Los abogados chilenos piden que un juez especial investigue la matanza de 12 opositores

El Colegio de Abogados de Chile solicit¨® el mi¨¦rcoles a la Corte Suprema de Justicia que designe un juez especial que investigue la muerte de 12 personas, el lunes y martes pasados, en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Una petici¨®n similar ser¨¢ presentada formalmente en los pr¨®ximos d¨ªas por siete organismos defensores de los derechos humanos. Manifestaciones en Santiago y Concepci¨®n para protestar por las muertes de los presuntos militantes del izquierdista. Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR) terminaron con 10 heridos y m¨¢s de 40 detenciones.

Los abogados, en el documento presentado ante el tribunal, se?alan que "el pa¨ªs ha sido conmocionado por nuevos sucesos aberrantes, como es la muerte violenta y pr¨¢cticamente s¨ªmult¨¢nea de 12 chilenos", y pone el ¨¦nfasis en que el colegio profesional no puede dejar de sentirse afectado por la "dram¨¢tica vulnerabilidad" del derecho a la vida en Chile.Al mismo tiempo, el arzobispado de Santiago, en una declaraci¨®n p¨²blica, pide una urgente y exhaustiva investigaci¨®n y que se entreguen a la opini¨®n p¨²blica todos los antecedentes que permitan establecer responsabilidades. El secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Sergio Contreras, calific¨® la muerte de estas 12 personas como "un obst¨¢culo muy serio a la reconciliaci¨®n y un golpe a la naci¨®n en todo orden". A?adi¨® que es inaudito que se produzcan matanzas de esa magnitud sin ofrecer una muy clara informaci¨®n de las circunstancias.

El Partido Dem¨®crata Cristiano (el m¨¢s importante de la oposici¨®n) asegur¨® que el "Gobierno ha usado, una vez m¨¢s, las armas con m¨¢xima dureza contra sus adversarios". Precis¨® que la versi¨®n oficial es contradictoria y no corresponde a las declaraciones de testigos, y que la voluntad de conducir al pa¨ªs hacia una evoluci¨®n pac¨ªfica queda desmentida.

Diez estudiantes universitarios heridos y m¨¢s de 40 personas detenidas en Santiago y Concepci¨®n (500 kil¨®metros al sur de la capital) fue el resultado de las manifestaciones que se produjeron el mi¨¦rcoles en protesta por las 12 muertes de supuestos militantes del FPMR, el grupo izquierdista que atent¨® contra Pinochet en septiembre de 1986. Los incidentes m¨¢s graves ocurrieron en Concepci¨®n, donde se realiz¨® una huelga universitaria de 24 horas, con ocupaci¨®n de las principales facultades. Tras una masiva asamblea en el recinto universitario, los estudiantes intentaron efectuar una marcha hacia el centro de la ciudad, y fueron dispersados por polic¨ªas antidisturbios que dispararon balines y utilizaron mangueras para lanzar agua y productos qu¨ªmicos. El enfrentamiento dur¨® casi cinco horas.

Protesta ante la Moneda

En la capital, las manifestaciones ocurrieron en varios puntos. Al mediod¨ªa, unas 200 personas partieron desde la Biblioteca Nacional hacia el palacio presidencial de la Moneda. Marcharon por la principal arteria del centro gritando consignas en las que exig¨ªan justicia para los 12 "asesinados por la dictadura".Al llegar frente a la casa de gobierno desplegaron una pancarta que exig¨ªa el "fin de los cr¨ªmenes y la represi¨®n". En la facultad de Econom¨ªa de la universidad de Santiago, unos 100 estudiantes celebraron un velatorio simb¨®lico.

Mientras se suced¨ªan las reacciones por la matanza de los 12 j¨®venes, Pinochet comunic¨® el rechazo a la petici¨®n de expulsi¨®n presentada por el Gobierno norteamericano de dos altos oficiales involucrados en el asesinato, en 1976, en Washington, del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier. Se trata del general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (polic¨ªa secreta, que ahora tiene el nombre de Central Nacional de Informaciones, CNI), y su segundo, brigadier Pedro Espinosa.

El embajador norteamericano en Chile, Harry Barnes, se mostr¨® decepcionado, y puntualiz¨®: "Es un crimen que se cometi¨® en las calles de nuestra capital a sangre fr¨ªa", y hay personas que est¨¢n ahora en Chile y que son perseguidas por la justicia norteamericana. El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Robert Gelbard, dijo que la negativa chilena lleva a un punto cr¨ªtico las relaciones entre ambos pa¨ªses. Las medidas que pueda adoptar EE UU pueden amenazar la candidatura de Pinochet a continuar en la presidencia en 1989.

Est¨¢ pendiente la petici¨®n de otras extradiciones que afectar¨ªan a importantes figuras de la jerarqu¨ªa castrense, comenzando por la del general H¨¦ctor Orozco. En las declaraciones que formul¨® el ex oficial Armando Fern¨¢ndez Larios a la justicia norteamericana cuando se entreg¨® a ella le se?alaba como uno de los principales responsables en el encubrimiento del asesinato. Orozco era el fiscal militar que investigaba la falsificaci¨®n de los pasaportes con los que_intentaron entrar en Estados Unidos Fern¨¢ndez Larios y Michael Townley, uno de los autores materiales del crimen.