Interior admite que aplic¨® la legislaci¨®n antiterrorista a 128 delincuentes comunes en 1983

El Ministerio del Interior ha admitido que en 1983 aplic¨® la legislaci¨®n antiterrorista a 128 delincuentes comunes, seg¨²n consta en un documento incluido en el sumario sobre la desaparici¨®n de Santiago Corella, alias el Nani En todos estos casos, las actuaciones policiales sobre los detenidos pasaron a la jurisdicci¨®n ordinaria y no a la Audiencia Nacional. Diversos juristas han calificado de "irregular" o de "incorrecta" la decisi¨®n gubernamental de no enviar a estos detenidos a los juzgados de la Audiencia Nacional.

El documento, que ha sido unido al sumario 11/85 que tramita actualmente la Audiencia Provincial de Madrid, fue remitido por la Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial de Madrid, en cuyas dependencias fue interrogado en noviembre de 1983 Santiago Corella antes de su desaparici¨®n. En el informe se detalla -a los jueces el n¨²mero de detenidos comunes a quienes se aplic¨® la ley org¨¢nica 11/80 sobre delitos de terrorismo.El propio documento hace la salvedad que "solamente se puede dar contestaci¨®n a los casos que han afectado a esta Brigada Regional de Madrid, sin incluir los que pudieran corresponder al total nacional". La brigada regional tiene su sede en Madrid y su ¨¢mbito territorial se extiende a ?vila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Existen otras 12 regiones policiales.

En 1983 "se aplic¨® en esta, brigada la ley 11/80 a un total de 128 personas, consideradas como delincuentes comunes integrados en bandas armadas que incid¨ªan gravemente en la seguridad ciudadana", se?ala el documento que precisa adem¨¢s las cifras desde 1980, a?o en que entr¨® en vigor la ley antiterrorista. As¨ª, en 1982 fueron 109 delincuentes comunes a los que se aplic¨® la ley 11/80. En 1981, 195 y en 1980 s¨®lo 11.

Las actuaciones contra todos los detenidos en 1983 fueron "remitidas al Juzgado de Instrucci¨®n de Guardia", al igual que las 109 de 1982. En 1981, "15 fueron puestos a disposici¨®n del Juzgado Central" de la Audiencia Nacional, como establece la propia ley antiterrorista. En 1980, s¨®lo cuatro detenidos comunes pasaron a la Audiencia Nacional.

La ley 11/80 se?ala en su art¨ªculo tercero que "los detenidos (...) ser¨¢n puestos a disposici¨®n del juez competente" y en el sexto indica que "la instrucci¨®n, conocimiento y fallo de las respectivas causas criminales corresponder¨¢ exclusivamente a los juzgados centrales de instrucci¨®n y a la Audiencia Nacional". Sin embargo, la autoridad gubernativa envi¨® a la mayor¨ªa de los detenidos por la ley antiterrorista a los juzgados de instrucci¨®n ordinarios, seg¨²n demuestra el documento referido. La duda legal radica, seg¨²n juristas consultados, en el plazo de detenci¨®n. Los detenidos han de ser puestos a, disposici¨®n judicial antes de 72 horas, prorrogables con el conocimiento del juez. En el caso de que el detenido sea puesto a disposici¨®n judicial antes de 72 horas, la ley no indica textualmente que juez debe ser el encargado, aunque en todo el texto legislativo se hable con exclusividad de la Audiencia Nacional como competente.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, militante del PSOE. y ex presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, calific¨® ayer de "actuaci¨®n gubernativa incorrecta" la remisi¨®n de los detenidos en aplicaci¨®n de la ley 11/80 a la jurisdicci¨®n ordinaria. "Si ha una persona se le aplica la ley antiterrorista debe pon¨¦rsela a disposici¨®n de la Audiencia Nacional, aunque el atestado, policial concluya con que los delitos de que se le acusan no est¨¢n incluidos en la ley 11/80", dijo. El abogado Enrique Gimbernat calific¨® de "irregular" la remisi¨®n de los casos a la jueces de instrucci¨®n ordinarios.

El catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Francisco Mu?oz Conde, calific¨® igualmente de "irregular" esta situaci¨®n. "El juez competente, seg¨²n la propia ley, es el juez central de la Audiencia Nacional", dijo. Para Mu?oz Conde existe un margen de discrecionalidad en la propia ley, ya que el detenido puede permanecer en dependencias policiales durante 72 horas sin que sea informado el juez competente (el de la Audiencia Nacional). Sin embargo, en opini¨®n de Mu?oz Conde, tal discrecionalidad implica una responsabilidad recogida en la propia ley.

El propio Jos¨¦ Barrionuevo, ministro del Interior, asumi¨® ante el Congreso la responsabilidad en la aplicaci¨®n de la ley a Santiago Corella, uno de los 128 detenidos comunes a quienes se someti¨® la ley 11/80. Barrionuevo admiti¨® que pudo ser enga?ado.