Alarma en las c¨¢rceles

LA FRUSTRADA fuga de cuatro reclusos de la c¨¢rcel de Badajoz seguida del secuestro de 11 funcionarios y de un intento de amotinamiento de decenas de presos son ingredientes de un cuadro que recuerda a los motines carcelarios que asolaron los centros penitenciarios espa?oles en los primeros a?os de la transici¨®n pol¨ªtica. Vuelven as¨ª a detectarse s¨ªntomas de un peligroso recalentamiento, debido a diversos factores, entre los que destaca el insoportable hacinamiento en el que malvive la poblaci¨®n reclusa, a estas fechas la m¨¢s alta de las habidas en ¨¦poca normal en Espa?a.En estos momentos 27.240 presos pueblan el mundo carcelario espa?ol, y lo m¨¢s probable es que su n¨²mero siga en aumento. En los ¨²ltimos a?os se han construido nuevas c¨¢rceles, con condiciones de habitabilidad y de seguridad muy por encima de las habituales en los viejos centros procedentes de finales del siglo XIX o principios del XX, pero el aumento de plazas ha sido insuficiente para acoger las nuevas hornadas de inquilinos. La masificaci¨®n se ha hecho especialmente pat¨¦tica en los centros penitenciarios de los grandes n¨²cleos urbanos, no s¨®lo por su mayor ¨ªndice de delincuencia, sino porque en muchos de ellos -Madrid, Barcelona, Valencia y M¨¢laga, entre otros- sigue sin procederse a la renovaci¨®n de su obsoleta infraestructura.

Pero al problema del hacinamiento, caldo de cultivo para todo tipo de situaciones conflictivas, se a?aden los que provocan una pol¨ªtica fluctuante, as¨ª como las fuertes resistencias que opone a la misma la pr¨¢ctica generalidad de los funcionarios. Cuando los socialistas llegan al poder, en octubre de 1982, las c¨¢rceles espa?olas se encontraban casi tan sobrepobladas como ahora, y los reclusos ten¨ªan puestas sus esperanzas en un desarrollo de la ley General Penitenciaria de 1979, que introdujo principios reeducadores distintos de los exclusivamente represivos vigentes hasta entonces. Cinco a?os despu¨¦s, la masificaci¨®n persiste con tendencia a aumentar y la pol¨ªtica iniciada entonces, no s¨®lo m¨¢s humanitaria sino m¨¢s acorde con los criterios cient¨ªficos del derecho penal, se encuentra estancada si no en retroceso.

Las causas son varias, pero seguramente la principal de ellas consista en la insuficiente voluntad del Gobierno para llevar a efecto su inicial propuesta, adem¨¢s de la disparidad de perspectivas en su seno sobre la pol¨ªtica de orden p¨²blico y seguridad ciudadana, estrechamente relacionada con la penitenciaria. Ejemplo de esta disparidad fue el fracaso en 1983 de la nueva regulaci¨®n de la prisi¨®n y libertades provisionales, lo que hizo que las c¨¢rceles sigan repletas de un alto porcentaje de presos preventivos en espera de juicio (en la actualidad alcanzan la cifra de 11.699). La inexistencia de una justicia r¨¢pida que d¨¦ salida en un tiempo razonable a las causas con preso ha sido un formidable obst¨¢culo a?adido.

Pero no s¨®lo el Gobierno tiene su tanto de culpa en la actual situaci¨®n del mundo penitenciario. La sociedad ha dado la espalda a la suerte de los presos, como lo demuestra la oposici¨®n de muchas poblaciones a que se construyan en sus t¨¦rminos municipales las nuevas c¨¢rceles. Y los funcionarios de prisiones han valorado como un ataque a sus intereses la nueva pol¨ªtica de respeto a la dignidad humana de los reclusos, de su promoci¨®n social y cultural y, en definitiva, de su reeducaci¨®n y reinserci¨®n social.

En el mot¨ªn de Badajoz hay muchos extremos que merecen una r¨¢pida aclaraci¨®n, entre ellos, la muerte del recluso fallecido y la manera como lograron hacerse con dos pistolas los que intentaron la fuga. Tambien habr¨¢ que dilucidar si la actuaci¨®n de los funcionarios encargados de la vigilancia se adapt¨® al reglamento o si el incumplimiento del mismo facilit¨® el intento de fuga, como ya ha ocurrido en otros casos. Por lo dem¨¢s har¨¢n bien los responsables de la pol¨ªtica penitenciaria si analizan cu¨¢nto tiene de aviso para el futuro lo que acaba de ocurrir en Badajoz.