Nueva demanda civil contra la gesti¨®n de Banca Catalana

Un grupo de ex consejeros y accionistas del Banco de Alicante ha redactado una demanda civil contra Banca Catalana reclamando m¨¢s de 1.000 millones de pesetas como compensaci¨®n por los perjuicios que le ha ocasionado la gesti¨®n de sus ex directivos y, tambi¨¦n, por el incumplimiento de diversas promesas. En el momento de presentarse supondr¨¢ la segunda demanda civil que se plantea contra Catalana requiriendo a sus actuales propietarios para que asuman compromisos contra¨ªdos por sus antecesores. La primera demanda civil la plante¨® La Caixa al solicitar de Catalana m¨¢s de 2.000 millones de pesetas. Estos procedimientos son independientes de la querella que tramita el Pleno de la Audiencia Teirritorial de Barcelona.Banca Catalana adquiri¨® el Banco de Alicante en 1971 a trav¨¦s de la socliedad instrumental Verein y desde 1976 lo administr¨® por medio de ejecutivos de su confianza. En 1982 el Banco de Alicante fue intervenido por el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, despu¨¦s de descubrirse un d¨¦ficit de m¨¢s de 3.000 millones de pesetas. Una junta de accionistas de marzo de 1983 decidi¨® desvalorizar sus t¨ªtulos a una peseta. Posteriormente, el banco fue adjudicado al Banco Exterior, que efectu¨® una ampliaci¨®n de capital y reactiv¨® la entidad, que ahora es el primer banco de la provincia.

Los ex consejeros y accionistas afectados por aquella desvalorizaci¨®n basan su demanda en los compromisos verbales y escritos efectuados por altos ejecutivos de Banca Catalana, que hab¨ªan prometido reiteradamente hacerse cargo de cualquier desequilibrio patrimonial que pudiera crearse en la entidad durante su gesti¨®n. Estos mismos documentos exoneran a los ex consejeros y ex ejecutivos del Banco de Alicante y tambi¨¦n a los ejecutivos que Catalana envi¨® para administrarlo.

En la redacci¨®n de la demanda se aportan documentos para intentar demostrar que los altos directivos de Catalana fueron los ¨²nicos responsables de lo ocurrido en el Banco de Alicante. Sostiene que este banco se limitaba a obedecer ¨®rdenes dictadas desde el consejo de administraci¨®n y la direcci¨®n general de Banca Catalana en Barcelona, hasta el punto de que el consejo de administraci¨®n del Banco de Alicante desconoc¨ªa la situaci¨®n patrimonial de su entidad. Seg¨²n la demanda, el Banco de Espa?a ya advirti¨® la ignorancia de los consejeros alicantinos y en un comunicado -3 de septiembre de 1982- orden¨® a Catalana que diera informaci¨®n veraz al consejo.

El escrito se?ala que desde 1976 todos los altos cargos de banco pertenec¨ªan a Banca Catalana y que, en la mayor¨ªa de los casos, cobraban sus sueldos de la n¨®mina de la entidad barcelonesa o se encontraban en Alicante en comisi¨®n de servicios. Cuando cesaban, volv¨ªan a Banca Catalana. Pone los ejemplos de Ernesto Giralt Ravent¨®s, el ¨²ltimo director general del Banco de Alicante en aquella etapa, que actualmente trabaja a¨²n en Banca Catalana, y el de Alfonso Maristany, que estuvo en comisi¨®n de servicios.

En medios financieros se asegura que esta reclamaci¨®n, planteada por accionistas y ex consejeros, se expuso ya en noviembre de 1982 cuando el Banco de Alicante, contestando al Banco de Espa?a en un pliego de descargos, solicit¨® que se sobreseyera el expediente y se "exigiera" a Banca Catalana el cumplimiento de sus obligaciones hacia el banco filial, de forma similar a como recientemente Banesto ha asumido los d¨¦ficit del Garriga Nogu¨¦s.

Algunos medios jur¨ªdicos consideran que con esta acci¨®n civil va a quedar desvirtuada la acci¨®n penal que ha empezado a instruirse desde la Audiencia de Alicanite contra los responsables del banco por su actuaci¨®n entre 1976 y 1982. Esta causa penal se abri¨® por orden del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, a instancia de los fiscales encargados del caso Banca Catalana, al derscubrir en la contabilidad de esta ¨²ltima entidad supuestas irregularidades que podr¨ªan afectar a aqu¨¦lla.

El juez Alberto Facorro, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante, ha abierto unas diligencias previas por presunta falsedad. Asimismo, ha dictado una providencia requiriendo del Banco de Espa?a y del Banco de Alicante diversa documentaci¨®n relacionada con el caso.