El Defensor del Pueblo censura la sanci¨®n aplicada a un bombero de Fuenlabrada

El Defensor del Pueblo ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Fuenlabrada, de mayor¨ªa socialista, en el que se afirma que la corporaci¨®n ha cometido diversas irregularidades administrativas y mantenido actitudes anticonstitucionales al aplicar el r¨¦gimen disciplinario al bombero Francisco Jim¨¦nez P¨¦rez, de 29 a?os, que fue sancionado con un a?o de suspensi¨®n de empleo y sueldo por insultos y amenazas a un cabo. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha decidido todav¨ªa qu¨¦ har¨¢ al respecto.

Los bomberos de Fuenlabrada mantuvieron una huelga de hambre y protagonizaron diversos incidentes, como la ocupaci¨®n del Ayuntamiento, en julio de 1985. Los bomberos protestaban por el nombramiento de un cabo de la Polic¨ªa Municipal para dirigir el cuerpo. Ped¨ªan tambi¨¦n una mayor profesionalizaci¨®n y la rebaja de siete sanciones disciplinarias impuestas que oscilaban entre los tres d¨ªas y un a?o de suspensi¨®n de empleo y sueldo.El bombero Francisco Jim¨¦nez era uno de los afectados por estas sanciones. El Defensor del Pueblo aprecia varias irregularidades en su caso. La primera de ellas es que el instructor del expediente no aceptara la prueba testifical propuesta en el pliego de descargos que present¨® en su d¨ªa Francisco Jim¨¦nez, lo que en su opini¨®n le coloca en situaci¨®n de indefensi¨®n.

Otra de las irregularidades seg¨²n el escrito, es la desproporci¨®n de la sanci¨®n. Y se compara con las impuestas a un polic¨ªa municipal. El agente hab¨ªa mantenido un altercado con unos clientes en un bar "debido a su estado de embriaguez, e intimid¨® con un arma a los presentes". Se le impuso una sanci¨®n de 45 d¨ªas de empleo y sueldo. Por el contrario, al bombero, por insultos y amenazas a un cabo -"que el instructor da como probadas sin haber practicado la prueba testifical", dice el escrito-, se le suspendi¨® de empleo y sueldo durante un a?o.

El Defensor del Pueblo estima que Francisco Jim¨¦nez tiene motivos justificados para sentirse discriminado respecto a los dem¨¢s funcionarios, y advierte al Ayuntamiento que los criterios valorativos que utiliza deben ser los mismos, cualquiera que sea el funcionario inculpado.

"Acuerdo nulo"

En el escrito se relata que el concejal de Seguridad Ciudadana y el comit¨¦ de trabajadores firmaron un acuerdo mediante el cual se reduc¨ªa la sanci¨®n a seis meses, con la condici¨®n de que Francisco Jim¨¦nez no recurriera contra ella. El Defensor del Pueblo destaca que "este acuerdo es nulo de pleno derecho", porque se tom¨® por un ¨®rgano no competente y porque condicionar la reducci¨®n a que no se recurra "supone privar ilegalmente al interesado de un derecho que la ley le concede".El Defensor del Pueblo destaca que privar de este derecho al trabajador es "una conducta claramente contraria al ordenamiento constitucional y un atentado flagrante contra el derecho a la tutela judicial consagrado por el art¨ªculo 24.1 de nuestra Constituci¨®n". El Defensor sugiere al Ayuntamiento de Fuenlabrada que se anule la sanci¨®n, se realicen las pruebas oportunas y, una vez cumplidos los tr¨¢mites reglamentarios, se imponga la sanci¨®n acorde con la gravedad de la falta, y sugiere tambi¨¦n que se anule el acuerdo firmado con el comit¨¦ de los trabajadores en aquellos puntos que son claramente ilegales.

Fuentes de los trabajadores se?alaron que no era ¨¦ste el primer caso en el que se se pon¨ªa en evidencia "la peculiar visi¨®n que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada de la justicia". El 17 de diciembre neg¨® la utilizaci¨®n de horas sindicales a los representantes de CC OO, a pesar de que este sindicato no hab¨ªa agotado el cupo de horas. El concejal de Seguridad Ciudadana y R¨¦gimen Interior contesta en un oficio a Luis G¨®mez Cano, representante sindical y miembro de la Polic¨ªa Municipal, que "quedan suprimidas las horas sindicales de todo tipo hasta nueva orden". En el Ayuntamiento de Fuenlabrada el comit¨¦ est¨¢ formado por 13 representantes, cuatro de CC OO, seis de UGT, y el resto, independientes.

Por otra parte, el socialista Fernando Fern¨¢ndez, alcalde en funciones de Fuenlabrada, asegur¨® que el Ayuntamiento todav¨ªa no ha decidido qu¨¦ va a hacer. "No queremos perjudicar al trabajador", asegur¨® el alcalde en funciones, "y el Defensor del Pueblo nos sugiere que volvamos a estudiar el caso y apliquemos una sanci¨®n acorde con la gravedad que requiere el tema, lo que supondr¨ªa de hecho elevar la sanci¨®n. Penalizarlo m¨¢s ir¨ªa en contra de los intereses del empleado y el Ayuntamiento tendr¨¢ que valorar antes de hacerlo si merece la pena".