Administraci¨®n de justicia y democracia: ?un poder del Estado?

Espa?a ha realizado un esfuerzo notable en los ¨²ltimos nueve a?os para democratizar sus instituciones fundamentales, pero ello, en opini¨®n del autor, no ha alcanzado a la Administraci¨®n de justicia, que, afirma, "sigue sin ser un poder del Estado". Las reformas introducidas han dado la apariencia de un poder que, en muchas ocasiones, se manifiesta como irresponsable.

En el ¨²ltimo tiempo es usual que el ciudadano espa?ol lea u oiga noticias como las siguientes: magistrado involucrado con la mafia italiana, juez dedicado a la persecuci¨®n de prostitutas, juez ordena la detenci¨®n de nudistas, juez deja en libertad a terrorista de ultraderecha que aprovecha la ocasi¨®n para escapar, juez en relaci¨®n con narcotraficantes, juez ordena la detenci¨®n de abogado por desacato. Y se podr¨ªa seguir dando innumerables ejemplos parecidos.A pesar de que cada uno de estos actos tiene una naturaleza diferente y, por ello, permitir¨ªan un an¨¢lisis y discusi¨®n diferenciados, todos ellos poseen en com¨²n el poner la Administraci¨®n de justicia bajo el control de los ciudadanos. Algo ciertamente desconocido en la ¨¦poca de la dictadura -y en cualquier sistema autoritario-, aunque se diesen estos mismos hechos y otros mucho m¨¢s graves a¨²n. Los medios de comunicaci¨®n de masas han cumplido en su transmisi¨®n al p¨²blico una funci¨®n b¨¢sica, lo cual tampoco en otra ¨¦poca pod¨ªan hacer.

Lo importante a destacar en esta situaci¨®n es que estos hechos, m¨¢s all¨¢ de la desaprobaci¨®n que puedan merecer, traen consigo que el ciudadano, a trav¨¦s de estas informaciones, adquiere el sentimiento de la irresponsabilidad de jueces y magistrados y, en definitiva, el convencimiento de que la Administraci¨®n de justicia no logra adecuarse al sistema democr¨¢tico surgido con la Constituci¨®n de 1978.

Espa?a en su conjunto- ha realizado un esfuerzo notable en los ¨²ltimos nueve a?os, tanto para modernizar sus instituciones como tambi¨¦n para democratizarlas. En general, el balance es positivo, salvo en el sistema de Administraci¨®n de justicia -incluyendo en ¨¦l a la polic¨ªa- Y ello, a pesar de que se han introducido reformas fundamentales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, ello no basta.

La Administraci¨®n de justicia representa -un poder del Estado -por eso se habla de Consejo General del Poder Judicial-; pero el poder en un Estado democr¨¢tico emana de los ciudadanos y, por tanto, tal hecho ha de quedar claramente establecido .mediante las formas de elecci¨®n de sus miembros, de su responsabilidad frente al pueblo y del control de sus actos por parte de ¨¦ste. De otro modo, el poder judicial no pasa de ser Administraci¨®n de justicia, esto es, una parte del aparato administrativo del Gobierno, cualquiera que ¨¦ste sea.

Lo que, por desgracia, ha sucedido en muchos Estados democr¨¢ticos, y por eso las dictaduras no han necesitado cambiar un ¨¢pice de la Administraci¨®n de justicia y los mismos jueces y magistrados han ejercido bajo un Gobierno democr¨¢tico y uno dictatorial.Polic¨ªa judicial y jurados

La Administraci¨®n de justicia espA?ola sigue sin ser un poder del Estado, ni siquiera se ha logrado para su consecuci¨®n, a pesar de todas las declaraciones de buena intenci¨®n, una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial o la introducci¨®n del sistema de jurados.

Pero a¨²n m¨¢s grave que esto, las reformas introducidas han dado la apariencia de poder; pero entonces, de un poder irresponsable, pues no est¨¢ sujeto al control de la ciudadan¨ªa, sino s¨®lo al de sus pares. Y ¨¦stos, por la fuerza de las cosas, est¨¢n envueltos en una mara?a de intereses comunes que imposibilitan todo control y todo juicio de responsabilidad.

En este contexto, no es de extra?ar que aparezca la caracter¨ªstica de arbitrariedad en elquehacer jur¨ªdico cotidiano de los miembros de la Administraci¨®n de justicia. Pero no s¨®lo eso, sino que, adem¨¢s, es normal que surja una confusi¨®n, como en el antiguo r¨¦gimen, entre los intereses y convicciones personales de cada uno de ellos con los objetivos que ha de perseguir la Administraci¨®n de justicia. Se identifica persona con poder'pol¨ªtico y se pone ¨¦ste al servicio de los intereses y convicciones personales. No es sorprendente, entonces, que un juez o magistrado crea que el aparato de la justicia est¨¢ para imponer en la sociedad sus propias convicciones morales y se convierta en un cruzado en contra de nudistas y prostitutas. Y tampoco es extra?o que un juez o magistrado estime que la maquinaria de la justicia est¨¢ tambi¨¦n para llenar sus arcas vac¨ªas.

Evidentemente, muchos de los defectos actuales de la Administraci¨®n de justicia se pueden salvar mediante su modernizaci¨®n. No se puede negar, y por el contrario, que se requiere de una urgente reforma de la legislaci¨®n procesal, en especial la criminal, con el objeto de lograr una aceleraci¨®n de los procesos y una mayor inmediatez con el ciudadano -en lo cual hay que considerar tambi¨¦n una efectiva gratuidad para quien no disponga de los medios econ¨®rnicos- En esta misma direcci¨®n se requiere un aumento del n¨²mero de jueces, la informatizaci¨®n del sistema judicial, una mejor formaci¨®n de sus miembros y una serie de otras medidas semejantes.

Con todo ello, ciertamente, se mejorar¨¢ la Administraci¨®n de justicia, pero no se democratizar¨¢ ni se convertir¨¢ en un poder del Estado. A lo m¨¢s, pasar¨¢ a ser un buen servicio de un Gobierno democr¨¢tico.