Una tortura m¨¢s

EL FALSO fusilamiento de un joven por agentes de la Guardia Municipal de I'Hospitalet, si se confirman los hechos tal como han sido denunciados, es un caso claro de tortura, y de los m¨¢s graves. No basta con la suspensi¨®n de empleo y sueldo de los presuntos culpables en tanto dura el expediente municipal que se les ha abierto: salvada la presunci¨®n de inocencia, nos encontramos ante una cuesti¨®n de delito p¨²blico, con sus agravantes -la autoridad, el n¨²mero de los participantes, etc¨¦tera-, en la que han de intervenir la fiscal¨ªa y el poder judicial so pena de delinquir tambi¨¦n ellos. No se trata, por lo dem¨¢s, de un caso ¨²nico: no es distinto al de esos tres guardias civiles que amenazaron, pistola en mano, con aplicar la tristemente c¨¦lebre ley de fugas a un supuesto delincuente antes y despu¨¦s de golpearlo; han sido condenados a seis a?os y un d¨ªa y a otras penas accesorias por la Audiencia de Bilbao.La guardia urbana de las ciudades ha sufrido en los ¨²ltimos a?os una reconversi¨®n notable desde que sus integrantes intentaban no llevar ni siquiera armas y alegaban la funci¨®n de orden ciudadano que se les encomendaba hasta ahora, en que han sido incrementados por unos cuerpos especiales de acci¨®n directa a partir de la iniciativa que tom¨® en Madrid el entonces concejal Barrionuevo.

No parece de ninguna manera in¨²til que las calles de las ciudades est¨¦n vigiladas, e incluso ser¨ªa de desear que lo estuviesen m¨¢s, pero hay que preguntarse por la preparaci¨®n profesional y moral de estos cuerpos y vigilar para que no se conviertan en una partida de matones.

Ni ¨¦ste ni ning¨²n otro cuerpo de polic¨ªa, y mucho menos los militares -una de cuyas patrullas realiz¨® ya un fusilamiento simulado durante unas maniobras-, pueden transformar su misi¨®n de vigilancia, prevenci¨®n y castigo de la delincuencia en maneras de despotismo, abusos de autoridad y, como se ve en los casos citados, hasta en tortura. La necesidad de reprimir todos estos abusos viene creando una especie de tensi¨®n entre las diversas polic¨ªas y el poder judicial y las autoridades civiles, que est¨¢n obligadas a evitarlos. Es m¨¢s grave el que en estas autoridades civiles est¨¦ apareciendo una especie de miedo a enfrentarse con los excesos de los cuerpos armados por no exponerse a una respuesta de abandono.

No se trata de restar fuerza a quienes tienen la arriesgada y dif¨ªcil misi¨®n de mantener la seguridad ciudadana, sino de seleccionar a sus componentes, darles un sentido de responsabilidad, ense?arles a saber cu¨¢les son los l¨ªmites. La tortura es un delito repugnante, y asombra ver la pasividad del ministerio p¨²blico ante las denuncias hechas por el joven delincuente de Hospitalet. Las condiciones odiosas en que se ha producido el hecho, que mezcla a un grupo suficiente de guardias como para comprometer al cuerpo entero, y con una premeditaci¨®n que parece clara -el petardo que lanzaron a los pies del infeliz para fingir hasta el ¨²ltimo punto el fusilamiento-, muestran la clase de depravaci¨®n a la que puede llegarse cuando se pierden los l¨ªmites. El miedo de la v¨ªctima a denunciar el caso y su actual retraimiento en las declaraciones para evitar una posible venganza de los implicados o de sus compa?eros muestran la existencia de una forma de terror establecido. Ante todo esto, el silencio ominoso de las autoridades, los intentos de reducir la cuesti¨®n a un caso municipal, la insensibilidad del Gobierno de la Generalitat y del central, el mutismo de los parlamentarios..., conviene preguntarse sobre qu¨¦ clase de sociedad civil y qu¨¦ tipo de sociedad pol¨ªtica persiguen nuestros gobernantes.