El fiscal pide por segunda vez la anulaci¨®n del juicio contra los directivos de Renta Catalana

El fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona ha solicitado que se anide por segunda vez la vista oral que se celebr¨® ayer contra los hermanos Ignasi y Antoni Baquer, F¨¨lix Mar¨ªa Millet y Eduard Guill¨¦n, responsables de la sociedad de inversiones Renta Catalana, a quienes se les juzg¨® por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, estafa, falsedad y apropiaci¨®n indebida, presuntamente cometidos cuando la sociedad dej¨® de cumplir sus compromisos con los inversionistas. Por estos hechos el ministerio p¨²blico reclama un total de 46 a?os de prisi¨®n y 1.000 millones de indemnizaci¨®n. El fiscal reclam¨® la nulidad del procedimiento alegando que la sala hab¨ªa cometido irregularidades procesales.

El juicio contra los cuatro m¨¢ximos responsables de la inversora Renta Catalana se celebr¨® por primera vez el 24 de octubre de 1984 en la Audiencia de Barcelona. Seis meses despu¨¦s el Tribunal Supremo acord¨® la anulaci¨®n de la vista y de la sentencia, por considerar que los hechos juzgados en aquella ocasi¨®n deb¨ªan de examinarse conjuntamente con otras supuestas irregularidades cometidas por los administradores de la sociedad al vender parte de su patrimonio.Estas supuestas irregularidades estaban siendo investigadas por el juzgado de Figueres(Gerona) y, en opini¨®n de los abogados querellantes, hab¨ªan beneficiado a Banca Catalana, uno de los acreedores m¨¢s importantes de Renta Catalana, y perjudicado a los peque?os inversionistas, que perdieron sus ahorros.

Ayer, minutos antes de que se repitiese el juicio oral, el fiscal entreg¨® a los magistrados un escrito pidiendo la suspensi¨®n de la vista y la anulaci¨®n de los ¨²ltimos tr¨¢mites procesales, por considerar que se, hab¨ªan transgredido, gravemente la ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constituci¨®n. La sala desestim¨® la petici¨®n y orden¨® la celebraci¨®n del juicio, por lo cual el ministerio p¨²blico presentar¨¢ una reclamaci¨®n ante el Tribunal Supremo. El fiscal Antoni Gisbert, en un descanso de la vista, coment¨® que probablemente el juicio deber¨ªa celebrarse por tercera vez.

El presidente de la sala, Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, y los abogados defensores impusieron al juicio un ritmo muy acelerado, realizando escasas preguntas a los encausados, rechazando a los testigos, y remiti¨¦ndose a las preguntas y respuestas recogidas durante la instrucci¨®n del sumario. Las declaraciones de los testigos, entre ellos el diputado de la Minor¨ªa Catalana Josep Maria Trias de Bes y los ex directivos de Banca Catalana Esteve Renom Pulit y Manuel Ingla Torra, no. aportaron ning¨²n elemento importante que permitiera aclarar lo sucedido en la gesti¨®n de Renta Catalana o las posibles relaciones con Banca Catalana, presumiblemente establecidas a trav¨¦s de las sociedades Cohabitat y Laira. A la vista no acudi¨® Joaquim Molins, conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat, que hab¨ªa sido tambi¨¦n citado como testigo y que durante una ¨¦poca form¨® parte del consejo de, administraci¨®n de la sociedad Renta Catalana.

Una vieja sentenda

Los abogados defensores y acusadores coincidieron en asegurar que los magistrados repetir¨¢n la sentencia dictada en el mes de octubre de 1984, en la que se absolvi¨® a los acusados del delito de apropiaci¨®n indebida, considerado, como el m¨¢s grave, y se conden¨® s¨®lo a Ignasi Baquer Mir¨® aun a?o de prisi¨®n y a 30.000 pesetas de multa por falsedad en documento mercantil y a F¨¦lix Maria Millet a dos meses de arresto y 30.000 pesetas de multa por un delito de imprudencia, que posibilit¨® la falsedad anterior. La sentencia, anulada por el Tribunal Supremo, estableci¨® que la reclamaci¨®n econ¨®mica presentada por los 120 inversionistas presuntamente perjudicados deber¨ªa plantearse en un procedimiento civil.Con esta f¨®rmula la Audiencia eludi¨® la petici¨®n de un abogado-querellante, que hab¨ªa solicitado que los entonces diputados Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins fueran condenados, junto con los otros juzgados, a pagar las indemnizaciones.