades de la comisi¨®n figura que se contin¨²e con la tramitaci¨®n de las diligencias informativas, que se acuerde convertir el caso en un expediente disciplinario y/ o que se inste al fiscal del Estado para que inicie la persecuci¨®n de los hechos por la v¨ªa penal.

En las altas instancias de la judicatura, el caso ha causado malestar, fundamentalmente porque consideran que se ha producido un abandono en la citada secci¨®n de la Audiencia que es lo que ha provocado las fuertes demoras, pero al mismo tiempo se valora como una atenuante la escasez de medios con que se mueven los tribunales espa?oles.

En fuentes de la magistratura existe gran inter¨¦s en puntualizar que no se trata de un supuesto similar al de los jueces Jaime Rodr¨ªguez Hermida y Ricardo Var¨®n Cobos. En este caso, no ha existido un inter¨¦s econ¨®mico ni de otro tipo; se trata de abandono o desidia, aunque, a?adieron, no hay justificaci¨®n para ese comportamiento.