El presidente de EE UU, frente a la ley

?Est¨¢n el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca por encima de la ley? Ronald Reagan cree que s¨ª, y ha puesto en marcha una defensa que le permitir¨ªa, en su opini¨®n, violar una ley votada por el Congreso y firmada por ¨¦l, evitando as¨ª el intento del fiscal del Irangate de probar que altos cargos de la Administraci¨®n conspiraron para violar la legalidad. La enmienda Boland, votada por el Congreso para prohibir que EE UU ayudara a la contra, una ley de s¨®lo 99 palabras sobre conspiraci¨®n y el debate sobre si la Constituci¨®n permite al presidente dirigir la pol¨ªtica exterior sin limitaci¨®n alguna son el marco legal aplicable.

De c¨®mo se interpreten estas leyes depender¨¢ que el Irangate pase a la historia s¨®lo como un desastre pol¨ªtico, o como una conspiraci¨®n criminal que podr¨ªa alcanzar, te¨®ricamente, al presidente de EEUU.La cuesti¨®n legal de este drama pol¨ªtico est¨¢ siendo olvidada, en beneficio de la m¨¢s atractiva historia de intrigas, mentiras, desprecio por el Congreso, e ilegalidades que est¨¢ poniendo de manifiesto la investigaci¨®n parlamentaria del Irangate. Pero al final de este esc¨¢ndalo, capaz de arruinar hist¨®ricamente la presidencia de Reagan, habr¨¢ procesamientos, y funcionarios patriotas que s¨®lo quer¨ªan detener al comunismo en Centroam¨¦rica posiblemente ir¨¢n a la c¨¢rcel.

La enmienda Boland, llamada as¨ª por su patrocinador el congresista dem¨®crata por Massachussets Edward Boland, fue introducida, el 12 de octubre de 1984, en una ley de asignaciones econ¨®micas por un Congreso decidido a detener la ayuda norteamericana a la contra, tras enterarse por los peri¨®dicos de que la CIA hab¨ªa ordenado el minado, de los puertos nicaraguenses. Posteriormente, fue modificada en cuatro o cinco ocasiones -estuvo en vigor hasta octubre de 1986- reflejando la mala conciencia del Congreso, que tampoco quer¨ªa atar las manos excesivamente a la Administraci¨®n en su cruzada contra Nicaragua.

Los defensores de Reagan afirman ahora que el Congreso fue muy ambiguo y dej¨® abierta la posibilidad de una interpretaci¨®n muy liberal de la enmienda, que la Administraci¨®n ensanch¨® en la pr¨¢ctica.

La enmienda es muy clara

Pero el p¨¢rrafo clave de la enmienda es muy claro y sus 63 palabras dicen lo siguiente: "Durante el a?o fiscal 1985, ning¨²n fondo a disposici¨®n de la CIA, el Pent¨¢gono o cualquier otra agencia u organismo de Estados Unidos relacionado con actividades de informaci¨®n puede ser empleado o gastado para cualquier objetivo que tenga el efecto de apoyar, directa o indirectamente, operaciones militares,o paramilitares en Nicaragua por cualquier naci¨®n, grupo, organizaci¨®n, movimiento o individuo". Posteriormente, se permiti¨® la ayuda "humanitaria".Robert McFarlane declar¨® la pasada semana ante el Congreso que ¨¦l estaba convencido de que la enmienda Boland se aplicaba al Consejo de Seguridad Nacional (NSC). El NSC, que dirige el presidente, ha actuado en muchas ocasiones como agencia de informaci¨®n. Algunos expertos estiman que el presidente est¨¢ relacionado con trabajos de inteligencia, su tel¨¦fono y su sueldo salen del presupuesto, y que su actividad, por ejemplo, presionando a Honduras para que dejara pasar un cargamento militar para la contra, estar¨ªa cubierta por la pol¨¦mica enmienda.

La ley de la conspirac¨ª¨®n (Conspiraci¨®n para Cometer Ofensas o Defraudar a Estados Unidos) es un texto escondido en los centenares de p¨¢ginas de las leyes penales federales. Por su amplitud y la interpretaci¨®n liberal que ha tenido, ha sido calificado como "el sue?o de cualquier fiscal", y es el instrumento que el juez Edward Walsh, el fiscal especial del Irangate, va a utilizar para determinar la existencia de conspir¨¢ci¨®n, acusaci¨®n formal que prepara contra altos cargos del Gobierno.

La ley citada establece que es un crimen conspirar para cometer cualquier ofensa contra Estados Unidos. Si dos o m¨¢s personas conspiran para cometer cualquier ofensa contra o para defraudar a EE UU o a cualquier agencia federal, de cualquier forma o con cualquier objetivo, ser¨¢ multado con no m¨¢s de 10.000 d¨®lares (aproximadamente 1.250.000 pesetas) o encarcelado por un per¨ªodo no superior a cinco a?os, o ambas cosas a la vez". No hace falta demostrar que la conspiraci¨®n tuviera como consecuencia un delito posterior. En el Watergate, 17 personas fueron procesadas por esta ley y Richard Nixon fue designado coconspirador.