El Gobierno prepara nuevas normas para tipificar como figura delictiva la de "traficante ilegal de armas"

El Gobierno quiere que en un futuro pr¨®ximo quede tipificada en la legislaci¨®n espa?ola la figura delictiva de traficante ilegal de armas, inexistente en la actualidad, seg¨²n fuentes gubernamentales. Actualmente, las presuntas transgresiones de las normas sobre tr¨¢fico de armas son consideradas, en el peor de los casos, como faltas administrativas, castigadas s¨®lo con la no concesi¨®n de nuevas licencias de exportaci¨®n a las empresas correspondientes. De hecho, ninguna persona ha sido juzgada o encarcelada en los ¨²ltimos a?os por alg¨²n delito de esas caracter¨ªsticas.

T¨¦cnicos del Ministerio de Defensa estudian estos d¨ªas diversas legislaciones extranjera para realizar un an¨¢lisis comparativo y elegir la f¨®rmula m¨¢s adecuada para el caso espa?ol. Seg¨²n personas que conocen los estudios, las normas de cada pa¨ªs son muy diferentes entre s¨ª. La Rep¨²blica Federal de Alemania, por ejemplo, tiene una legislaci¨®n muy restrictiva y, en muchos casos, las empresas utilizan pa¨ªses intermedios -como fue el caso de Espa?a para vender helic¨®pteros de combate a Irak- para saltarse las restricciones del Gobierno federal.Los especialistas espa?oles han indicado que uno de lo problemas planteados a la hora de tipificar el citado delito consiste en que esa iniciativa debe materializarse a trav¨¦s de una ley y, si el delito incluyera la posibilidad de privar de libertad a los culpables, ser¨ªa necesaria una ley org¨¢nica.

En la actualidad, la ¨²nica le gislaci¨®n en ese terreno es un real decreto de 1978 por el que se cre¨® la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior. En el decreto se indica que lajunta aplicar¨¢ criterios pol¨ªticos -no especifica cu¨¢les- a la hora de conceder o no licencias de exportaci¨®n, y a?ade que podr¨¢ exigirse certificados de ¨²ltimo destino a los exportadores y de entrada de los productos en el pa¨ªs comprador.

Sin embargo, en medios gubernamentales se ha reconocido en varias ocasiones que esos certificados de ¨²ltimo destino han sido falseados en distintos casos con conocimiento del exportador espa?ol. As¨ª, se han producido ventas que te¨®ricamente ten¨ªan como ¨²ltimo destino Libia, Jordania o Arabia Saud¨ª y, sin embargo, las armas correspondientes han sido usadas en Ir¨¢n o Irak. Ello ha sido posible debido a que autoridades de los pa¨ªses que actuaron como intermediarios firmaron los certificados de ¨²ltimo destino, en algunos casos a cambio de percibir un porcentaje -alrededor del 5%, seg¨²n personas conocedoras del problema del coste de la operaci¨®n comercial.

Cumplir la ley

Cuando las autoridades espa?olas han tenido conocimiento de alguno de estos casos, se han limitado a no conceder m¨¢s licencias a las empresas espa?olas que presumiblemente han obrado malintencionadamente. Sin embargo, los propietarios de esas empresas han creado nuevas sociedades y han continuado realizando operaciones similares. En casos de sanciones como la citada, la Administraci¨®n ha actuado por la v¨ªa de hecho, ya que tampoco puede comunicar oficialmente a las empresas infractoras que nunca m¨¢s se les conceder¨¢n licencias de exportaci¨®n, ya que esta medida ser¨ªa hoy inconstitucional.Por el momento, los t¨¦cnicos, de la Administraci¨®n entienden que el primer paso en la ref¨®rma de la legislaci¨®n sobre tr¨¢fico de armas debe consistir en el cumplimiento puntual y estricto del decreto de 1978. El Ministerio de Asuntos Exteriores, como recientemente se?al¨® su titular, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, defiende que cual quier reforma debe respetar la competencia de ese departamento para vetar por motivos pol¨ªticos cualquier posible exportaci¨®n de armamento.

Por su parte, en medios oficiales del Ministerio de Defensa se indica que algunos aspectos pol¨ªticos -como la venta a pa¨ªses en guerra o que no respetan los derechos humanos- deb¨ªan estar recogidos en la legislaci¨®n futura, mientras en Exteriores se estima que el actual decreto deja abiertas todas las posibilidades para aplicar los criterios que estime el Gobierno.

Entre los exportadores espa?oles de armas, seg¨²n las fuentes informantes, existe en estos d¨ªas un claro nerviosismo por conocer cu¨¢les ser¨¢ la futura legislaci¨®n. Algunos de ellos han llegado a comentar que, si se introduce la prohibici¨®n de vender armas a pa¨ªses que no respeten los derechos humanos y a otros situados en zonas calientes, Espa?a,no podr¨¢ exportar ni un cartucho, ya que el 90% de sus actuales clientes est¨¢n en uno de esos dos grupos.

El Ejecutivo mantiene oficialmente que no se venden armas a pa¨ªses en guerra o que mantienen claras trasgesiones de derechos humanos. En medios oficiosos, sin embargo, insisten en que continuamente se hacen ambas cosas, pero que se realizan sin la autorizaci¨®n de la mencionada junta.

Con las normas hoy vigentes y con los sistemas de aplicaci¨®n de las mismas, Exteriores ha mantenido numerosas fricciones con departamentos como Industria y Comercio, m¨¢s proclives a conceder licencias para operaciones que beneficien a la industria espa?ola de armamento, por encima de reservas pol¨ªticas.

No obstante, algunos criterios mantenidos por Exteriores en los ¨²ltimos a?os ser¨¢n materializados en breve ya que, por ejemplo, varios exportadores de armas ya han recibido la comunicaci¨®n oficial del Gobierno de que, en breve, ser¨¢ prohibida la venta de armas a Paraguay y Sur¨¢frica. En este segundo caso, Espa?a ha vendido en los ¨²ltimos a?os al Gobierno racista armas cortas -la mayor¨ªa fabricadas por empresas vascas- y escopetas.

En la actualidad, los ¨²nicos vetos o embargos acordados por el Gobierno se refieren a la venta de armas pesadas a Sur¨¢frica y la exportaci¨®n de material b¨¦lico a pa¨ªses en guerra.