El mercado del honor

La ley de Protecci¨®n del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen ha cumplido ya un quinquenio. Su aprobaci¨®n, el 5 de mayo de 1982, apenas origin¨® debate, y su promulgaci¨®n fue bien acogida por todas las fuerzas democr¨¢ticas. Sin embargo, cinco a?os despu¨¦s, en opini¨®n de distintos medios jur¨ªdicos, el texto legal se ha revelado confuso y ha ido en detrimento de la libertad de expresi¨®n. En el mes de diciembre de 1981, el Congreso de los Diputados aprob¨®, sin apenas debate, la ley org¨¢nica al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) -el partido en el Gobierno en esa ¨¦poca- y el Partito Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) se comprometieron a renegociar en el Senado alguno de los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos. A pesar de la preocupaci¨®n demostrada por las diferentes fuerzas parlamentarias no se logr¨® mejorar el texto legal. Y, al margen de estas cr¨ªticas sin trascendencia, la ley del honor fue favorablemente acogida por los sectores democr¨¢ticos del pa¨ªs.La ambigua redacci¨®n del texto y el hecho de que la ley estableciese un sistema de reclamaciones ¨¢giles y r¨¢pidas -v¨ªa incidental- ha propiciado una verdadera oleada de demandas. En opini¨®n del doctor Marc Carrillo, profesor de Derecho Constitucional de la universidad de Barcelona, se ha abusado de esta ley y se han abandonado las otras v¨ªas jur¨ªdicas -la querella por injurias y calumnias o la rectificaci¨®n- para reparar las lesiones morales.

En numerosas ocasiones, los perjudicados se han olvidado de que la misma ley del honor y los principios generales del derecho establecen que el cauce civil debe utilizarse de forma subsidaria y que, cuando la lesi¨®n moral es constitutiva de una falta o de un delito, es preferente la v¨ªa penal.

El propio ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, utiliz¨® incorrectamente este procedimiento civil al demandar al diario EL PA?S por unas informaciones relativas al caso Brouard. El Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 16 de Madrid, en una sentencia dictada el 27 de junio de 1985, en la que se desestim¨® la reclamaci¨®n por improcedente, le tuvo que recordar a este miembro del Gobierno socialista que la presunta lesi¨®n al honor aducida en el escrito de demanda afectar¨ªa en todo caso a su honor como funcionario, lo que constituir¨ªa, de probarse, un delito de desacato, perseguible de oficio por el fiscal.

Las demandas civiles planteadas por funcionarios de la Administraci¨®n han resultado, por ahora, las m¨¢s controvertidas.

Sin embargo, las m¨¢s habituales y numerosas han sido las suscitadas por los protagonistas de la Prensa del coraz¨®n.

El m¨¢s llamativo de estos procedimientos fue el sentenciado por el juez Rafael G¨®mez Chaparro, relativo a la demanda suscitada por Carmina Ordo?ez, ex mujer del torero Paquirri, contra la revista Semana. El juez reconoci¨® el derecho de la demandante a cobrar de la publicaci¨®n por la utilizaci¨®n que se hab¨ªa hecho de su imagen y nombre, al considerar que su persona hab¨ªa alcanzado "una cotizaci¨®n objetiva en el mercado" y que deb¨ªa estar protegida de "los actos de apropiaci¨®n por parte de personas que no cuenten con la autorizaci¨®n del titular".

Actrices

Dos meses despu¨¦s, a la actriz Isabel Pantoja, viuda del mismo torero, se le otorgaron 20 millones de pesetas, en concepto de indemnizaci¨®n, por la comercializaci¨®n de un video sobre la vida y la muerte del matador. Esta sentencia fue anulada recientemente por el Tribunal Supremo.Con el mismo procedimiento, las actrices Silvia Munt y Charo L¨®pez consiguieron del Grupo Z sendas indemnizaciones de cinco y dos millones de pesetas, respectivamente. Ambos casos se hab¨ªan originado al publicar sin su permiso fotograf¨ªas en las que aparec¨ªan parcialmente desnudas.

Mercedes Licer logr¨® tambi¨¦n de este grupo editorial una indemnizaci¨®n de 40 millones, de los que percibi¨® s¨®lo seis en virtud de un pacto entre las partes.

Las demandas acumuladas en los ¨²ltimos a?os reclaman de las empresas period¨ªsticas, en concepto de indemnizaci¨®n, un total aproximado de 4.000 millones de pesetas, seg¨²n asegur¨® un grupo de abogados relacionados con los medios informativos en el transcurso de una reuni¨®n celebrada recientemente con el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol Rius.

Estas indemnizaciones millonarias han provocado ya que algunos juristas hayan bautizado a la ley del honor como la Ley Midas. El abogado Francisco Matosas, asesor del Grupo Z, considera que las indemnizaciones que normalmente se otorgan a los lesionados son abusivas y no guardan proporci¨®n con las indemnizaciones concedidas por los mismos tribunales cuando se producen da?os f¨ªsicos o muerte.

El caso Neus Soldevila, que gan¨® un pleito y una indemnizaci¨®n de siete millones y medio de pesetas por la pel¨ªcula Crimen en familia -esta sentencia fue anulada posteriormente por un tribunal superior-, mientras que ella hab¨ªa sido condenada a pagar s¨®lo 4 millones por la muerte de su marido, ilustra la afirmaci¨®n del letrado Matosas.