Fuera la verja

LA DECISI?N brit¨¢nica, anunciada el pasado d¨ªa 3 1, de suprimir la Guardia Real -en realidad, un peque?o ret¨¦n de car¨¢cter meramente simb¨®lico- de la frontera de Gibraltar ha suscitado cierta emoci¨®n entre los habitantes de la colonia. Esa emoci¨®n, expresada en airadas protestas de sus dirigentes pol¨ªticos, ha aumentado de tono al revelar el primer ministro gibraltare?o, Josua Hassan, la existencia desde hace meses de conversaciones entre los Gobiernos de Espa?a y el Reino Unido orientadas al eventual desmantelamiento de la verja fronteriza, abierta en febrero de 1985, tras 16 a?os de permanecer clausurada por decisi¨®n de las autoridades espa?olas. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado la existencia de esas conversaciones, manifestando que, de llegarse a un acuerdo, la eliminaci¨®n definitiva de la verja -que actualmente se abre cada ma?ana, cerr¨¢ndose a medianoche- ser¨ªa considerada "un gesto interesante, por lo que tiene de valor simb¨®lico de la actitud brit¨¢nica en relaci¨®n a las negociaciones".El problema de Gibraltar es de dif¨ªcil soluci¨®n en la medida en que a la l¨®gica aspiraci¨®n espa?ola a recuperar su integridad territorial se oponen los respetables deseos de los actuales habitantes de la Roca de mantener su ciudadan¨ªa brit¨¢nica. En un conflicto de esa naturaleza, dif¨ªcilmente se llegar¨¢ a una soluci¨®n razonable sobre la base de ignorar totalmente el punto de vista de la otra parte. De ah¨ª la actitud actual de Espa?a y el Reino Unido, auspiciada. expresamente por las Naciones Unidas, de impulsar aquellas iniciativas que favorezcan el hallazgo de salidas negociadas, con renuncia a cualquier f¨®rmula que interfiera esa v¨ªa. En la pr¨¢ctica, aceptar el camino de la negociaci¨®n pol¨ªtica y diplom¨¢tica significa dar por sentado que la soluci¨®n no satisfar¨¢ totalmente las aspiraciones de ninguna de las dos partes, pero que ninguna de ellas quedar¨¢ totalmente desairada.

Existe un problema real, de dif¨ªcil soluci¨®n y con implicaciones complejas, que no desaparecer¨¢n simplemente con gritar m¨¢s fuerte. Porque s¨®lo desde la ingenuidad o la irresponsabilidad puede hoy olvidarse que, al margen de las valoraciones, ciertamente discutibles, que el hecho merezca, la resoluci¨®n del contencioso de Gibraltar est¨¢ en la pr¨¢ctica directamente relacionada con la soluci¨®n que alg¨²n d¨ªa habr¨¢ de hallarse al conflicto derivado de la reivindicaci¨®n marroqu¨ª sobre las ciudades de Ceuta. y Melilla.

Durante muchos a?os se pretendi¨® ignorar esas implicaciones a la vez que se trataba de convencer a la poblaci¨®n espa?ola de que el de Gibraltar era el principal problema de la pol¨ªtica exterior espa?ola, cuando no el ¨²nico problema de los espa?oles. La realidad es que, por m¨¢s que la recuperaci¨®n de la integridad territorial siga siendo una aspiraci¨®n un¨¢nime de los ciudadanos de este pa¨ªs, se trata de un problema que ocupa un modesto lugar entre las preocupaciones actuales de los espa?oles, y seguramente a¨²n m¨¢s modesto entre las inquietudes de los s¨²bditos de Isabel II.

El haber aceptado esa realidad sin aspavientos ha permitido, en aparente paradoja, mejorar la posici¨®n negociadora de Espa?a, aunque s¨®lo fuera porque ha dejado sin sentido la sim¨¦trica actitud intolerante, casi resistencial, adoptada durante d¨¦cadas por sucesivos Gobiernos brit¨¢nicos. El desbloqueo que supuso el acuerdo de Bruselas negociado entre Fernando Mor¨¢n y sir Geoffrey Howe, los efectos positivos -en orden a favorecer la ¨®smosis natural entre la poblaci¨®n gibraltare?a y la de su ¨¢rea m¨¢s pr¨®xima- que se derivaron de la reapertura de la verja, las ¨²ltimas concesiones, de car¨¢cter simb¨®lico, de las autoridades brit¨¢nicas, son otras tantas pruebas de esa mejora de posiciones.

Es en este contexto en el que cabe considerar la reciente propuesta lanzada desde las p¨¢ginas editoriales del prestigioso semanario brit¨¢nico The Economist sobre una eventual andorrizaci¨®n de Gibraltar. En s¨ªntesis, la revista londinense ven¨ªa a sugerir la posibilidad de ensayar una f¨®rmula de soberan¨ªa compartida entre el Reino Unido y Espa?a sobre la base de un acuerdo entre las respectivas casas reales. ?stas, de mutuo acuerdo, designar¨ªan gobernador general a uno de los pr¨ªncipes, no necesariamente el heredero de la Corona, de uno de los dos pa¨ªses, con el compromiso de que la sucesi¨®n fuese alternativa, de tal modo que a un pr¨ªncipe brit¨¢nico no le suceder¨ªa su heredero, sino un pr¨ªncipe espa?ol, y as¨ª sucesivamente. Tal soluci¨®n no implicar¨ªa cambios en la forma pr¨¢ctica de gobierno de la actual colonia brit¨¢nica, que conservar¨ªa su actual Parlamento y dem¨¢s instituciones representativas.

Si se prescinde de los detalles, que habr¨ªan de ser considerados con m¨¢s detenimiento, la propuesta podr¨ªa resultar menos decabellada de lo que parece a simple vista. Por una parte, abre paso a alternativas basadas en el principio de la soberan¨ªa compartida, obviando as¨ª, de momento, la cuesti¨®n que durante cerca de 300 a?os ha impedido resolver el problema. Pero, por otra, se deja la ¨²ltima palabra al veredicto del tiempo, admiti¨¦ndose impl¨ªcitamente la hip¨®tesis de que, en las condiciones concretas de Gibraltar -tan distintas, por lo dem¨¢s, a las de Ceuta y Melilla-, la convivencia de los habitantes del Pe?¨®n con los de su entorno humano y geogr¨¢fico, ya sin los recelos del pasado y tras un per¨ªodo m¨¢s o menos largo de vinculaci¨®n a Espa?a mediante la f¨®rmula intermedia propuesta, no podr¨¢ traducirse sino en una paulatina integraci¨®n, por ¨®smosis natural, pero tambi¨¦n por intereses pr¨¢cticos, en la estructura pol¨ªtica de Espa?a.

En todo caso, la sugerencia de The Economist no deja de ser un s¨ªntoma de un significativo cambio en la opini¨®n brit¨¢nica sobre la cuesti¨®n, reflejo, a su vez, de la quiebra que para lo fundamental de su argumentaci¨®n durante d¨¦cadas ha supuesto la instauraci¨®n en Espa?a de un r¨¦gimen de libertades y su plena integraci¨®n en las estructuras econ¨®micas, pol¨ªticas y de defensa de la Europa comunitaria.