Cuatro de los procesados en el juicio contra el general Camps renuncian a la defensa

La segunda jornada del juicio que se celebra en Buenos Aires contra el general Ram¨®n Camps y otros seis militares y polic¨ªas argentinos, por graves violaciones de los derechos humanos, se inici¨® ayer sin la presencia de cuatro de los acusados, que el d¨ªa anterior hab¨ªan intervenido en un serio incidente al iniciarse la vista oral. La C¨¢mara Federal de Apelaciones deber¨¢ designar abogados de oficio para los cuatro inculpados, quienes anunciaron que renuncian a la defensa en el proceso.

En los incidentes del jueves particip¨® el comisario Miguel Etchecolatz, uno de los procesados, que solicit¨® a gritos hacer uso de la palabra, despu¨¦s de que entraran en la sala los seis jueces de la C¨¢mara Federal de Apelaciones. El comisario Etchecolatz, visiblemente alterado, pretend¨ªa leer antes de comenzar la sesi¨®n una declaraci¨®n firmada por cuatro polic¨ªas enjuiciados.El presidente del tribunal civil Guillermo Ledesma, no permiti¨® que la declaraci¨®n fuera le¨ªda y expuls¨® del recinto a Etchecolatz quien fue seguido de los otros tres firmantes del escrito. En ese texto se califica al proceso iniciado el jueves de "parodia" y los firmantes (Etchecolatz, los comisarios H¨¦ctor Vides y Alberto, Rousse y el m¨¦dico policial Jorge Bergez) se?alan: "Somos enjuiciados por la sociedad que defendimos". El escrito fue entregado a las agencias de noticias, por lo que pudo hacerse p¨²blico su contenido.

El otro polic¨ªa enjuiciado es el cabo Norberto Cozzani. Junto con Camps, jefe de la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1977, conocido como el carnicero de Buenos Aires, ha sido procesados su sucesor, el general Ovidio Pablo Ricchieri.

Los firmantes del escrito, que cumplieron funciones en la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires bajo las ¨®rdenes de Camps y Ricchieri, agregan que la justicia "encubre a los verdaderos responsables de la violencia que no originamos" y califican de "arbitrario" el juicio, cuyas sentencias se dar¨¢n a conocer en noviembre, seg¨²n fuentes judiciales.

Los generales Camps y Ricchieri tambi¨¦n ha desconocido al tribunal civil que los juzga y se han negado a presentar defensa o testimonio. Ambos han advertido que no comparecer¨¢n ante el tribunal, al que acusan de no tener el fuero necesario parajuzgar sus acciones en el campo militar.

Inesperada declaraci¨®n

Tras los incidentes, comenz¨® a prestar declaraci¨®n, como testigo de la defensa, el comisario Rodolfo Gonz¨¢lez Conti, quien respondi¨® a numerosas, preguntas del juez Ledesma y del fiscal Julio C¨¦sar Strassera. Sin embargo, la declaraci¨®n que m¨¢s sorprendi¨® a la sala fue la del funcionario policial Eduardo Aranguren, uno de los 10 testigos presentados por las defensas de los procesados.Eduardo Aranguren, que estuvo destinado en el departamento jur¨ªdico de la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires -en cuya jurisdicci¨®n se cometieron, entre 1976 y 1982, los delitos que se investigan- responsabiliz¨® al personal de la polic¨ªa encargado de las acciones represivas de "una cantidad enorme de robos y homicidios". La declaraci¨®n contrast¨® con las respuestas evasivas dadas por otros testigos en la misma sesi¨®n, que dur¨® siete horas.

Centros de detenci¨®n

Sin embargo, Araguren coincidi¨® con ellos al afirmar que la polic¨ªa "actu¨® contra la subversi¨®n cumpliendo ¨®rdenes que daba el Ej¨¦rcito de Tierra". Y agreg¨®: "No tengo conocimiento", cuando se le pregunt¨® sobre la existencia de centros clandestinos de detenci¨®n de la polic¨ªa bonaerense.Durante las cinco primeras sesiones, el tribunal escuchar¨¢ los testimonios presentados por las defensas. Y la semana pr¨®xima se conocer¨¢n los testimonios de la acusaci¨®n. Camps ha admitido en declaraciones a la Prensa que unas 5.000 personas desaparecieron en Buenos Aires durante el per¨ªodo en que ¨¦l fue el jefe de la polic¨ªa y ha agregado que la mayor¨ªa est¨¢ muerta. Los procesados son acusados de 32 homicidios, 120 casos de tortura, 214 secuestros con extorsi¨®n seguidos de la desaparici¨®n de 47 de las v¨ªctimas, 10 secuestros de menores de edad, 18 robos y dos abortos producidos a causa de torturas. ?ste es el segundo gran juicio por violaciones de los derechos humanos celebrado desde el retorno de la democracia a la Argentina, en 1983.

En el primero, fueron condenados los nueve miembros de las tres primeras juntas militares argentinas, que gobernaron entre 1976, y 1982.