Un acuerdo necesario

EL ACUERDO suscrito entre el Ministerio de Sanidad y la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos (CESM) abre las puertas a la esperanzade la necesaria normalizaci¨®n en la sanidad p¨²blica espa?ola, agitada en los ¨²ltimos meses por un conflicto en el que se mezclaban reivindicaciones estrictamente laborales con otras de mayor calado, a las que no eran ajenas las pretensiones de un sector de la clase m¨¦dica de erigirse en ¨¢rbitro de la reforma sanitaria que reclama la sociedad espa?ola. La cadena de huelgas de los ¨²ltimos meses ha provocado no s¨®lo un deterioro de la sanidad p¨²blica espa?ola, sino de la propia imagen de los m¨¦dicos.El acuerdo suscrito tiene, en principio, la bondad de potenciar el car¨¢cter de dedicaci¨®n exclusiva a la medicina p¨²blica, fijando unos salarios dignos para los profesionales que libremente han optado a un cargo en la Administraci¨®n. El acuerdo supone que aquellos m¨¦dicos que opten por la dedicaci¨®n exclusiva y realicen las guardias ganar¨¢n tanto, y en algunos casos m¨¢s, que otros titulados -universitarios de los cuerpos de elite de la Administraci¨®n del Estado. El acuerdo supone para aquellos facultativos que opten por la dedicaci¨®n exclusiva un aumento de sueldo de 900.000 pesetas anuales para los m¨¦dicos adjuntos, un mill¨®n de pesetas para los jefes de secci¨®n y 100.000 pesetas para los jefes de servicio y departamento. Posiblemente habr¨¢ profesionales m¨¦dicos que consideren insuficiente, desde el punto de vista econ¨®mico o profesional, el horizonte que ofrece la sanidad p¨²blica espa?ola. Todos ellos tienen abierta la posibilidad de desarrollar, desde la iniciativa privada, su l¨¦gitimo derecho a beneficiarse econ¨®micamente por la calidad de sus prestaciones y de sus conocimientos profesionales. Pero lo que es dificilmente justificable es que se quiera mantener una renta garantizada del Estado, por unas horas en los hospitales o en las consultas p¨²blicas, combin¨¢ndola con una dedicaci¨®n privada donde desarrollar la fuente principal de sus ingresos. Es una flagrante obviedad recordar la legitimidad del deseo de promoci¨®n personal, pero tal vez no est¨¦ de m¨¢s se?alar que ello no puede hacerse a costa de generar una visi¨®n catastrofista del funcionamiento y estructuras del sistema sanitario p¨²blico y del desprestigio del mismo ante la opini¨®n p¨²blica. Porque, hoy por hoy, la red sanitaria p¨²blica, con todas sus limitaciones y carencias, es el dispositivo sanitario de mayor calidad de nuestro pa¨ªs.

El Estado tiene la obligaci¨®n de garantizar un servicio p¨²blico de salud que no discrimine a la poblaci¨®n por motivos socioecon¨®micos a la hora de su acceso a las prestaciones sanitarias, debe mejorar tanto la asistencia como la calidad asistencial y corregir una, situaci¨®n en la que se mantienen graves desigualdades en, el acceso a la salud en las distintas comunidades aut¨®nomas. El acuerdo suscrito no es la panacea para todos estos graves problemas. Pero sin ¨¦l, la necesaria reforma de las estructuras del sistema sanitario p¨²blico ser¨ªa imposible. Las voces y los criterios de los m¨¦dicos que han optado por trabajar en la funci¨®n publica deben ser escuchados y deben articularse los canales necesarios para que los profesionales de la salud puedan contriburr a la mejora de un servicio p¨²blico tan esencial. Porque la sociedad espa?ola no puede permitirse el lujo de asistir a un interminable conflicto en el que unos funcionarios de rango universitario reclamen para s¨ª una situaci¨®n que no tiene ning¨²n otro cuerpo del Estado.