La Audiencia de Madrid procesa a dos polic¨ªas por un delito de torturas

La Audiencia Provincial de Madrid ha procesado a dos inspectores de polic¨ªa por los delitos de tortura, lesiones menos graves y privaci¨®n del ejercicio de los derechos c¨ªvicos supuestamente infligidos a Manuel Rafael G¨®mez, vecino de Parla, que sufri¨® interrogatorio policial en abril de 1985 en la comisar¨ªa de esa localidad madrile?a. Seg¨²n el auto judicial, fechado el pasado 9 de julio, los inspectores Jos¨¦ Garc¨ªa Gonz¨¢lez y Manuel Garc¨ªa-Mancha "sometieron reiteradamente" a Rafael G¨®mez a "presiones f¨ªsicas y ps¨ªquicas".

El caso Parla se inici¨® el 26 de abril de 1985, cuando se mont¨® en esta localidad un servicio de vigilancia policial con el objetivo de detener a un sospechoso de la muerte violenta, ocurrida la noche anterior, de un polic¨ªa nacional, denominado Miguel Breganciano, quien falleci¨® a causa de los disparos de un delincuente que atrac¨® un supermercado. A las seis de la ma?ana de ese d¨ªa, Manuel Rafael G¨®mez abandon¨® el domicilio de sus padres y fue observado por el inspector, ahora procesado, Jos¨¦ Garc¨ªa Gonz¨¢lez, "a la saz¨®n jefe de servicio de la comisar¨ªa"., seg¨²n el auto. Comunicada su situaci¨®n por la emisora policial, Rafael G¨®mez, conocido en medios policiales como Wily, fue detenido por dos cabos de la polic¨ªa, Juan Juli¨¢n Escribano y Juan Francisco Gaudiano, y trasladado a la comisar¨ªa de Parla."Una vez en las dependencias policiales es interrogado", a?ade el auto judicial, que precisa que no se le leyeron sus derechos ni se comunic¨® a su familia ni al colegio de abogados la detenci¨®n. El auto agrega que los inspectores Jos¨¦ Garc¨ªa Gonz¨¢lez y Manuel Garc¨ªaMancha Ar¨¦valo interrogaron a Rafael G¨®mez sobre su supuesta intervenci¨®n en la muerte del polic¨ªa Breganciano y que informara sobre un tal Orihuela Benjumea, el verdadero sospechoso de la muerte del anterior. Ambos inspectores "le sometieron reiteradamente a presiones f¨ªsicas y ps¨ªquicas, tras lo cual, y dos horas despu¨¦s, fue puesto en libertad", dice el auto.

Nueva detenci¨®n

A mediod¨ªa de aquel mismo d¨ªa, una vez que los citados inspectores abandonaron el turno de servicio, otro polic¨ªa, denominado Pedro Luis Mart¨ªn Reviriego, "orden¨® la detenci¨®n, ignorando la anterior, de Manuel Rafael G¨®mez como posible sospechoso" de la muerte del polic¨ªa Breganciano. A las cinco de la tarde, el inspector G¨¢bino Rodr¨ªguez Losada, quien paseaba por Parla franco de servicio, observ¨® a Wily y "procedi¨® a su detenci¨®n, a la que ¨¦ste se resisti¨®, vi¨¦ndose obligado aqu¨¦l a reducirle", auxiliado por otros dos agentes.

Rafael G¨®mez fue de nuevo conducido a comisar¨ªa, donde se someti¨® voluntariamente a la prueba de la parafina -para detectar si hay rastro en la mano de haber utilizado armas de fuego-, tras la que fue puesto en libertad a las dos de la tarde del d¨ªa 27, "sin que en el oportuno reconocimiento m¨¦dico se observaran lesiones, sino peque?as erosiones en el rostro fruto de la incidentada detenci¨®n", agrega el auto.

El 30 de abril, Wily, quien desde a?os antes padec¨ªa la enfermedad de Kala-Azar (inflamaci¨®n del bazo) fue ingresado en la residencia sanitaria Primero de Octubre "al presentar desgarro espl¨¦nico cara anterior, tercio medio, de unos cuatro cent¨ªmetros", a?ade el auto, por lo que se le practic¨® "cirug¨ªa conservadora del bazo" y estuvo irripedido 20 o 30 d¨ªas [el auto no precisa].

Indicios de criminalidad

La resoluci¨®n judicial se?ala que, "existiendo indicios racionales de criminalidad", procede procesar a los inspectores Jos¨¦ Garc¨ªa y Manuel Garc¨ªa-Mancha por los supuestos delitos de torturas, lesiones menos graves -aquellas que tardan en curar m¨¢s de 15 y menos de 30 d¨ªas y el de privaci¨®n de -los derechos c¨ªvicos. La resoluci¨®n judicial decreta la libertad sin fianza de los procesados e impone una responsabilidad civil de 600.000 pesetas para ambos agent es, siendo subsidiario el Estado.

La defensa de Rafael G¨®mez, representada por los letrados Jaime Sanz de Bremond y Carlos Aguirre de C¨¢rcer, manifest¨® ayer, tras conocer la resoluci¨®n Judicial, que "nos satisface comprobar que los tribunales no se dejan amedrentar por las ¨²ltimas declaraciones del ministro del Interior y que, por tanto, proceden contra los funcionarios de polic¨ªa cuando ¨¦stos cometen alg¨²n delito, al igual que proceden contra cualquier otro ciudadano".

Ambos abogados a?adieron que "estimamos importante que, aunque Jos¨¦ Barrionuevo opine que ello no es progresista, la opini¨®n p¨²blica sepa que, desgraciadamente, se siguen dando en este pa¨ªs, bajo la gesti¨®n del Gobierno socialista, casos de tortura". Los letrados anunciaron ayer que estudian recurrir el auto judicial para pedir el procesamiento de alg¨²n otro funcionario policial.