El yerro negociador

De todas las palabras que componen la terminolog¨ªa pol¨ªtica del momento, acaso el concepto negociaci¨®n sea el de uso m¨¢s abstracto e indefinido. A veces, en efecto, cuando se habla de negociaci¨®n con los terroristas no se explica a la opini¨®n p¨²blica cu¨¢les son los l¨ªmites de la misma. Es decir, qu¨¦ se puede negociar, qui¨¦nes deben ser los interlocutores y en qu¨¦ condiciones debe producirse la negociaci¨®n.Se produce as¨ª una cierta algarab¨ªa, en la que se confunde la oferta de di¨¢logo hecha por el ministro del Interior en agosto de 1984, la negociaci¨®n con el Ej¨¦rcito a que aspiran los etarras y un difuso campo intermedio en el que el Gobierno aceptar¨ªa a ETA como interlocutor pol¨ªtico para regatear, con ellos o con sus representantes, cuestiones que afectan a nuestro marco jur¨ªdico-pol¨ªtico. Hagamos, pues, algunas precisiones.

Hay que se?alar que la negociaci¨®n pol¨ªtica no es una iniciativa de las fuerzas democr¨¢ticas, sino un objetivo estrat¨¦gico, aunque coyuntural, de los terroristas. ?Qui¨¦n no recuerda en Euskadi el eslogan "la aminist¨ªa no se negocia", que sus simpatizantes coreaban sin cesar en los primeros tiempos de la transici¨®n?

Ser¨¢ bueno recordar en este punto que la aprobaci¨®n de la amnist¨ªa por los representantes del pueblo espa?ol en 1977 -con el voto en contra del ¨²nico diputado que representaba en el Congreso los intereses pol¨ªticos de ETA y sus simpatizantes- vaci¨® las c¨¢rceles de etarras y marc¨® el inicio de la etapa m¨¢s sangrienta en la ya larga existencia de la organizaci¨®n terrorista. ETA ha asesinado desde entonces a 454 personas, frente a las 69 v¨ªctimas que hasta la fecha ten¨ªa en su macabra contabilidad. En este mismo per¨ªodo, Euskadi alcanz¨® las cotas de autogobierno m¨¢s altas de su historia. Hoy siguen matando para exigir la negociaci¨®n.

La l¨ªnea argumental de los partidarios de negociar pol¨ªticamente es, m¨¢s o menos, la siguiente: "Hay un problema vasco que viene de lejos y que tiene su expresi¨®n en la violencia etarra y en el hecho de que Euskadi rechaz¨® la Constituci¨®n espa?ola. Hacen falta medidas pol¨ªticas para acabar con el problema, porque ETA sigue matando y no se va a acabar con ella por la v¨ªa exclusivamente policial. Aceptemos la negociaci¨®n con el fin de que cese la violencia". No faltan quienes refuerzan la argumentaci¨®n precedente mediante la transferencia de responsabilidad y, en el mismo mes en que ETA comet¨ªa uno de sus atentados m¨¢s salvajes, acusan de intransigencia al Gobierno, mientras atribuyen a los terroristas flexibilidad y talante negociador. Y se nos dice: "?Cu¨¢ntos muertos est¨¢is dispuestos a soportar con vuestra cerraz¨®n? ?Por qu¨¦ no ten¨¦is el coraje de negociar y acabamos de una vez?". Ser¨ªa m¨¢s deseable -y, desde luego, m¨¢s justo- que quienes desde Euskadi mantienen esta actitud pusieran ese empe?o en exigir a ETA que pare de matar en nombre del pueblo vasco.

Presi¨®n marginal

El razonamiento negociador contiene algunos errores notables de m¨¦todo y de concepto. Hay que decir en primer lugar que el terrorismo de ETA no es la expresi¨®n de protesta de un pueblo que reivindica m¨¢s autogobierno o tiene un problema de identidad nacional, sino la presi¨®n sangrienta ejercida por un sector marginal del nacionalismo vasco que no acept¨® el Estatuto de Gernika. El mismo sector anunci¨® la elaboraci¨®n de un estatuto alternativo que no lleg¨® a ser ni siquiera anteproyecto y que al final qued¨® reconvertido en el fetiche de la llamada alternativa KAS.

?ste es el proyecto que los terroristas tratan de imponer, total o parcialmente, por la v¨ªa del atajo negociador. Porque dicho programa ha concurrido, de la mano de Herri Batasuna, a cuantas elecciones democr¨¢ticas se han celebrado en el Pa¨ªs Vasco, sin haber superado en ninguna de ellas el 11,8% del censo electoral vasco (el 17% sobre el n¨²mero de votantes). En todas ellas, el pueblo vasco ha otorgado su apoyo mayoritario a un determinado marco jur¨ªdico y pol¨ªtico para su autogobierno y su libertad. No se entiende por qu¨¦ un colectivo tan evidentemente minoritario puede imponer en democracia su alternativa a todos los dem¨¢s, salvo que la mayor¨ªa, empujada por el miedo, el cansancio o la ignorancia, haga dejaci¨®n de sus derechos democr¨¢ticos.

