La Audiencia de Madrid aprecia indicios de que la polic¨ªa actu¨® ilegalmente en el espionaje pol¨ªtico

La Audiencia Provincial de Madrid considera que "existen indicios" de que la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n emple¨® "medios no admisibiles legalmente" para obtener informes en el case, del presunto espionaje a partidos pol¨ªticos, seg¨²n se?ala un auto del tribunal hecho p¨²blico ayer. La Audiencia de Madrid, mediante este auto, confirma la reapertura del sumario del espionaje pol¨ªtico y desestima un recurso del ministerio fiscal y de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa (DGP), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La supuesta investigaci¨®n a partidos pol¨ªticos fue realizada por la Brigada de Interior, cuyo responsable es el comisario Alberto El¨ªas, encuadrada en la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, que depende de la DGP.El auto de la secci¨®n quinta de la Audiencia Provincial de Madrid se?ala que "debe considerarse normal, l¨ªcito e incluso necesario que la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n pueda captar, recibir y analizar cuantos datos o informaci¨®n afecten o tengan inter¨¦s en el orden y seguridad". No obstante, no es menos cierto, a?ade el auto, "que la obtenci¨®n de datos e informaci¨®n debe hacerse empleando medios, modos e instrumentos legales, conforme al cl¨¢sico principio de que el fin no justifica los medios y menos en un Estado de Derecho".

"En el presente caso, aunque no de manera clara y precisa", contin¨²a el auto, "s¨ª existen indicios que hacen atisbar la posibilidad del empleo de medios no admisibles legalmente para obtener informaci¨®n y para imputar su autor¨ªa a personas concretas, lo cual hace necesario continuar la investigaci¨®n e instrucci¨®n". El considerando segundo de la resoluci¨®n judicial finaliza se?alando que lo dicho es en "bien de todos, de los querellantes y de la sociedad en general, pero tambi¨¦n de la polic¨ªa".

El presente auto confirma una resoluci¨®n anterior del propio tribunal, fechada el 18 de julio pasado, por la que estimaba un recurso interpuesto por Alianza Popular (AP), Partido Dem¨®crata Popular (PDP) y Partido Comunista de Espa?a (PCE) sobre el supuesto espionaje policial a partidos pol¨ªticos. 17,1 auto de 18 de julio fue recurrido por el ministerio fiscal y la DGP, recursos que han quedado desestimados con la resoluci¨®n judicial de ayer.

Sin embargo, la Audiencia ha tenido en cuenta una petici¨®n del fiscal, hecha subsidiariamente para el caso de que se desestimara el recurso, consistente en que en la investigaci¨®n del archivo y fondo documental de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n no participen los partidos querellantes.

Seg¨²n el auto conocido ayer, esta investigaci¨®n deber¨¢ hacerse "solamente por el instructor, asistido del secretario y funcionarios judiciales auxiliares necesarios e intervenci¨®n del ministerio fiscal, mas no de las partes querellantes". El auto agrega que debe hacerse "dejando al libre criterio del instructor la selecci¨®n de los documentos que considere necesarios y precisos a los fines de la investigaci¨®n sumarial".

A partir de ahora, el juez instructor del caso, Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21de Madrid, deber¨¢ realizar las diligencias que se le ordenen por la Audiencia y despu¨¦s resolver. En el caso de que el juez V¨¢zquez Honrubia decidiera archivar de nuevo las querellas, el sumario podr¨ªa volver otra vez a la Audiencia.

V¨¢zquez Honrubia decidi¨® el 18 de noviembre de 1985 archivar las querellas presentadas por AP, PCE y PDP, partidos que se consideraron objeto de espionaje por Interior. V¨¢zquez Honrubia decidi¨® el archivo de las diligencias al considerar que "no quedaba otra salida" tras el auto dictado por el Supremo el 12 de julio de 1985, por el que se declaraba que ninguna de las personas aforadas contra las que iba dirigida la querella cometi¨® delito alguno. Estas personas eran Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, Jos¨¦ Barrionuevo, ministro del Interior, y Eduardo Mart¨ªn Toval, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.

"Tufillo de ilegalidad"

AP, PDP y PCE recurrieron ante la Audiencia Provincial y ¨¦sta orden¨® la reapertura del sumario, aduciendo, entre otras cuestiones, la existencia de un "tufillo de ilegalidad" en la actuaci¨®n policial. En concreto, respecto a las querellas del PDP y del PCE, el auto dec¨ªa que fueron archivadas "de forma fulminante" tras su presentaci¨®n, sin que estos partidos pudieran intervenir en las diligencias ni practicarse las pruebas que ped¨ªan. En el auto de ayer de la Audiencia, el tribunal insiste en que la resoluci¨®n del Supremo sobre las personas aforadas "no s¨®lo no impide continuar la instrucci¨®n de las diligencias con relaci¨®n a las conductas de otras posibles personas no af¨®radas", sino que expresamente la apunta en una de las consideraciones. "Es m¨¢s", a?ade la Audiencia, recordando el auto del Supremo, "la responsabilidad de las personas aforadas la excluye s¨®lo ,en base a lo hasta aqu¨ª investigado'. Por ¨²ltimo, el auto de la Audiencia de, Madrid repite los argumentos que emple¨® en su resoluci¨®n de julio respecto a las querellas del PDP y del PCE. La Audiencia les reconoce que al haberse acumulado a la querella de AP no se practicaron las diligencias solicitadas. En concreto, el PCE ped¨ªa la comprobaci¨®n de la eventual existencia de informes sobre este partido, el interrogatorio de 12 polic¨ªas y la comparecencia del ex director de la Seguridad del Estado Juli¨¢n Sancristobal.