Dos sindicalistas, citados a declarar por un juez militar

Dos delegados sindicales del hospital militar G¨®mez Ulla, de Madrid, han sido llamados a declarar ante un juzgado militar acusados de participar en la agresi¨®n a dos polic¨ªas militares del citado centro m¨¦dico. Los abogados laboralistas piden que el Juzgado Militar de Instrucci¨®n n¨²mero 4 desv¨ªe el asunto a la jurisdicci¨®n civil.No obstante, el expediente del caso alega indicios para procesar a los dos civiles mediante el art¨ªculo 85 de la ley de justicia militar que prev¨¦ penas de 3 meses y un d¨ªa a seis a?os por agresi¨®n a un centinela. Seg¨²n fuentes j¨²ridicas, en caso de que el juez considere que la agresi¨®n fue contra un, agente de la autoridad" en lugar de contra un centinela el asunto depender¨ªa de la jurisdicci¨®n ordinaria. Isabel Navajas Gordillo y Jos¨¦ Luis P¨¦rez Fern¨¢ndez encabezaban un acto de reivindicaci¨®n para la revisi¨®n del convenio, secundado por otras 200 personas, cuando en el vest¨ªbulo del hospital aparecieron polic¨ªas militares.

Seg¨²n la declaraci¨®n de P¨¦rez Fern¨¢ndez a este peri¨®dico, s¨®lo tratamos de infundir calma ya que: "cuando la polic¨ªa militar, unos 50 hombres, hizo amago de cargar se sucedieron las escenas de nerviosismo". La comparencia ente un juzgado militar de la ATS y del administrativo ha movilizado al personal civil contratado por el Ministerio de Defensa ya que Jos¨¦ Luis P¨¦rez preside el comit¨¦ estatal de personal laboral del citado departamento que agrupa a 35.000 personas.

Adem¨¢s de la citaci¨®n siguen en curso dos expedientes laborales por insubordinaci¨®n clasificados de "muy graves", contra Isabel Navajas y Jos¨¦ Luis qu¨¦ fueron abiertos por el comandante Azores cuando los descubri¨® en la lavander¨ªa "explicando la situaci¨®n a los trabajadores", seg¨²n explica P¨¦rez. Los expedientes podr¨ªan conducirles al despido.

Al d¨ªa siguiente de los incidentes los huelgistas comunicaron los enfrentamientos con la polic¨ªa militar a la delegada del Gobierno, Ana Tutor, que tras mantener una conversaci¨®n con el director del hospital general comunic¨® que el asunto rebasaba su competencia.

El convenio de Ginebra proh¨ªbe portar armas de fuego dentro de los centros hospitalarios, este puede ser el motivo por el cual tras los primeros enfrentamientos la direcci¨®n orden¨® desarmar a los polic¨ªas militares a pesar de que los soldados encargados de fotografiar los acontecimientos continuaron con su trabajo, seg¨²n los abogados.