El triunfo de la hipocres¨ªa

Nadie se ha atrevido a negar que la inmensa mayor¨ªa de las espa?olas que desean abortar lo hacen fuera de los supuestos que son de aplicaci¨®n en la ley del aborto actualmente en vigor. Aunque la cuantificaci¨®n resulta casi imposible, las diferentes encuestas se?alan que s¨®lo un 5%10% de los casos de abortos estar¨ªan cubiertos por la ley actual. Esta contradicci¨®n se ha se?alado de manera continua por las organizaciones de mujeres y por los profesionales progresistas, que sabemos que el aborto es un verdadero problema de salud p¨²blica, y que la actual legislaci¨®n es una de las fuentes de mortalidad y de graves complicaciones en las mujeres de edad f¨¦rtil.El decreto que acaba de aprobarse parece intentar desconocer esta realidad. Si bien tiene algunos aspectos positivos (la desaparici¨®n de las comisiones de evaluaci¨®n y la diferenciaci¨®n entre los abortos realizados antes y despu¨¦s de las 12 semanas), a la vez mantiene pr¨¢cticamente intacta la situaci¨®n anterior, por lo que el hablar de flexibilizaci¨®n o de liberalizaci¨®n respecto a la pr¨¢ctica de abortos en nuestro pa¨ªs es absolutamente irreal. Al tratarse de un real decreto, la legislaci¨®n anterior permanece ¨ªntegramente en vigor, y los tres supuestos establecidos en ella (riesgo para la salud de la madre, malformaciones cong¨¦nitas del feto y violaci¨®n) siguen siendo los ¨²nicos motivos legales para abortar. Es decir, el 90% de los abortos siguen siendo ilegales y, por tanto, sometidos a la acci¨®n de los tribunales.

Desconocimiento

Quienes intentan convencer nos de que se ha liberalizado la pr¨¢ctica del aborto, o desconocen la realidad, o simplemente mienten, o intentan que una situaci¨®n de menor control sea aprovechada para incluir como legales a casos que est¨¢n evidentemente fuera de la ley. Los dos primeros supuestos no merecen mayor comentario. El ¨²ltimo significar¨ªa un acto de absoluta hipocres¨ªa, al no querer afrontar las necesidades reales del problema ni la necesaria rectificaci¨®n de sus anteriores actuaciones.

En un Estado democr¨¢tico y de derecho, tal como lo define la Constituci¨®n espa?ola, las leyes est¨¢n para cumplirse, y es el deber de la Administraci¨®n, cuando no se ajustan a las necesidades sociales, el promover una nueva legislaci¨®n que s¨ª lo haga, no el buscar recovecos que permitan el fraude, teniendo en cuenta adem¨¢s que ¨¦stos continuar¨¢n dejando a la problem¨¢tica del aborto en una situaci¨®n de semiciandestinidad.

En esta coyuntura, resulta curioso el especial celo que se est¨¢ demostrando con los m¨¦dicos acusados de practicar abortos. Que los sectores reaccionarios les tengan encono, es natural, puesto que rompen con la imagen estereotipada de que todos los m¨¦dicos rechazan el aborto; menos comprensible es la postura de los tribunales, ante los que m¨¦dicos y mujeres son responsables por igual y menos a¨²n el olvido que, a la hora de prometer indultos, hace de ellos la Administraci¨®n. Parece como si esta ¨²ltima estuviera molesta de que algunos m¨¦dicos, con su intervenci¨®n decidida, est¨¦n rompiendo esa imagen que le resultaba tan c¨®moda de que todos los m¨¦dicos estaban contra el aborto y que justificaba su incapacidad para encarar el problema.

Hoy, muchas personas pueden preguntarse si existen en nuestro pa¨ªs tantos m¨¦dicos partidarios del aborto (desde posturas progresistas), porqu¨¦ la Administraci¨®n no fue capaz de resolver los abortos incluidos en los estrechos m¨¢rgenes de la ley, si con s¨®lo contratar a algunos de ellos el problema estar¨ªa resuelto. Cuando se aprob¨® la ley de interrupci¨®n del embarazo, actualmente en vigor, se?alamos que el problema segu¨ªa pendiente, y que hab¨ªa que abordar soluciones serias. Ahora sucede lo mismo. Aunque dejemos de lado los problemas que puede tener para las mujeres el acogerse al supuesto de "peligro para su salud mental" o incluso la misma persecuci¨®n judicial, el problema insoslayable es que es preciso acabar con tanta hipocres¨ªa y que hay que dar carta legal al fondo de la cuesti¨®n: el derecho de las 100.000 espa?olas que anualmente abortan a hacerlo en nuestro pa¨ªs, en unas condiciones sanitariamente adecuadas, sin humillaciones ni discriminaciones, y a que por ello no puedan ser detenidas ni encarceladas. Ello supone la necesidad de una nueva ley que establezca un sistema de plazos que asegure su cobertura por el sector sanitario p¨²blico, y que vaya acompa?ada de una regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios.