La correcci¨®n de los desequilibrios en la Comunidad Europea
La aprobaci¨®n por refer¨¦ndum en Irlanda de la modificaci¨®n de la Constituci¨®n que permite la ratificaci¨®n del Acta ¨²nica desbloquea la situaci¨®n actual y permite poner en vigor las reformas contenidas en la citada acta. Ello, en opini¨®n del firmante, va a suponer para Espa?a unas dosis de liberalizaci¨®n adicionales y, por consiguiente, un doble esfuerzo de acondicionamiento para nuestra econom¨ªa.
Las reformas institucionales introducidas por el Acta ¨²nica conducen a la potenciaci¨®n de las tres instancias m¨¢s netamente supranacionales -la Comisi¨®n, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia-, a la vez que se reducen las materias en las que ser¨¢ necesaria la unanimidad y ampliando simult¨¢neamente el alcance de la toma de decisiones por mayor¨ªa cualificada. Se trata, pues, de un paso importante en la agilizaci¨®n del proceso de toma de decisiones y en el logro del mercado interior, que es, en definitiva, el objetivo Final perseguido por el Acta ?nica.La paulatina puesta en pr¨¢ctica va a suponer para Espa?a unas dosis de liberalizaci¨®n adicionales a las que se derivan de nuestro tratado de adhesi¨®n, y, por consiguiente, un doble esfuerzo de acoplamiento de nuestra econom¨ªa, no ya a la Comunidad configurada con arreglo a los principios que se derivan del Tratado de Roma, sino a una comunidad sometida a un nuevo proceso de liberalizaci¨®n de tal magnitud, que sus efectos econ¨®micos probablemente ser¨¢n equiparables a los que se produjeron con la creaci¨®n de las Comunidades Europeas.
Por tanto, debe mantenerse una postura combinada de esperanza y de preocupaci¨®n, cuya dosificaci¨®n en cada momento va a depender de la evoluci¨®n de los aspectos m¨¢s relacionados con la apertura de los mercados de bienes y factores productivos y con la que la propia acta denomina cohesi¨®n econ¨®mica y social.
Desde la perspectiva interna de los grandes principios enunciados en el art¨ªculo 3 del Tratado CE, ¨²nicamente la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n puede ser considerada como una realizaci¨®n plena de los objetivos del tratado, ya que los grandes desequilibrios que padece y que determinan la necesidad de su reforma no proceden de una ejecuci¨®n parcial, sino de problemas de maduraci¨®n del propio sistema de protecci¨®n agr¨ªcola y del surgimiento de fen¨®menos no previstos a finales de los a?os cincuenta. Sin embargo, ni la integraci¨®n de los mercados nacionales ni la circulaci¨®n de factores productivos han alcanzado los objetivos previstos por los fundadores de la CE. Tampoco las pol¨ªticas sectoriales se han realizado de forma completa, como, por ejemplo, la pol¨ªtica de transportes o de la competencia.
Desde el punto de vista internacional, se debe ser consciente de las exigencias que plantea una mayor presencia europea a nivel mundial, lo cual exige apoyar decididamente las actividades comunitarias ligadas a los sectores tecnol¨®gicamente avanzados.
La distancia que separa a los distintos pa¨ªses europeos de Estados Unidos y Jap¨®n en los gastos destinados a I+D cambiar¨ªa de signo si en lugar de 12 compartimientos estancos se integrara al menos una parte de dicha cuant¨ªa en acciones comunitarias, que, por el nuevo redimensionamiento, proporcionar¨ªan las ventajas de las econom¨ªas de escala necesarias, dadas la magnitud que exigen los actuales proyectos de investigaci¨®n en tecnolog¨ªa. A largo plazo, este hecho se traducir¨¢ en una mayor autonom¨ªa de Europa. Resulta significativo que el n¨²mero de acuerdos de cooperaci¨®n entre empresas de sectores punta para transferencia de tecnolog¨ªa o para integraci¨®n de las actividades de I+D, celebrados entre empresas comunitarias y estadounidenses entre 1982 y 1985, sea pr¨¢ctica mente el doble que el n¨²mero de acuerdos intracomunitarios (253 y 134, respectivamente).
