Un juzgado pide la lista de tel¨¦fonos intervenidos de forma legal en Bergara

El Juzgado de Instrucci¨®n de Bergara (Guip¨²zcoa), ha solicitado a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional que le faciliten la relaci¨®n de los tel¨¦fonos de los ciudadanos de ese partido judicial cuya comunicaci¨®n telef¨®nica se encuentra legalmente intervenida al amparo de las competencias de la legislaci¨®n antiterrorista. La solicitud del juez titular de Bergara, Juan Francisco Ur¨ªa, se suma a las diligencias instruidas secretamente por ese juzgado y encaminadas a lograr un control directo de las escuchas telef¨®nicas y a ejercer la tutela efectiva del derecho de los ciudadanos a la intimidad en sus comunicaciones.D¨ªas atr¨¢s, la compa?¨ªa telef¨®nica respondi¨® a un requerimiento similar del juez de Bergara sugiri¨¦ndole que solicitara esos datos a los juzgados centrales y justificando su negativa en la necesidad de "no contravenir el secreto del sumario".

La iniciativa del juez de Bergara plantea la cuesti¨®n de si corresponde al juez natural el control de las escuchas telef¨®nicas y la tutela de los derechos ciudadanos aun en el caso de las personas sospechosas de estar relacionadas con grupos o actividades terroristas.

Algunas fuentes judiciales justifican esta iniciativa, que, al parecer, no tiene precedentes en el Pa¨ªs Vasco, aludiendo a la creencia, generalizada entre los ciudadanos vascos, de que existen numerosos tel¨¦fonos intervenidos sin un efectivo control judicial.

Las mismas fuentes consideran que el pretendido control de los juzgados centrales de las escuchas realizadas en el ¨¢mbito de la lucha antiterrorista es m¨¢s ficticio que real y que, en la pr¨¢ctica, estas actuaciones est¨¢n incontroladas, facilitando los abusos y la creencia general de que el tel¨¦fono no es el medio m¨¢s id¨®neo para asegurarse la reserva de las comunicaciones.

Los trabajadores de Telef¨®nica abandonan sistem¨¢ticamente las terminales de la compa?¨ªa en Euskadi dejando, operar sin testigos a los polic¨ªas judiciales encargados de los pinchazos y no llevan registro alguno que permita comprobar que los tel¨¦fonos intervenidos corresponden efectivamente a los que figuran en las ¨®rdenes judiciales.