La ofensiva de las mil huelgas

LA MAREA de conflictos laborales y sociales que sacude en estas fechas a Espa?a culmin¨® ayer con la paralizaci¨®n de los transportes p¨²blicos y una serie de manifestaciones en el centro de la capital del Estado.A la huelga de la sanidad p¨²blica, a los paros en casi todos los niveles de la ense?anza estatal y a la situaci¨®n conflictiva en otros sectores productivos, como la construcci¨®n y el siderometal¨²rgico, han venido a sumarse, para desesperaci¨®n de los usuarios, la huelga del Metro de Madrid y las de las grandes compa?¨ªas del transporte: Renfe, Iberia, Aviaco y FEVE (Ferrocarriles de V¨ªa Estrecha). El resultado en este ¨²ltimo caso ha sido la imposibilidad de viajar de entre 350.000 y 500.000 ciudadanos y la alteraci¨®n de los planes de desplazamiento de otro mill¨®n de ellos con vistas al disfrute de los d¨ªas vacacionales de Semana Santa. Sean 200.000 u 800.000, seg¨²n dice el Gobierno o afirman los sindicatos, los trabajadores que han participado en las huelgas de ayer, las incomodidades producidas al conjunto de la poblaci¨®n no han podido resultar mayores ni m¨¢s discutible la oportunidad y la racionalidad de estas protestas.

Toda esta agitaci¨®n social -que previsiblemente volver¨¢ a reproducirse en plena Semana Santa- muestra su exuberancia en unos d¨ªas en que decenas de miles de espa?oles se aprestan a descansar o acuden a visitar a sus familiares en sus lugares de origen; tambi¨¦n es cuando el turismo extranjero aumenta su flujo hacia la Pen¨ªnsula. Por eso, si el perjuicio que esta situaci¨®n produce a los usuarios -en absoluto responsables de la gesti¨®n de las empresas en huelga ni de la pol¨ªtica por la que se protesta- es muy grave, no son desde?ables tampoco las p¨¦rdidas econ¨®micas que genera y que se vuelven nuevamente contra el ciudadano cuando paga sus impuestos a Hacienda y contribuye a cubrir los generosos d¨¦ficit de las empresas p¨²blicas.

Seg¨²n coinciden fuentes sindicales y empresariales, en los tres primeros meses del a?o en curso, el coste de las huelgas ha sido de unos 70.000 millones de pesetas, de los que las tres cuartas partes corresponden a empresas y servicios del sector p¨²blico. Y es el espa?ol medio quien fundamentalmente paga, con ello, el deterioro de la situaci¨®n. La racionalidad y la fe

Todo este ingente c¨²mulo de da?os se produce cuando el hecho causante de los mismos, el tope salarial del 5% impuesto o recomendado por el Gobierno, se desmorona. El propio ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, su defensor m¨¢s ardiente, ha declarado que "nadie ha hecho un acto de fe en lo del 5%". Si esto es una rectificaci¨®n, siquiera formal, del Gobierno ante la presi¨®n sindical, puede y debe tomarse como un acto de elogiable realismo antes que como una claudicaci¨®n. Porque, evidentemente, dentro de las obligaciones del Gobierno entra la de fijar los grandes objetivos de la econom¨ªa nacional y defenderlos ante los distintos agentes sociales y ante la opini¨®n p¨²blica. Pero eso es una cosa y otra es entrar en la batalla que su pol¨ªtica econ¨®mica inevitablemente genera entre los distintos grupos, hasta tomar partido por uno de ellos.Parece verdad que, dada la incidencia que tienen los salarios sobre los costes de producci¨®n en la mayor¨ªa de los sectores, un aumento general del 7%, como los sindicatos piden, har¨ªa imposible el objetivo de una inflaci¨®n del 5%. Otros factores, como el precio de las importaciones, especialmente el mercado de materias primas, tendr¨ªan que contribuir con su disminuci¨®n a contrarrestar una subida salarial de ese nivel. Pero a¨²n aceptando este razonamiento, s¨®lo ahora el Gobierno y su ministro de Econom¨ªa comienzan a demostrar una cierta flexibilidad que era necesaria desde el primer momento, y que habr¨ªa paliado la p¨¦rdida de jornadas y su efecto negativo sobre la productividad.

