El recurso contra el aborto intenta proteger a la mujer de s¨ª misma, seg¨²n Moscoso

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ha solicitado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo la desestimaci¨®n total del recurso interpuesto por la asociaci¨®n Acci¨®n Familiar contra el decreto de 21 de noviembre de 1986, que liberaliz¨® la pr¨¢ctica del aborto. El fiscal niega que dicho decreto vulnere ning¨²n derecho fundamental reconocido por la Constituci¨®n Espa?ola y considera, en cambio, que, con su recurso, Acci¨®n Familiar "intenta", dice, "proteger a las mujeres contra s¨ª mismas".

La primera consecuencia de la impugnaci¨®n por Acci¨®n Familiar del citado decreto fue la suspensi¨®n cautelar de la vigencia del mismo, decidida por la Sala Tercera del Supremo hasta tanto se resuelve sobre el fondo. Las alegaciones formuladas ahora ante esta sala por el fiscal recuerdan el marco jur¨ªdico dise?ado por la ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto y afirman que el decreto impugnado "cumple escrupulosamente" adem¨¢s con las recomendaciones realizadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la materia.Seg¨²n el fiscal, el decreto impugnado viene precisamente a proteger adecuadamente el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres embarazadas, su integridad f¨ªsica y moral, su libertad de ideas y creencias, su intimidad personal y familiar, todos ellos "derechos fundamentales de la mujer recogidos en la Constituci¨®n espa?ola ( ... ) a cuya efectividad el Estado debe contribuir".

El fiscal alega que tales derechos fundamentales, de la mujer embarazada "pod¨ªan quedar vulnerados en la pr¨¢ctica por las actuaciones de esas comisiones de evaluaci¨®n, que se constitu¨ªan en int¨¦rpretes de esos derechos fundamentales y que pod¨ªan obligar a las mujeres a correr el riesgo del aborto clandestino".

Por el contrario, asegura que el decreto recurrido deja en plena libertad a la mujer embarazada "para decidir si interrumpe o no su embarazo y no coarta, ni mucho menos obliga a ninguna mujer a tener que acudir a los tr¨¢mites m¨¦dicos y administrativos que el real decreto desarrolla".

El escrito del fiscal se?ala que cuando la mujer asume tanto el riesgo del embarazo como el de su interrupci¨®n "est¨¢ ejecutando un derecho individual de las mujeres que, en el caso de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, entra en colisi¨®n con los bienes jur¨ªdicos del feto o embri¨®n humano, que no es titular preeminente de derechos y libertades fundamentales, como ya est¨¢ constitucionalmente declarado".

El fiscal se?ala que en el conflicto entre "los derechos fundamentales de la mujer embarazada y un bien jur¨ªdico protegido que es la vida humana en formaci¨®n", prevalecen los primeros, cuya garant¨ªa pretende asegurar el decreto recurrido. A?ade que lo que el decreto impugnado "pretende evitar son los abortos clandestinos, en p¨¦simas condiciones sanitarias, que son los que realmente atentan contra la vida y la salud".

El acuerdo de la sala de gobierno del Tribunal Supremo, por el que la sala tercera debe remitir a la quinta esta causa cuando se encuentre pendiente de deliberaci¨®n y fallo, est¨¢ recurrido en alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha designado ponente al vocal Pablo Garc¨ªa Manzano.