Procesado el consejo de Puente Cultural por presunta falsedad en documento mercantil

Los tres miembros del Consejo de Administraci¨®n de Inmobiliaria Puente Cultural, as¨ª como la persona que les proporcion¨® las acciones mediante las que dominan la empresa, han sido procesados por presunta falsedad en documento mercantil. La querella surgi¨® de entre los casi cinco millares de accionistas que invirtieron hace m¨¢s de 10 a?os 2.000 millones de pesetas en la sociedad, de la que perdieron el control tras renunciar durante a?os al dividendo con el fin de que pudiera ser saneada.

Despu¨¦s de haber archivado hace a?o y medio el procedimiento seguido contra el consejo de administraci¨®n de Inmobiliaria Puente Cultural, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 30 de Madrid, Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n, acaba de dictar el auto de procesamiento de Alejandro Fuentes Due?as, presidente; ?ngel N¨²?ez Calvo, vocal; Yolanda Mart¨ªn Pereira, secretaria, y Ram¨®n Fiter Autet, quien les proporcion¨® las acciones por las que dominaban la empresa.Los cuatro procesados, que han quedado en libertad provisional, deber¨¢n responder de las presuntas falsedades en documento mercantil que les permitieron revocar al anterior consejo. Para ello, s¨®lo contaban con una m¨ªnima parte de las acciones que integran el capital de Inmobiliaria Puente Cultural. La gran mayor¨ªa de los accionistas unos se enteraron despu¨¦s de la operaci¨®n.

El auto de procesamiento se?ala que, con la intenci¨®n de modificar el normal tr¨¢fico mercantil, Ram¨®n Fiter Autet se puso de acuerdo con los otros tres implicados para convocar una junta general universal -la formada por el 100% del capital- en la que, el 13 de mayo de 1986, se revocar¨ªan todas las delegaciones y poderes del anterior consejo y se nombrar¨ªan ellos mismos nuevo consejo de administraci¨®n.

"A pesar de saber que exist¨ªan dos millones de acciones", seg¨²n el auto, la convocatoria s¨®lo estaba respaldada por las 2.000 acciones de 1.000 pesetas de nominal que Fiter Autet hab¨ªa adquirido el 23 de septiembre de 1983 y que cedi¨® d¨ªas antes de la junta a las otras tres personas, ahora procesadas. El problema jur¨ªdico se centra en que, mientras estas acciones estaban registradas, las pose¨ªdas por la masa de los accionistas no hab¨ªan sido inscritas en el Registro.

Casi todos los afectados, que han sido convocados para concentrarse en Madrid hoy lunes, tienen la condici¨®n de accionistas desde hace 10 a?os, cuando la empresa empezaba a atravesar problemas econ¨®micos. Invirtieron su dinero a partir del a?o 1973, a trav¨¦s de la f¨®rmula de cuentas en participaci¨®n por las que se les ofrec¨ªa un inter¨¦s del 10%. Gracias a su dinero, la empresa adquiri¨® principalmente media docena de hoteles.

Cuando los ingresos de la sociedad no alcanzaban para pagar los intereses prometidos, los administradores les propusieron transformar sus cuentas de participaci¨®n en acciones, t¨ªtulos que durante los ¨²ltimos 10 a?os no fueron registrados.Con tal de cumplir con acreedores y propietarios, la empresa aguant¨® mediante la hipoteca de propiedades y revalorizaci¨®n de activos. Pero al no haber dinero para pagar los cr¨¦ditos hipotecarios, empezaron las subastas. Por escapar a ella y devolver deudas, los accionistas han aguantado siete a?os sin dividendo.

Seg¨²n una carta enviada por el presidente ahora procesado con fecha 26 de diciembre ¨²ltimo, los auditores (la firma CPA Touche Ros) "han determinado que la masa Patrimonial queda reducida al 7,2% de su valor contable. Alejandro de la Fuente esgrim¨ªa las reservas de los auditores para a?adir que se podr¨ªa reducir "a¨²n m¨¢s el valor de las participaciones".

Por el contrario, algunos accionistas afirman que el valor patrimonial debe ser superior al 80% o 90%.

En este contexto, varios centenares de accionistas han firmado un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el que, tras manifestarse en "una total indefensi¨®n" y con escasos recursos, dicen que s¨®lo les "faltaban 86 millones de pesetas para sanear la empresa".