El poder y la oposici¨®n

TRAS LOS cambios producidos en la c¨²pula de Alianza Popular (AP), el Gobierno se ha decidido por fin a suprimir la arbitraria figura del jefe de la oposici¨®n. Dicha figura, no prevista en la Constituci¨®n, fue introducida a comienzos de la pasada legislatura por el Gobierno socialista, a trav¨¦s de un simple decreto, en el que se determina la posici¨®n asignada en los actos oficiales al "l¨ªder del primer partido de la oposici¨®n". Con tan escu¨¢lida base jur¨ªdica, la Mesa del Parlamento adopt¨® un acuerdo por el que se habilitaba una serie de medios materiales para el titular del puesto. As¨ª es que, aparentemente, primero fueron los atributos, y luego, el ¨®rgano. Pero en realidad se trataba de algo creado expresamente para la persona que iba a ser su titular: Manuel Fraga.Se motivaba todo en la confluencia entre la obsesi¨®n formalista de Fraga por el patr¨®n de democracia que se hab¨ªa tra¨ªdo de Londres y el inter¨¦s de los socialistas por acreditar un modelo de bipartidismo en el que el otro polo fuera atribuido a alguien destinado a no ganar nunca. En resumen, un intento artificioso por perpetuar la c¨®moda situaci¨®n existente.

Las fugas producidas en el Grupo Popular, que convirtieron al Grupo Mixto en la tercera fuerza num¨¦rica de la C¨¢mara, acentuaron hasta l¨ªmites pr¨®ximos al rid¨ªculo ese cargo. En un Parlamento de 350 esca?os, resultaba grotesco que un grupo con 68 diputados disfrutara de preeminencia.

Por otra parte, la pretensi¨®n -rechazada por el presidente del Congreso- del nuevo l¨ªder de AP de celebrar el debate sobre el estado de la naci¨®n en una sesi¨®n conjunta de las dos c¨¢maras -habida cuenta de la condici¨®n de senador, y no diputado, de Hern¨¢ndez Mancha- carec¨ªa de viabilidad pr¨¢ctica. La Constituci¨®n regula de manera precisa en qu¨¦ ocasiones se celebrar¨¢n sesiones conjuntas del Congreso y el Senado, y entre ellas no figura la presentaci¨®n en sociedad de nuevos valores de la vida pol¨ªtica, por prometedores que sean.

Pero si la modificaci¨®n de la normativa constitucional sobre esa u otras cuestiones no est¨¢ en las manos del presidente del Congreso, s¨ª lo est¨¢, en cambio, la iniciativa para reformar, a la luz de la desgraciada experiencia reciente, el reglamento de la C¨¢mara. El Parlamento, tal como funciona actualmente, con la enorme mayor¨ªa de los diputados convertidos en testigos mudos de lo decidido por los estados mayores de los partidos que los designan candidatos, se muestra incapaz de reflejar, como ser¨ªa su misi¨®n, las preocupaciones sociales y pol¨ªticas de los ciudadanos. Representa mal la pluralidad ideol¨®gica de la sociedad espa?ola y en absoluto sirve, por su lentitud, como mecanismo de control del Ejecutivo. Si la disidencia social tiende a expresarse por v¨ªas paralelas es porque el conflicto, consustancial a toda sociedad democr¨¢tica y abierta no halla cauces de expresi¨®n en las Cortes.

Para revitalizar la vida parlamentaria y detener el desgaste de legitimidad de la instituci¨®n m¨¢s caracter¨ªstica del r¨¦gimen democr¨¢tico es imprescindible devolverle su vocaci¨®n originaria de parlamento: lugar de confrontaci¨®n y di¨¢logo. Ello implica, en primer lugar, cambiar la actual normativa sobre los grupos parlamentarios a fin de acabar con el rid¨ªculo del actual Grupo Mixto. Pero tambi¨¦n potenciar las comisiones de investigaci¨®n sobre asuntos de inter¨¦s p¨²blico y agilizar las de control del Gobierno. En este sentido, la dejadez y apat¨ªa que el partido socialista y el presidente del Congreso exhiben ante este problema, que les garantiza una comodidad de ejercicio paralela a la ineficacia del sistema, es grave.