Un descontrol p¨²blico

Est¨¢ claro que el origen de todos los abortos clandestinos que siguen produci¨¦ndose en nuestro pa¨ªs est¨¢ en la legislaci¨®n restrictiva vigente, que lleva a las mujeres a buscar v¨ªas marginales carentes de control sanitario. Sin embargo, la reciente muerte de una mujer tras ser atendida en una cl¨ªnica privada en Coslada debe hacernos reflexionar tambi¨¦n sobre las condiciones de trabajo y el control p¨²blico de las actividades sanitarias en las cl¨ªnicas privadas de Madrid, a fin de evitar equ¨ªvocos que en este caso se han producido.Para la Asociaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar de Madrid el problema del aborto es un problema de atenci¨®n a la salud materno-infantil de la poblaci¨®n. Las prestaciones de interrupci¨®n de embarazo no deben considerarse, por tanto, como actividades aisladas, sino en el marco de la atenci¨®n que reciben las mujeres en edad f¨¦rtil en los centros sanitarios, ya sean ¨¦stos p¨²blicos o privados. El funcionamiento de los equipos de salud por programas no es algo de invenci¨®n reciente, sino que es el modelo de trabajo recomendado por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y puesto en pr¨¢ctica en los pa¨ªses desarrollados a partir de los a?os setenta. Se trata de partir de un enfoque global de la salud, interrelacionando las distintas actividades. Y en este m¨¦todo de trabajo fueron pioneros los centros municipales de salud en el ¨¢mbito de la comunidad aut¨®noma de Madrid. As¨ª, cuando una mujer acude a uno de dichos centros demandando un anticonceptivo, no s¨®lo se le realizar¨¢n las exploraciones oportunas para saber si dicho anticonceptivo es inofensivo para ella, sino que adem¨¢s se le explicar¨¢n los distintos m¨¦todos posibles, se le asesorar¨¢ sobre sexualidad, prevenci¨®n de c¨¢ncer, enfermedades de transmisi¨®n sexual y se le ofertar¨¢n otras posibilidades de consulta para el futuro (preparaci¨®n al parto, vacunaciones, etc¨¦tera). Estas actividades, recientes en Espa?a en el sector p¨²blico, son casi desconocidas en el sector privado, donde normalmente a una mujer que solicita un anticonceptivo se la examina y se le receta el m¨¦todo que resulte pertinente. Sirva lo dicho hasta aqu¨ª para dejar claro que una cl¨ªnica como la de Coslada, implicada en el tr¨¢gico suceso, no es un centro de planificaci¨®n familiar, sino un lugar donde se recetan anticonceptivos, entre otras actividades.

Existe un intento interesado de desprestigiar la sanidad p¨²blica por parte de sectores que ven en la salud un negocio. La disminuci¨®n de recursos sanitarios llevada a cabo por el Gobierno del PSOE ha dado lugar a un deterioro de ciertas prestaciones sanitarias, que facilita esta labor de desprestigio. En el campo que nos afecta es evidente que listas de espera de seis meses, normales en los centros de planificaci¨®n familiar para acudir a una primera consulta, sirven de caldo de cultivo para hacer llegar a la poblaci¨®n "lo mal que est¨¢ la sanidad p¨²blica". Los trabajadores de los centros de salud somos los primeros interesados en que la planificaci¨®n familiar se integre en la red sanitaria p¨²blica para que llegue a toda la poblaci¨®n como un derecho. Por eso hemos sido los primeros en exigir un aumento de recursos sanitarios para planificaci¨®n familiar, una normalizaci¨®n de las intervenciones de ligadura de trompas y de vasectom¨ªa. Y ahora pedimos que se incluya el aborto en la red p¨²blica dentro de los programas de atenci¨®n materno-infantil.

Pero con igual claridad esta asociaci¨®n quiere expresar su profunda preocupaci¨®n por la falta de normativas que regulen las condiciones de asistencia a las mujeres y a los reci¨¦n nacidos en las cl¨ªnicas privadas. Las competencias de dicha regulaci¨®n est¨¢n atribuidas a las comunidades aut¨®nomas. En la nuestra, hasta el 12 de diciembre de 1985, fecha en que se aprob¨® el decreto sobre centros, servicios y establecimientos sanitarios, no exist¨ªa ninguna reglamentaci¨®n. Una orden posterior desarrolla dicho decreto.

Estad¨ªsticas

Asimismo, tampoco existe una regulaci¨®n suficiente de los datos estad¨ªsticos precisos para obtener indicadores b¨¢sicos del nivel de salud. En el caso concreto que nos ocupa, la reglamentaci¨®n es imprescindible, ya que en Espa?a los reci¨¦n nacidos s¨®lo son dados de alta en el Registro Civil despu¨¦s de pasadas las 24 horas de vida. ?C¨®mo se sabe entonces el n¨²mero de fetos muertos antes del parto, en el parto o despu¨¦s del mismo, y antes de las 24 horas de vida?. Te¨®ricamente la informaci¨®n es canalizada hacia el Instituto Provincial de Estad¨ªstica mediante el Bolet¨ªn de Partos, pero en la pr¨¢ctica esto se hace seg¨²n la voluntad de cada centro, produci¨¦ndose una infradeclaraci¨®n que no permite la obtenci¨®n de datos fiables. Los hospitales p¨²blicos de Madrid, por propia iniciativa, publican datos de mortalidad perinatal, neonatal y otros. Sin embargo, no nos consta que esta iniciativa exista en el sector privado madrile?o. De esta forma, el concepto de asistencia, buena o mala, queda limitado a valoraciones de gran subjetivismo, muy arriesgadas en el terreno de la salud.

En este contexto resulta dif¨ªcil realizar una valoraci¨®n t¨¦cnica del real decreto de 21 de noviembre de 1986 sobre centros sanitarios acreditados para la pr¨¢ctica legal del aborto. Resalta, no obstante, en un primer an¨¢lisis el que los centros privados puedan tener un hospital p¨²blico de referencia para atender posibles complicaciones. Es contradictorio que la sanidad p¨²blica no asuma la interrupci¨®n de embarazo y s¨ª los problemas derivados de las cl¨ªnicas privadas. Igualmente no es razonable que los abortos en centros p¨²blicos sean realizados por ginec¨®logos y con presencia de anestesista, y estos especialistas no sean requeridos en la atenci¨®n privada, seg¨²n el decreto. Claro que como tampoco se exigen para la atenci¨®n al parto, la cr¨ªtica aislada de esta insuficiencia, como ha hecho el Consejo General de Colegios M¨¦dicos, resulta puramente demag¨®gica.