Peor es dejarlo correr

?Qu¨¦ tiempos estos en que es necesario luchar por lo evidente! La frase no fue acu?ada pensando en la Espa?a de los ochenta, pero resulta adecuada hasta lo irritante pata describir algunos de sus problemas. Por ejemplo, el de la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n del embarazo: ya con s¨®lo mencionar el tema surge un sentimiento de cansancio, de fatiga, de irritaci¨®n.Todos los argumentos metaf¨ªsicos se han expuesto ya en demas¨ªa, todos los participantes en el debate se han manifestado, todas las encuestas de opini¨®n se han manejado para justificar una ley insuficiente.

Tanto ruido para tan pocas nueces: poco m¨¢s de 200 abortos legales desde la aplicaci¨®n de la ley. Y ahora estalla el esc¨¢ndalo de cl¨ªnicas privadas que realizan abortos (se habla de unos 4.000, que s¨®lo suponen una peque?a muestra) y se descubre que ni la ley ni la discusi¨®n han permitido un cambio sustancial en este terreno. 0 quiz¨¢ s¨ª, pero un cambio inesperado muchas de las mujeres que antes optaban por salir a abortar a las cl¨ªnicas del extranjero se arriesgan ahora a hacerlo en Espa?a, pensando, ilusoriamente, que desde la despenalizaci¨®n parcial es posible optar por la interrupci¨®n del embarazo sin riesgos leg¨¢les.

Error

Terrible error: la aplicaci¨®n de la ley actual deja indefensas y condena a la ilegalidad a la mayor parte de las mujeres que quieren impedir una maternidad no deseada. Como muestra sirvan los sumarios de Valencia, M¨¢laga, Navarra y Salamanca, el inicio de procesos a mujeres que se autoinculpan de haber o haberse hecho practicar abortos, como ha ocurrido en Galicia y Navarra, y las muertes de al menos cinco mujeres en el a?o de aplicaci¨®n de la ley por abortos realizados en malas condiciones sanitarias.

Ante esto es inevitable preguntarse si los acusados/as no deber¨ªan ser en realidad los acusadores de una situaci¨®n insostenible.

En primer lugar, la indicaci¨®n social, que puede deducirse, de la sentencia que en su d¨ªa dict¨® el Tribunal Constitucional y que inexplicablemente no fue recogida por el Gobierno, es de aplicaci¨®n inimaginable mientras buena parte de la judicatura siga marcada por el conservadurismo, y, mas a¨²n, mientras la decisi¨®n primera siga en manos de profesionales de la medicina obsesionados por una ideolog¨ªa integrista o subordinados, en el, plano laboral, a jefes de servicio obstruccionistas.

En segundo lugar, y esto es todav¨ªa m¨¢s llamativo, tampoco los casos reconocidos de la forma m¨¢s estricta por la ley pueden acogerse a ella con cierta seguridad, pues la existencia de la segunda ventanilla (el tribunal m¨¦dico o comisi¨®n de evaluaci¨®n, que se atribuye la capacidad de juzgar sobre la validez de la decisi¨®n inicial de otros profesionales sobre la aplicabilidad de la ley) supone no s¨®lo un grave retraso, que aumenta el riesgo m¨¦dico, sino que permite, por pura dilaci¨®n, burocr¨¢tica, que el embarazo supere el plazo temporal autorizado para la interrupci¨®n.

As¨ª, la aplicaci¨®n de la ley no depende de reglas calculables, sino de imprevisible buena voluntad de un estamento que, con demasiada frecuencia, da prioridad a sus sentimientos ideol¨®gicos a expensas de la salud de las mujeres.

De todo ello se deduce una falta de voluntad pol¨ªtica por parte del Gobierno actual, que, a remolque de la realidad, parece estar m¨¢s dispuesto a poner parches que a enfrentarse con el problema.

Un claro ejemplo es que ante la tensa situaci¨®n actual, tras la ofensiva de la derecha (declaraci¨®n de la Comisi¨®n Episcopal, art¨ªculos en la Prensa, etc¨¦tera), y las detenciones y juicios que se suceden en cadena, se haya publicado como ¨²nica medida por parte de la Administraci¨®n la preparaci¨®n de una orden del Ministerio de Sanidad y Consumo con el ¨¢nimo de acreditar cl¨ªnicas privadas que cumplan determinadas condiciones t¨¦cnicas para la interrupci¨®n voluntaria de la gestaci¨®n seg¨²n la legalidad vigente.

Medios privados

Esta medida provocada por la situaci¨®n supone recurrir a los medios privados con el consiguiente coste para las mujeres, cuando lo l¨®gico ser¨ªa aprovechar los inmensos recursos sanitarios p¨²blicos para resolver este problema. Parece evidente que el apoyo a las redes privadas debe ser m¨¢s una medida complementaria que la ¨²nica respuesta desde la administracci¨®n en este momento.

No nos parece admisible la existencia de comisiones de evaluaci¨®n en hospitales que sin soporte legal alguno se autoatribuyen el papel de jueces desestimando los dict¨¢menes de especialistas tan cualificados como ellos, como son, por ejemplo, los profesionales de planificaci¨®n familiar.

No es admisible la peregrinaci¨®n a que se somete a las mujeres, que en ocasiones tienen que viajar a otra provincia o comunidad aut¨®noma y realizar tr¨¢mites farragosos y complejos hasta encontrar un centro que resuelva su caso.

Ante un problema de estas dimensiones se puede continuar con una pol¨ªtica de pa?os calientes, como vulgarmente se dice, o afrontarlo en sus dimensiones reales. Los profesionales sanitarios, sumidos en el desaliento y la fatiga m¨¢s profunda, y obligados a repetir los mismos argumentos una y otra vez, reiteramos que una ley progresista no obliga a las mujeres a abortar, sino que debe proteger a las que lo hacen, garantizando la seguridad m¨¦dica y psicol¨®gica a que tienen derecho.

Creemos, por tanto, imprescindible la ampliaci¨®n del marco legal vigente a un sistema de plazos complementado con indicaciones a partir de las 12 semanas de gestaci¨®n y como medida inmediata la introducci¨®n de la indicaci¨®n socioecon¨®mica, tambi¨¦n llamada cuarta indicaci¨®n, en el marco del sistema sanitario p¨²blico.