Sospechas

EL PASADO d¨ªa 18, EL PA?S public¨® una informaci¨®n sobre la investigaci¨®n a que fue sometido por parte de la polic¨ªa, a finales de 1984, el magistrado Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, encargado de la instrucci¨®n del sumario abierto en relaci¨®n con la desaparici¨®n, cuando se encontraba detenido, del delincuente Santiago Corella, el Nani. El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, declar¨® el lunes, tras la toma de posesi¨®n de los nuevos altos cargos de su departamento, que el documento en que se apoyaba la mencionada informaci¨®n, que aparece firmado por el jefe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, es falso. Barrionuevo a?adi¨® que estaba convencido de que EL PA?S "tambi¨¦n tiene la sospecha de que pueda ser falso".EL PAIS no publica informaciones sobre cuya veracidad albergue dudas. Es cierto, como se informaba el d¨ªa 18, que fuentes policiales oficiales manifestaron, a la vista del documento en poder de este peri¨®dico, que el mismo "podr¨ªa haber sido falsificado"; pero EL PA?S no considera que esa afirmaci¨®n ni las posteriormente realizadas en igual sentido por el entonces subsecretario del Interior, Rafael Vera, as¨ª como por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, constituyan por s¨ª mismas una prueba. Tales afirmaciones, por lo dem¨¢s, no iban avaladas por ninguna evidencia o demostraci¨®n. Por el contrario, la desconfianza en las declaraciones policiales relacionadas con la desaparici¨®n de El Nani se apoya en la confesi¨®n del propio ministro del Interior, que admiti¨® ante la comisi¨®n correspondiente del Congreso de los Diputados que funcionarios a sus ¨®rdenes pudieron haberle colado un gol. A la vista del informe acumulado en el caso El Nani, sobre el que todav¨ªa se carece de otra versi¨®n oficial que la ya insostenible de hace tres a?os, hay motivos para pensar que fue una goleada completa la endosada al ministro. De ah¨ª que ser¨ªa bueno recomendar a Barrionuevo la oportunidad de ser m¨¢s cauto a la hora de expresar sus propios convencimientos, especialmente si guardan alguna relaci¨®n con el asunto mencionado.

En cualquier caso, la informaci¨®n publicada en este peri¨®dico inclu¨ªa la noticia de que el propio juez Mart¨ªnez Arrieta hab¨ªa enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una copia del documento que hac¨ªa referencia a la supuesta investigaci¨®n sobre ¨¦l. Por su parte, el CGPJ remiti¨® dicho documento a la Fiscal¨ªa General del Estado, a fin de que esta instituci¨®n decidiera las eventuales acciones jur¨ªdicas a emprender. Paralelamente, la Junta de Jueces de Instrucci¨®n de Madrid intervino en esa supuesta investigaci¨®n policial a un juez para llamar la atenci¨®n del CGPJ sobre lo que consideraba una tendencia a la autonomizaci¨®n del aparato policial. Podr¨¢ discutirse sobre si la citada Junta de Jueces desbord¨® o no el campo de sus atribuciones espec¨ªficas, pero dif¨ªcilmente podr¨¢ negarse pertinencia a las reflexiones contenidas en las conclusiones de dicho ¨®rgano y transmitidas al CGPJ.

Tales reflexiones no s¨®lo son respetuosas con el marco constitucional, sino que est¨¢n expresamente dedicadas a prevenir contra eventuales rupturas de hecho de dicho marco. De ah¨ª que resulte escasamente convincente la pretensi¨®n de equiparar la iniciativa de esos jueces madrile?os con las presiones extraconstitucionales de sectores reacios precisamente a los principios del Estado de derecho. Por otra parte, es evidente que las advertencias de la Junta de Jueces sobre el peligro de que el Gobierno no controle suficientemente el aparato policial, o sobre el clima de "indeseable corrupci¨®n" que podr¨ªa germinar al calor de la autonomizaci¨®n creciente de ese aparato, no derivan exclusivamente, como se ha pretendido, de un reflejo corporativista ante la noticia de que un magistrado haya podido ser investigado. Por eso resulta insustancial que altos cargos del Interior, con el apoyo del ministro de Justicia, crean zanjar la cuesti¨®n mediante la afirmaci¨®n de que el documento sobre la investigaci¨®n del juez Arrieta era "una burda falsificaci¨®n".

El propio CGPJ, forzado a intervenir en el asunto, acaba de reconocer, por unanimidad, que, incluso si se demostrase la falsificaci¨®n del documento en que se apoya la denuncia del juez presuntamente investigado, se habr¨ªa producido "una evidente perturbaci¨®n de la independencia judicial". Y ello porque, en efecto, habr¨ªa que explicar las causas de que a alguien, presumiblemente adscrito al Ministerio del Interior, se le haya ocurrido fals¨ªficar un documento p¨²blico, con membrete oficial y firmado por el comisario Mart¨ªnez Torres, de esa naturaleza.

Contrariamente a lo que parece creer Barrionuevo, ni los medios de comunicaci¨®n comprometidos en la defensa del Estado de derecho ni la opini¨®n p¨²blica asisten con complacencia al espect¨¢culo de confrontaci¨®n que se ha creado entre el Gobierno leg¨ªtimo y los jueces. Es cierto que a veces esa confrontaci¨®n se manifiesta por cauces poco adecuados, pero no lo es menos que si ello ocurre es en buena medida porque quienes, por mandato constitucional, deber¨ªan haber tomado iniciativas en defensa de la independencia judicial se han mostrado torpes o condescendientes. En este sentido, no conviene olvidar que en el fondo del asunto se encuentra el amparo expl¨ªcitamente aportado por el Gobierno a la desobediencia de la orden judicial de comparecencia de 90 guardias civiles ante la titular del Juzgado n¨²mero 3 de Bilbao. Quienes en aquella ocasi¨®n no supieron apreciar la gravedad de la situaci¨®n que tal actitud estaba planteando han demostrado a partes iguales incompetencia y falta de sensibilidad ante los fundamentos de la democracia. Ser¨ªa por ello deseable que la anunciada entrevista entre el presidente del Gobierno y el del CGPJ, iniciativa que parece no s¨®lo oportuna, sino imprescindible, sirviera para iniciar una v¨ªa de rectificaciones. Va en ello la necesaria armon¨ªa entre los poderes del Estado, pero tambi¨¦n el respeto al Estado de derecho.