Qui¨¦n decide en Europa

EL ACUERDO alcanzado en Bruselas sobre el presupuesto de la CE para el presente a?o cierra un episodio de gran trascendencia para el futuro de la organizaci¨®n. Bajo la apariencia de una discusi¨®n sobre las cifras, de lo que se trata es de la separaci¨®n de poderes dentro de la Comunidad. Al mismo tiempo se ha puesto a prueba la escasa capacidad de reacci¨®n espa?ola frente a los problemas que la integraci¨®n europea supone.Hace unos meses, el Parlamento Europeo increment¨¢ los gastos del presupuesto, remitido por el Consejo de Ministros, en una cantidad relativamente reducida (600 millones de ECU sobre un total de 34.000) y destinada esencialmente a los fondos sociales. La inclusi¨®n de esta partida de gastos habr¨ªa permitido equilibrar las aportaciones de los nuevos pa¨ªses miembros -Espa?a y Portugal- y evitar que se convirtieran en contribuyentes netos a la CE (es decir, que pagaran m¨¢s de lo que reciben).

Al modificar el Parlamento unilateralmente el presupuesto remitido por el Consejo de Ministros, se plante¨® una discusi¨®n sobre a qui¨¦n correspond¨ªa la primac¨ªa de la decisi¨®n. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en funciones de Tribunal Constitucional de la Comunidad, declin¨® dar la raz¨®n a una de las partes, conmin¨¢ndolas a lograr un acuerdo. De esta manera, el tribunal respetaba el esp¨ªritu del Tratado de Roma, que establec¨ªa la conveniencia de que los distintos ¨®rganos de la CE, mediante negociaci¨®n y consenso, asumieran plenamente sus respectivas responsabilidades sin intentar evacuarlas hacia otras instancias.

La lecci¨®n ha surtido efecto. A partir de la sentencia de Luxemburgo, el Consejo de Ministros se ha apresurado a revisar al alza el presupuesto presentado hace unos meses. Y lo ha hecho con tan aparente buena voluntad que incluso ha rebasado la cifra de gastos que solicitaba el Parlamento. A ello ha contribuido la depreciaci¨®n del d¨®lar, que obliga a un fuerte incremento en los subsidios a la exportaci¨®n. En cuanto a los 600 millones de ECU que motivaron el desacuerdo, el Consejo ha recorrido un cierto trecho, y al final las diferencias se estrecharon hasta unas decenas de millones. En estas condiciones es l¨®gico que el Parlamento haya aceptado las nuevas propuestas para no cargar con la responsabilidad de una eventual ruptura. El resultado de todo ello es que en el futuro el Consejo de Ministros de la CE deber¨¢ contar m¨¢s con la opini¨®n de los parlamentarios a la hora de elaborar el presupuesto. Pol¨ªticamente, esta pr¨¢ctica ser¨¢ ventajosa para el equilibrio de poderes. Econ¨®micamente, lo m¨¢s probable es que constituya un factor adicional de gasto.

El Gobierno espa?ol se ha esforzado por evitar que nuestro pa¨ªs pague a la CE m¨¢s de lo que recibe de ella. Nuestra renta por habitante es inferior a la del promedio de la Comunidad, y no parece una sana pol¨ªtica que los pobres subvencionen a los ricos. El problema es complejo, puesto que nuestra contribuci¨®n consiste en un porcentaje sobre impuestos recaudados, mientras que las ayudas de la Comunidad dependen, adem¨¢s de la disponibilidad de fondos, de la capacidad de las regiones menos desarrolladas para dise?ar proyectos susceptibles de recibir los recursos de los fondos estructurales de la CE. En el caso espa?ol, estos proyectos existen y han sido enviados a Bruselas, pero la Comunidad afirma que no ha podido examinarlos por falta de funcionarios espa?oles en el secretariado de la organizaci¨®n.

De momento, el acuerdo alcanzado con la comisi¨®n consiste en que ¨¦sta adelantar¨¢ el 50% de los fondos de los programas de ayuda en el presente a?o. Con ello y algunas otras medidas del mismo tenor, la Administraci¨®n piensa que podr¨¢n equilibrarse los flujos de dinero entre la Comunidad y Espa?a. Pero tal valoraci¨®n es discutida por la patronal (CEOE), que estima que Espa?a pagar¨¢ a Bruselas en 1986 entre 20.000 y 60.000 millones de pesetas m¨¢s de lo que reciba.

No cabe duda de que es preciso reforzar nuestra presencia en la capital comunitaria. Es absurdo que por falta de la designaci¨®n de los funcionarios espa?oles all¨ª nuestros intereses no est¨¦n suficientemente representados y defendidos. Es verdad que los funcionarios de la comisi¨®n representan a la Comunidad y no a los pa¨ªses que los designan, pero constituyen un s¨®lido v¨ªnculo de uni¨®n entre la Comunidad y el pa¨ªs de origen. Tampoco en el plano interior se est¨¢n llevando a cabo los esfuerzos que la integraci¨®n requiere. Los recursos con que cuenta la Secretar¨ªa de Estado para las Relaciones con la CE son extremadamente limitados, y los empresarios se quejan con raz¨®n del poco apoyo oficial que encuentran sus reivindicaciones ante la Comunidad. El problema presupuestario de estos ¨²ltimos d¨ªas debe hacer meditar al Gobierno. Con la integraci¨®n ha comenzado un proceso de negociaci¨®n permanente en Bruselas, y esto constituye en s¨ª mismo uno de los rasgos distintivos de la construcci¨®n de Europa. M¨¢s que el final de un proceso, el primero de enero de este a?o no fue sino el comienzo de una larga etapa. En definitiva, en la actitud de Felipe Gonz¨¢lez ante estas cuestiones es donde va a descubrirse la realidad de su voluntad modernizadora.