La televisi¨®n francesa tendr¨¢ dos canales p¨²blicos, tres privados y uno semip¨²blico, seg¨²n la nueva ley
La televisi¨®n contar¨¢ en Francia con dos canales p¨²blicos, tres privados y uno semip¨²blico, seg¨²n la nueva ley de comunicaciones aprobada definitivamente por el Parlamento en la madrugada de ayer. La ley, una de las m¨¢s pol¨¦micas del Gobierno de Jacques Chirac, ser¨¢ revisada, a petici¨®n de los socialistas, por el Consejo Constitucional, que puede modificar algunos extremos pero que probablemente no alterar¨¢ las grandes l¨ªneas. La pol¨¦mica sobre este cambio profundo del paisaje audiovisual, prometido por Chirac en la campa?a electoral, ha afectado tanto a la oposici¨®n como a los partidos en el poder.
En total se presentaron en las dos c¨¢maras (Asamblea y Senado), m¨¢s de 2.000 enmiendas. Despu¨¦s de 200 horas de debate, el primer ministro opt¨® por "comprometer su responsabilidad", f¨®rmula constitucional que le autoriza a exigir que no se vote art¨ªculo por art¨ªculo sino sobre el conjunto de la ley.El nuevo texto legislativo fue prepardo y defendido por Fran?ois Leotard -ministro de Cultura y Comunicaciones y jefe de filas del sector neoliberal del Gobierno-, quien mantuvo un pulso con algunos diputados y senadores de su propio grupo. La nueva ley configura dos canales p¨²blicos (Antenne 2 y FR-3) -hasta ahora hab¨ªa tres-, tres privados (TF-1, la 5 y la 6) -antes eran dos- y uno semip¨²blico (Canal Plus, que se recibe mediante suscripci¨®n y en el que hay capital privado y estatal). Las novedades im¨¢s importantes pueden resumirse asi:
Privatizaci¨®n de TF-1: el Estado vender¨¢ el 100%, de sus acciones. El 50% ser¨¢ atribuido a un operador, es decir, a una sociedad o grupo que se encargar¨¢ de su gesti¨®n. El 40% podr¨¢ ser adquirido directamente por el p¨²blico, con un techo por persona de 360.000 francos (unos siete millones de pesetas). El 10% restante ser¨¢ ofrecido a los actuales empleados de TF-1, con una rebaja del 20% sobre el precio real.
Comisi¨®n Nacional de Comunicaciones y Libertades: Este nuevo organismo independiente ser¨¢ el encargado de conceder y controlar las frecuencias de radio y televisi¨®n, as¨ª como de vigilar el respeto del pluralismo ideol¨®gico. Estar¨¢ integrado por 13 miembros, con mandato por nueve a?os y no renovable. Ser¨¢n nombrados por el presidente de la Rep¨²blica (dos), los presidentes de la Asamblea y del Senado (dos y dos) y por el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Corte de Casaci¨®n y Academia francesa (uno cada uno). Los diez miembros as¨ª elegidos cooptar¨¢n otros tres de entre reconocidas personalidades de la Prensa y de la creaci¨®n audiovisual.
Sector p¨²blico: Integrado por Antenne 2, FR-3, Radio France, RFO y Radio France Internacional. Los presidentes ser¨¢n nombrados libremente por la comisi¨®n nacional, salvo el de Radio France Internacional, que tendr¨¢ que ser elegido de entre una terna propuesta por el Gobierno.
Financiaci¨®n: Se suprime el impuesto sobre los aparatos de v¨ªdeo. Las cadenas p¨²blicas de televisi¨®n podr¨¢n seguir emitiendo publicidad, pero sus ingresos totales por ese concepto en 1988 y en 1989 no podr¨¢n ser superiores a los que obtengan en 1987.
Concentraci¨®n: Un extranjero no podr¨¢ controlar m¨¢s del 20% del capital de un grupo operador. Una misma persona tampoco podr¨¢ controlar, directa o indirectamente, m¨¢s del 25% del capital de dicho grupo ni participar en operadores distintos.
Publicidad: Los canales privados podr¨¢n interrumpir las pel¨ªculas para introducir publicidad, sin tope alguno de duraci¨®n. El Senado hab¨ªa pedido que el espacio publicitario no superara el 5% de la duraci¨®n total del programa, pero Leotard lo modific¨® en el ¨²ltimo minuto. En principio habr¨¢ una sola interrupci¨®n por programa, pero esa norma puede ser modificada por la Comisi¨®n Nacional. Los canales p¨²blicos no podr¨¢n interrumpir la emisi¨®n de sus programas.
Sector privado: La Comisi¨®n Nacional, adem¨¢s de supervisar la privatizaci¨®n de TF-1, otorgar¨¢ de nuevo las concesiones de la 5 y la 6, dos canales privados que fueron creados por el Gobierno socialista pocas semanas antes de perder las elecciones y que volver¨¢n a fin de a?o a manos del Estado, en virtud de un decreto ley. Los actuales propietarios, entre ellos el italiano Silvio Berlusconi, reclaman una indemnizaci¨®n o formar parte del grupo que logre la concesi¨®n.
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