Oscuridad sobre el empleo p¨²blico

SEG?N ESTIMACIONES del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), el n¨²mero de asalariados por cuenta de las administraciones p¨²blicas aument¨® en 105.000 personas durante el pasado a?o, hasta situarse en 1.375.000. El a?o anterior ingresaron en n¨®mina 114.200 funcionarios. Un incremento anual de cerca del 10%, en un sector ya inflado de personal y escasamente productivo, no ha merecido la m¨¢s m¨ªnima explicaci¨®n oficial. Hace un a?o, el Ministerio de Econom¨ªa intent¨® explicar las causas de este aumento, aunque con escaso resultado, pues sus datos sobre el empleo p¨²blico distaban de cuadrar con los del INE. Ahora, ni eso.Ya entonces se dijo que los datos del INE no tienen por qu¨¦ coincidir necesariamente con los listados de personal de las administraciones p¨²blicas. El INE elabora su Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA) con las respuestas trimestrales de una muestra de 60.000 familias, m¨¢s amplia que ninguna otra encuesta p¨²blica o privada. Pero si desde esferas oficiales se cuestiona la precisi¨®n de sus resultados, carece de justificaci¨®n el que otros datos de la EPA se utilizaran en el debate sobre el estado de la naci¨®n para decir que el paro hab¨ªa disminuido en unas 50.000 personas durante 1986, especialmente cuando los registros de las oficinas de empleo arrojaban un incremento del desempleo pr¨®ximo a las 150.000 personas.

Si los responsables de un colectivo que crece a?o tras a?o son incapaces de dibujar n¨ªtidamente sus dimensiones y menos de justificarlas, no es de extra?ar que cunda la sensaci¨®n de que la ineficacia de la Administraci¨®n aumenta al mismo ritmo en que engordan sus plantillas. Pero si ello supondr¨ªa un agravio injustificado para muchos funcionarios ejemplares, no lo es para quienes fueron elegidos para modernizar la Administraci¨®n y ponerla al servicio de los ciudadanos.

Esperemos que alguien se sienta impulsado a romper el silencio y a tratar de explicar los datos del INE. De ¨¦stos se desprende adem¨¢s la observaci¨®n de que el descenso del empleo en el sector p¨²blico empresarial (a finales de 1986 trabajaban en las empresas p¨²blicas 66.500 personas menos por efecto de la privatizaci¨®n de Seat y otras empresas o de los procesos de reconversi¨®n) no ha servido para nada si paralelamente se han incrementado las plantillas en las ¨¢reas administrativas.

Por ahora, tanto el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda como el de Administraciones P¨²blicas, que tan celosamente se disputaban al elaborar los Presupuestos de 1987 las competencias econ¨®micas sobre los funcionarios, han dado la callada por respuesta; s¨®lo han afirmado que la oferta p¨²blica de empleo en la Administraci¨®n central fue de unos 30.000 puestos. Hasta el INE, que con motivo de las discrepancias estad¨ªsticas de a?os pasados recibi¨® ¨®rdenes de seguir la evoluci¨®n detallada del empleo en los ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas -tan administraciones p¨²blicas como las del Estado o la Seguridad Social-, se ha negado ante este peri¨®dico a detallar m¨¢s sus cifras.

Tampoco parece v¨¢lido se?alar, como de rond¨®n y sin respaldo documental, que los mayores incrementos de empleo p¨²blico han procedido de las comunidades aut¨®nomas. No ser¨ªan menos injustificados, entre otras razones, porque ya ha terminado el proceso de descentralizaci¨®n administrativa que provoc¨® una transferencia de 400.000 funcionarios desde las administraciones centrales a las auton¨®micas. En todo caso, esta oscuridad en nada ayuda a erradicar de la opini¨®n p¨²blica la sensaci¨®n de que el Estado de las autonom¨ªas no ha hecho sino engordar m¨¢s todav¨ªa la burocracia estatal.