El segundo requisito para el desarrollo tecnol¨®gico europeo consiste en la existencia de un aut¨¦ntico mercado interior formado por los actuales 12 mercados nacionales parcialmente integrados, que permita una mejor asignaci¨®n de los recursos.
La liberalizaci¨®n que supuso el Tratado de Roma trajo consigo un aumento de renta derivado de una mayor especializaci¨®n interindustrial de los pa¨ªses comunitarios. La creaci¨®n del gran mercado interior puede asimilarse a aquella primera experiencia, por lo que cabe esperar unos efectos similares en cuanto a diversificaci¨®n de las estructuras industriales, aumento de los productos de estas industrias e incremento de los intercambios pertenecientes a la misma industria. Si bien el efecto en la renta y en la reestructuraci¨®n industrial fue positivo a nivel global, desde el punto de vista de la equidad, la creaci¨®n de la CE y sus ampliaciones posteriores no han disminuido la distancia que separaba a los pa¨ªses m¨¢s ricos de los menos pr¨®speros. Y de este hecho es de donde procede la preocupaci¨®n espa?ola por las consecuencias de la creaci¨®n del mercado interior para un pa¨ªs m¨¢s atrasado en el contexto europeo.
El presupuesto comunitario, en su vertiente de ingresos, no ha tenido efecto redistributivo, en primer lugar, porque no ha existido una relaci¨®n clara entre la aportaci¨®n de cada pa¨ªs y los indicadores de riqueza relativa de los mismos, y, en segundo lugar, porque existe una tendencia impl¨ªcita hacia la neutralidad financiera, en oposici¨®n a una mayor progresividad del mismo.
Desde el punto de vista del gasto, parece absolutamente necesario contener el derivado de la PAC, en su vertiente del FEOGA-Garant¨ªa. El porcentaje de participaci¨®n de este fondo en el gasto total ha oscilado entre el 60% y el 75% en el per¨ªodo 1978-1984, y lo que es m¨¢s significativo, su ritmo de crecimiento casi ha doblado el de los ingresos.
Coste agr¨ªcola
Debido a que la PAC naci¨® para proteger las agriculturas de los pa¨ªses que fundaron la CE, en la actualidad sigue favoreciendo m¨¢s a aquellos pa¨ªses con agriculturas dirigidas al cultivo de productos continentales, los del Norte, frente a las agriculturas mediterr¨¢neas, mientras que el coste de esta sobreprotecci¨®n es soportado por todos los pa¨ªses. Baste como ejemplo el dato de que el coste de almacenamiento de los productos excedentarios de la Comunidad supone un quinto del gasto total del FEOGA-Garant¨ªa. La reducci¨®n del peso de la PAC en el presupuesto comunitario es una condici¨®n necesaria para el desarrollo de otras pol¨ªticas tanto nuevas como ya existentes pero con escasa dotaci¨®n financiera.
Las grandes l¨ªneas de la reforma de la PAC esbozadas por la Comisi¨®n tienden a reducir los grandes desequilibrios actuales de la pol¨ªtica agr¨ªcola, tanto en el plan de la oferta y demanda de productos como en el financiero. Sin embargo, existen determinados aspectos que plantean dudas en cuanto a la aportaci¨®n de esta reforma al objetivo de una Europa m¨¢s integrada y menos desigual.
El car¨¢cter de obligatoriedad que acompa?a al gasto de FEOGA-Garant¨ªa y su dependencia de factores externos puede plantear el problema de que el objetivo de reducci¨®n de su peso en el gasto total no se logre con las medidas propuestas y sea necesario introducir propuestas m¨¢s radicales.
Simult¨¢neamente a la adaptaci¨®n de la PAC y al mayor rigor en la gesti¨®n de los precios y los mercados ser¨¢ necesario reformar la acci¨®n estructural de la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n, teniendo en cuenta que la finalidad de esta reforma ha de ser la mejora de las estructuras agrarias, especialmente en aquellas zonas que presenten mayores deficiencias y no la compensaci¨®n por v¨ªa FEOGA-Orientaci¨®n a los agricultores comunitarios afectados por las limitaciones de la actual pol¨ªtica de mercados.