Admitido este componente de torpeza por parte de la Administraci¨®n, ser¨ªa injusto ignorar que estas huelgas padecidas directamente por la sociedad espa?ola son tambi¨¦n, en un alto porcentaje, pol¨ªticas, y en general responden a un sentimiento m¨¢s corporativista que de solidaridad. Por un lado, Comisiones Obreras y UGT parecen querer saldar as¨ª sus particulares y diferentes cuentas con el Gobierno. Por otro, sectores como el de la sanidad o el de la ense?anza son agitados desde ideolog¨ªas contrapuestas, en ocasiones ancladas en la veneraci¨®n al r¨¦gimen franquista, y al hilo de los intereses concretos -y no siempre altruistas o comunitarios- de los cuerpos profesionales que los integran.

La mayor incidencia de las huelgas en las empresas p¨²blicas, en las que la gesti¨®n sigue siendo lamentable, la disciplina laboral poco eficiente y las gabelas hist¨®ricas -en algunas de ellas- harto discutibles en t¨¦rminos de justicia distributiva, pone de relieve lo que decimos. La contemplaci¨®n de centenares de m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica que huelgan y se manifiestan por la ma?ana y acuden por la tarde a sus consultas o cl¨ªnicas privadas habla tambi¨¦n a las claras de los motivos que promueven determinadas protestas.

Otro asunto es el del sector de los transportes p¨²blicos. Espa?a entera se encuentra con frecuencia convertida en reh¨¦n de los problemas de cuatro grandes compa?¨ªas que intentan resolver sus diferencias internas, aunadas a problemas de deficiente gesti¨®n, sobre las espaldas de los indefensos ciudadanos.

A todo ello hay que a?adir la intencionalidad s¨¢dica que revela la multiplicaci¨®n de los efectos de los conflictos mediante la convergencia de los mismos en fechas en que m¨¢s da?o se pueda producir a la poblaci¨®n, y mayor deterioro a los ingresos por turismo, esenciales para la econom¨ªa de este pa¨ªs.

El resultado no puede ser peor para todos. No s¨®lo lo que se pretend¨ªa salvaguardar con el mantenimiento a ultranza del 5% amenaza con evaporarse, y con creces, debido a los conflictos. La calle -y notablemente la calle de Madrid- es un hervidero y un caos desde hace meses. Y a escala nacional, la proliferaci¨®n de secuestros de empresarios por parte de trabajadores descontentos, y hasta de motines populares como el de Reinosa, son datos que deben hacer pensar seriamente sobre el car¨¢cter cr¨ªtico de u?a situaci¨®n que necesita respuestas pol¨ªticas y no s¨®lo lamentos.

El ciudadano espa?ol, disfrute o no de estos d¨ªas de vacaciones, ha de deducir, en medio del caos, una idea neta. La impresi¨®n es que el di¨¢logo entre la sociedad civil y el poder se ha deteriorado preocupantemente; tanto, como para desembocar en un conflicto que nadie cabalmente desea.

La irresponsabilidad de algunas movilizaciones se une a la irritante pasividad gubernamental en evitar los trastornos. Pasividad que, sin embargo, contrasta con la actividad desplegada a la hora de pretender dictar la pol¨ªtica econ¨®mica.

Ahora el Gobierno declara que har¨¢,todo lo posible para impulsar las v¨ªas de negociaci¨®n en los conflictos planteados. Ya dice el refr¨¢n que nunca es tarde si es buena la dicha. Por lo mismo, es de esperar de la direcci¨®n de los sindicatos, a veces debordada por la acci¨®n de grupos violentos y por el sentimiento corporativo de parte de sus afiliados, que regresen a la racionalidad en sus protestas.