Suspendido el juicio contra los autores de 'Todos al suelo'
., La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido, sin explicar los motivos de esta decisi¨®n, el juicio se?alado para el pr¨®ximo 1 de octubre contra los siete periodistas autores del libro Todos al suelo, acusados de calumnia por un escritor y cuatro pol¨ªticos franquistas -dos de ellos ex ministros- vinculados en la obra al colectivo Almendros que, poco antes del 23 de febrero de 1981, public¨® varios art¨ªculos golpistas en el diario El Alc¨¢zar. El libro Todos al suelo, primero de los publicados sobre la intentona golpista, recoge de forma novelada los sucesos del 23-F, vividos por la mayor¨ªa de sus autores en directo en el Congreso de los Diputados, donde desarrollaban su trabajo informativo.
Entre los testigos citados por la defensa figura Francisco La¨ªna, director de la Seguridad del Estado cuando se produjo el 23-F. Los defensores le llamaron para que revelara las investigaciones en torno a la trama civil que apoy¨® la intentona. Tambi¨¦n ha sido solicitado el testimonio de los periodistas Jos¨¦ Oneto, Pilar Urbano y Miguel ?ngel Aguilar -que dieron noticia de las mismas investigaciones recogidas en Todos al suelo.
Cuatro de los cinco querellantes -los ex ministros franquistas Gonzalo Fern¨¢ndez de la Mora y Federico Silva Mu?oz y los pol¨ªticos Jes¨²s Fueyo y Luis J¨¢udenes- niegan su pertenencia a Almendros y solicitan que se imponga a cada uno de los siete periodistas querellados -Ricardo Cid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez, Bonifacio de la Cuadra, Rosa L¨®pez, Fernando J¨¢uregui, Juan van den Eynde y ?ngel Esteban- la pena de seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n menor y multa de 50.000 pesetas. Asimismo, piden que los siete procesados entreguen conjuntamente a cada uno de los cinco querellantes una indemnizaci¨®n de 500.000 pesetas.
El quinto querellante, el escritor ?ngel Palomino, columnista habitual del diario ultraderechista El Alc¨¢zar, no niega ni considera perjudicial para ¨¦l la imputaci¨®n de que particip¨® en los escritos de Almendros [en la vista del recurso contra los procesamientos, su abogado, Miguel ?ngel Garc¨ªa Brera, repiti¨® que a Palomino "le importa poco que se dijera que perteneci¨® a Almendros"].
Sin embargo, Palomino mantiene su acusaci¨®n y pretende obtener una indemnizaci¨®n de 100 millones. Al mismo tiempo, solicita que se condene a Ricardo Cid a m¨¢s de cuatro a?os y dos meses de c¨¢rcel y multa de 200.000 pesetas, y a cada uno de los restantes procesados a dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n y 50.000 pesetas.
La posici¨®n del fiscal
El ministerio fiscal, tras no iniciar a lo largo de los cinco a?os y medio transcurridos desde el 23-F acci¨®n penal alguna contra los autores de los art¨ªculos de Almendros o sus encubridores, pidi¨® al tribunal en sus conclusiones provisionales, formuladas el 30 de noviembre de 1985, penas de seis meses de prisi¨®n y multa de 20.000 pesetas para cada uno de los procesados, as¨ª como una indemnizaci¨®n conjunta de 250.000 pesetas en favor de cada querellante.Manuel Jim¨¦nez de Parga, Francisca Sauquillo, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, Jos¨¦ Folguera, Manuel de la Rocha e Ildefonso Goizueta, abogados de los siete periodistas, piden la absoluci¨®n de sus patrocinados. Estiman que informar sobre las investigaciones iniciadas poco despu¨¦s del 23-F en torno a la trama civil que apoy¨® el intento golpista no constituye delito alguno, sino, por el contrario, un deber profesional.
Los abogados Mohedano y Sauquillo, teniendo en cuenta que los acusados del delito de calumnias pueden resultar exculpados mediante la excepto veritatis [demostrar que es verdad la imputaci¨®n], han propuesto al tribunal, como prueba documental, recabar de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa un informe sobre las investigaciones sobre los preparativos del 23-F y en concreto sobre Almendros, pero tal solicitud ha sido denegada.
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