Asimismo, en aras de una mayor coherencia y control de las intervenciones estructurales, ser¨¢ conveniente una transferencia paulatina de recursos del FEOGA-Orientaci¨®n a los otros fondos estructurales, de que entre los objetivos de dichos fondos deber¨ªa situ¨¢rse el de mejora del medio rural, en el contexto de las intervenciories tendentes a equiparar el nivel de vida y de riqueza de las distintas regiones europeas (FEDER), o de los distintos colectivos de trabajadores (Fondo Social Europeo). La progresiva tecnificaci¨®n y equiparaci¨®n de las condiciones de vida y de trabajo del sector agrario con el resto de actividades econ¨®micas aconsejan abandonar el enfoque de los problemas de dicho sector desde una perspectiva particularista y englobarlos dentro de contextos m¨¢s generales.
Esta integraci¨®n del FEOGA-Orientaci¨®n en los Fondos Social y Regional permitir¨ªa una asignaci¨®n de recursos m¨¢s eficaz de cara a la reducci¨®n de desigualdades econ¨®micas y sociales en la Comunidad.
Si bien la reforma de la PAC, en su doble vertiente de pol¨ªtica de mercados y de estructura, es una condici¨®n necesaria para avanzar en el logro del mercado interior y de la cohesi¨®n econ¨®mica y social, por s¨ª sola no basta para asegurar que se cumpla dicho objetivo. Para ello ser¨¢ necesario modificar cuantitativa y cualitativamente el resto de fondos estructurales existentes y crear nuevos fondos para acciones espec¨ªficas en materia de infraestructura o lucha contra la pobreza, por citar dos ejemplos, as¨ª como instrumentar de forma efectiva aquellas medidas tendentes a una mayor convergencia entre las pol¨ªticas econ¨®micas de los Estados miembros.
El fuerte incremento de la dotaci¨®n financiera prevista de los cr¨¦ditos de compromiso de los fondos estructurales entre 1988 y 1992, que pasar¨¢n de significar el 17% de los gastos comunitarios en 1987 al 25%, en 1992, supone un paso importante para la realizaci¨®n del mercado ¨²nico. Sin embargo, subsisten problemas en la reglamentaci¨®n y la gesti¨®n de estos fondos que hab¨ªa que abordar con el fin de aumentar su eficacia. As¨ª, parece necesario revisar el desigual trato de los gastos del FEOGA-Garant¨ªa y de los fondos estructurales en cuanto a las restricciones impuestas por la doble distinci¨®n entre gastos obligatorios-gastos no obligatorios, y cr¨¦ditos de compromiso y de pago, as¨ª como fortalecer los criterios comunitarios frente a los nacionales para cuantificar las disparidades regionales que est¨¢n en el origen de la intervenci¨®n de dichos fondos.
Por ¨²ltimo, si la Comunidad quiere aprovechar las ventajas derivadas del mercado interior, deber¨¢ afrontar la necesidad de mejorar las comunicaciones, tanto en su vertiente de infraestructuras como a las telecomunicaciones. Las disparidades regionales existentes distorsionan una mejor asignaci¨®n de recursos, con lo cual se dificulta la conclusi¨®n de uno de los objetivos impl¨ªcitos en cualquier proceso de liberalizaci¨®n.
La potenciaci¨®n de las actividades de I+D y el redimensionamiento de las mismas parece un requisito imprescindible para hacer frente al reto tecnol¨®gico que tiene planteado la Comunidad. La realizaci¨®n del mercado interior es una ocasi¨®n ¨²nica para rentabilizar estas operaciones de I+D.
Debe conseguirse un espacio ¨²nico europeo en el que no s¨®lo no existan barreras flisicas, sino tampoco econ¨®micas y sociales para sus ciudadanos. Pero dif¨ªcilmiente podr¨ªa ser entendido por los ciudadanos de este pa¨ªs que el desmantelamiento progresivo de las barreras se traduzca en una ampliaci¨®n de las diferencias existentes entre regiones y personas en la CE. Ello exigir¨¢ un esfuerzo adicional para que todas las medidas de la reforma propuesta vayan impregnadas en el esp¨ªritu de mejorar la cohesi¨®n econ¨®mica y social en la Comunidad.
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