Otro de los errores de la argumentaci¨®n negociadora es el de que "Euskadi rechaz¨® la Constituci¨®n espa?ola". Nada m¨¢s falso. Es cierto que la abstenci¨®n en el Pa¨ªs Vasco con motivo del refer¨¦ndum constitucional fue un 20% mayor que en el conjunto de Espa?a. Pero el 70% de los votantes vascos dijeron s¨ª a la Constituci¨®n de 1978, mientras los votos de rechazo no superaban el 23%.

El pueblo vasco aprob¨® la Constituci¨®n. Tratar de apoyarse en la abstenci¨®n -en la propia y en la ajena- para sostener lo contrario tiene tanto sentido pol¨ªtico como afirmar que la mayor¨ªa de los presidentes norteamericanos fueron rechazados por su electorado, ya que la abstenci¨®n en las elecciones presidenciales norteamericanas supera tradicionalmente el 50%. O como discutir la legitimidad del Gobierno vasco porque el PNV no fue votado por el 71,53% de los vascos en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas. El argumento es especialmente falaz en boca de los partidarios a ultranza del asamblearismo, para quienes no hay problema alguno de representatividad en el hecho de que el 10% de los miembros de un colectivo puedan tomar en asamblea decisiones que afectan al 90% restante.

Estatuto y terrorismo

Nuestra historia ¨²ltima ha demostrado sobradamente que el espectacular avance en el desarrollo estatutario y la consolidaci¨®n auton¨®mica no atajan la voluntad criminal de los terroristas. ETA y HB han combatido frontalmente al estatuto de autonom¨ªa y a las instituciones de ¨¦l surgidas. Baste recordar a este respecto que los dos a?os m¨¢s sangrientos en la trayectoria etarra son 1979 y 1980, a?os en los que entra en vigor el estatuto y los vascos elegimos nuestro primer Gobierno aut¨®nomo, respectivamente. Por ello, la invocaci¨®n de las medidas pol¨ªticas como talism¨¢n, mientras se acusa al Gobierno de aplicar una estrategia exclusivamente policial, responde a una actitud tan maniquea como falsa. Es sobradamente conocido, por otra parte, que la estrategia antiterrorista del Gobierno, adem¨¢s de contar con la eficacia policial y el aumento de la colaboraci¨®n internacional, tiene en la reinserci¨®n social y en el entendimiento con el Gobierno vasco que se materializ¨® en el pacto de legislatura dos de sus instrumentos m¨¢s valiosos.

Pero el gran error de los partidarios de negociar pol¨ªticamente con ETA consiste en creer que la cesi¨®n ante las exigencias de los violentos es un camino democr¨¢tico hacia la pacificaci¨®n. Y es un error porque el Gobierno no es el due?o, sino el depositario de la soberan¨ªa popular y del marco jur¨ªdico-pol¨ªtico que los vascos y el resto de los espa?oles nos hemos dado a nosotros mismos, y no puede enajenarlos ni siquiera para comprar a los asesinos las vidas de los ciudadanos.

Es un error porque no hay ninguna raz¨®n para que el voto apoyado por la muerte valga dos, tres o cuatro veces m¨¢s que el del resto de los vascos, rompi¨¦ndose el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. ?Har¨¢ falta recordar que los vascos hemos votado una opci¨®n auton¨®mica para Euskadi? ?Har¨¢ falta recordar que los navarros han ratificado con su voto su propio estatuto de autonom¨ªa.

Permitir que ETA obtenga contrapartidas pol¨ªticas para dejar de matar ser¨ªa alentar a otros grupos minoritarios a tratar de arrancar por la violencia lo que las urnas les niegan, estimular nuevas acciones terroristas.

Creo que la democracia espa?ola tendr¨¢ que hablar con ETA, pero no negociar pol¨ªticamente con ella. ETA no puede ser interlocutor pol¨ªtico de ning¨²n Gobierno democr¨¢tico, porque no representa democr¨¢ticamente a nadie. Creo tambi¨¦n que la democracia deber¨¢ ser generosa en sus decisiones para acabar con el problema. Pero tendr¨¢ que hacerlo en el momento oportuno, salvando los principios y la dignidad del sistema y en el marco de las conclusiones que el Gobierno aut¨®nomo y todas las fuerzas democr¨¢ticas representadas en el Parlamento vasco elaboraron y aprobaron en marzo de 1985.