Serie negra en Palencia

EL JUEZ que instruye el sumario sobre el secuestro del concejal palentino Rafael Becerril ha declarado secretas las diligencias relativas al caso. Los datos que van conoci¨¦ndose, incluyendo las declaraciones de varios de los presuntamente implicados, dibujan, sin embargo, un cuadro lo suficientemente tenebrista como para recordar ciertas estampas de embrollo pol¨ªtico, econ¨®mico,y hamp¨®n popularizadas por el cine italiano. Pero con un cariz chusco que exigir¨ªa quiz¨¢ la presencia de actores como Sordi.En febrero de 1984, dos concejales del Ayuntamiento de Palencia pertenecientes al Grupo Popular, entonces mayoritario, unieron sus votos a los de la oposici¨®n en su negativa a otorgar la licencia municipal a unas obras promovidas por el constructor local y presidente de la Confederaci¨®n Palentina de Organizaciones Empresariales, Jes¨²s Pascual, ya fallecido. Dicho empresario hab¨ªa apoyado econ¨®micamente la candidatura a la alcald¨ªa de Francisco Jambrina, independiente incluido en las listas de Coalici¨®n Popular y militante hoy de AP. Los dos ediles, David Rodr¨ªguez Enciso y Rafael Becerril, acabar¨ªan d¨¢ndose de baja de su grupo, manteni¨¦ndose en la corporaci¨®n como independientes. Ello hizo variar la relaci¨®n de fuerzas en el Ayuntamiento, y la oposici¨®n, con 13 concejales, pudo bloquear las iniciativas del alcalde y su grupo, que pas¨® a disponer de 12 votos, e incluso logr¨® hacer aprobar una moci¨®n de censura contra Jambrina.

A partir de la crisis, los dos disidentes, pero en particular Rafael Becerril, fueron v¨ªctimas de diversas acciones amedrentadoras (pintadas insultantes, amenazas telef¨®nicas, rotura de cristales en la farmacia propiedad del segundo), que culminar¨ªan con el secuestro de Becerril, en noviembre de 1985. Fuentes policiales han informado que Miguel S¨¢nchez, empresario hostelero de Venta de Ba?os y ex presidente del comit¨¦ local de Alianza Popular, y Julio Calvo, hijo de un ex alcalde de AP de la localidad de Vertavillo, fueron los inductores de las primeras acciones de ese tipo mediante el pago de 5.000 pesetas a los autores, conocidos por su ideolog¨ªa ultraderechista. En cuanto al presunto secuestro, la declaraci¨®n de la v¨ªctima precisa que los dos encapuchados que le retuvieron a punta de pistola durante horas, le amenazaron con matarle si en un plazo de 24 horas no dimit¨ªa como concejal.

Las investigaciones policiales desembocaron en la detenci¨®n de Enrique Alonso, teniente de alcalde y presidente de la Comisi¨®n de Hacienda, y de Gonzalo Castro, tambi¨¦n militante aliancista, como presuntos inductores de la detenci¨®n ilegal. El juez ha decretado prisi¨®n incondicional para Castro, que ha reconocido su participaci¨®n y ha implicado a Alonso y tambi¨¦n indirectamente al alcalde, y libertad bajo fianza, por falta de pruebas, para el otro. La crisis surgida en febrero de 1984 ha marcado los avatares de la vida municipal durante los dos ¨²ltimos a?os, incluyendo la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 1984 y 1985. Palencia es, por otra parte, una ciudad de 65.000 habitantes, por lo que es de suponer que las pintadas y dem¨¢s agresiones y amenazas de que fueron v¨ªctimas los concejales disidentes no pasar¨ªan inadvertidas. Pese a ello, no consta que la direcci¨®n de AP, en cualquiera de sus niveles, iniciara una investigaci¨®n sobre lo que estaba ocurriendo, ni siquiera tras la denuncia del presunto secuestro: los ex compa?eros de Becerril extendieron la idea de que se trataba de un invento del propio concejal.

Todav¨ªa la semana pasada, cuando ya eran p¨²blicas las informaciones sobre los resultados de la investigaci¨®n policial y el reconocimiento por parte de uno de los detenidos de su participaci¨®n en el secuestro, los concejales aliancistas se limitaron a difundir un comunicado en el que se acusaba a la gobernadora de buscar "rentabilidad pol¨ªtica a un secuestro que nunca ha pasado del rumor, el chiste y el comentario". S¨®lo el pasado fin de semana, la ejecutiva provincial de Nuevas Generaciones, a cuya directiva pertenec¨ªan Alonso y Castro (sus edades son de 26 y 22 a?os, respectivamente), se decidi¨® a proponer la suspensi¨®n provisional de militancia de ambos. La primera intervenci¨®n de la direcci¨®n nacional de AP no se produjo hasta el lunes 16, cuando el vicepresidente Alberto Ruiz Gallard¨®n ofreci¨® la colaboraci¨®n del partido.

Cualquiera que sea en su d¨ªa el veredicto de los tribunales, el episodio ha puesto ya de relieve las conexiones de miembros de AP con sectores de la ultraderecha local m¨¢s o menos relacionados a su vez con el mundo de la delincuencia. Tambi¨¦n algunos de los hilos que comunican las iniciativas de determinados cargos p¨²blicos con intereses particulares. Por ello, la nueva direcci¨®n de AP est¨¢ obligada a intervenir si quiere ilustrar con algo m¨¢s que con palabras la voluntad de renovaci¨®n proclamada, no sea que las caras risue?as en la capital sean compatibles con el mantenimiento en provincias de comportamientos caciquiles apoyados en la acci¨®n de las bandas de la porra.