Sufrimientos en el aer¨®dromo

LOS CIUDADANOS espa?oles, en v¨ªsperas de la presentaci¨®n de su declaraci¨®n de la renta, se sentir¨¢n leg¨ªtimamente indignados si pretenden utilizar el transporte a¨¦reo p¨²blico. Los pasajeros, antes de acudir al aeropuerto, deben hacer acopio de altas dosis de paciencia ante la huelga de celo de los empleados de Iberia y Aviaco, y, en el caso de Barajas, hacerse a la idea de tener que transitar por un vertedero. La llamada huelga de celo, consistente en extremar las formalidades previstas en los reglamentos hasta l¨ªmites incompatibles con el desarrollo normal de las funciones previstas, carece de existencia legal en nuestro ordenamiento jur¨ªdico. M¨¢s concretamente, su pr¨¢ctica como forma de presi¨®n laboral est¨¢ expresamente prohibida en Espa?a, como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses. Pero que carezca de existencia legal no significa que sus efectos no sean visibles, por m¨¢s que el ministro de Transportes, Abel Caballero, prefiera hacerse el distra¨ªdo. Treinta mil usuarios se vieron afectados por retrasos superiores a 30 minutos el segundo d¨ªa de huelga.En el aeropuerto de Barajas esos efectos, agravados por la paralela huelga de la contrata de limpieza, iniciada el martes, permiten que la primera estampa de la realidad espa?ola puesta ante los ojos de gran parte de nuestros visitantes extranjeros sea la de la cochambre nacional. El aeropuerto, inc¨®modo de por s¨ª, aparece decorado con elementos m¨¢s propios del arte povera: restos de comida, papeles grasientos, cajetillas vac¨ªas de tabaco y retales de cualquier cosa. Y como los efectos son acumulativos, la imagen ¨²ltima que de Espa?a llevar¨¢n esos turistas a su regreso ser¨¢, si la cosa no se remedia, la de un monumento a la desorganizaci¨®n. Los retrasos visibles de la huelga invisible se ir¨¢n haciendo paulatinamente mayores y la suciedad m¨¢s insoportable. Sufrir¨¢ con ello la credibilidad de esa decisiva partida de nuestra econom¨ªa y sufrir¨¢n los usuarios nacionales, obligados una vez m¨¢s a asumir el papel de involuntarios transmisores de la presi¨®n de los huelguistas.

De ah¨ª que la actitud de los trabajadores de Iberia y Aviaco tenga m¨¢s de abuso que de ejercicio de un derecho leg¨ªtimo. Pero no puede decirse que la direcci¨®n de ambas compa?¨ªas p¨²blicas est¨¦ exenta de responsabilidad. Tras las declaraciones contradictorias sobre la famosa barrera del 5%, ya no se sabe bien d¨®nde acaba la virtud y comienza el pecado. Un punto de incremento separa ahora las posiciones de trabajadores y empresas. En pesetas: 900 millones. Bastante menos que las p¨¦rdidas contabilizadas por efecto de la huelga.

Pero la actualidad de esta huelga ha puesto tambi¨¦n de relieve un problema m¨¢s de fondo. En las sociedades modernas existe una serie de colectivos laborales que, por la especializaci¨®n de su tarea o el papel estrat¨¦gico de la funci¨®n que desempe?an, acumulan un poder inmenso no sometido a control social alguno. En ocasiones, ese poder de algunos particulares puede ser contrarrestado a la larga por los mecanismos del mercado: el p¨²blico, cansado del abuso, puede dejar de comprar un producto o utilizar un determinado servicio, acudiendo a la tienda de al lado. Pero esa posibilidad no existe en el caso de Iberia y Aviaco, compa?¨ªas p¨²blicas que act¨²an en r¨¦gimen de monopolio.

Por ello mismo, los sindicatos y los trabajadores de ambas sociedades -que ciertamente no figuran entre los colectivos laborales m¨¢s desfavorecidos, pese a haber acumulado a sus espaldas miles de millones de p¨¦rdidas- est¨¢n moralmente obligados a dosificar cuidadosamente el recurso a esa raz¨®n ¨²ltima de las relaciones industriales que es la huelga. Pues no se trata de huelgas destinadas a presionar directamente al empleador, en este caso el Gobierno, sino de ejercer un indigno chantaje contra los ciudadanos. La situaci¨®n de los transportes p¨²blicos en Espa?a comienza a hacerse insoportable y el Gobierno est¨¢ obligado a intervenir con mayor decisi¨®n. Contar¨ªa con el apoyo de la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n, harta ya de tanta chapuza. Si su creciente desprestigio no preocupa a los promotores de estos abusos, all¨¢ ellos. Pero el Gobierno no puede limitarse a mirar para otro lado.