Problemas del INE
EL INSTITUTO Nacional de Estad¨ªstica acaba de anunciar la revisi¨®n de los criterios de elaboraci¨®n de la encuesta de poblaci¨®n activa, un documento esencial para conocer la evoluci¨®n, no s¨®lo de la poblaci¨®n activa en Espa?a, sino tambi¨¦n, y fundamentalmente, del empleo y de la desocupaci¨®n. El nuevo criterio utilizado para determinar si una persona est¨¢ ocupada es m¨¢s amplio que el que hasta ahora se ven¨ªa aplicando, puesto que se considera ocupada toda aquella persona que ha trabajado por lo menos una hora en el transcurso de la semana precedente al momento de la encuesta. Anteriormente, la determinaci¨®n de la categor¨ªa de ocupado era m¨¢s laboriosa: adem¨¢s del criterio de haber trabajado durante la semana de referencia, exist¨ªan otros m¨¢s complejos, que hac¨ªan referencia a la situaci¨®n laboral durante los tres meses anteriores al momento de la realizaci¨®n de la encuesta, y que permit¨ªan la definici¨®n de un colectivo diferente de los ocupados en sentido estricto, conocidos en la encuesta como "ocupados de forma marginal". Con las nuevas definiciones, esta ¨²ltima categor¨ªa desaparece como tal y sus miembros pasan a engrosar las filas de los ocupados.El cambio es relativamente peque?o y se adapta a las definiciones recomendadas por la Oficina Estad¨ªstica de la CE y por la Oficina Internacional del Trabajo para medir este fen¨®meno. La consecuencia del mismo ha sido la de reducir el n¨²mero de parados y aumentar el de empleados. Es de lamentar, sin embargo, el momento elegido para la modificaci¨®n de los criterios, que coincide con el de la superaci¨®n (con las antiguas definiciones) de los tres millones de parados. Gracias a la nueva metodolog¨ªa, el n¨²mero de parados se queda muy cerca de esta cifra, aunque sin superarla.Coincidiendo con estos cambios de criterio en la elaboraci¨®n de la encuesta de poblaci¨®n activa, se ha conocido la existencia de un anteproyecto de ley que propone elevar el rango administrativo actual del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, correspondiente al de una direcci¨®n general, al de secretar¨ªa de Estado, y trasladar su dependencia org¨¢nica del Ministerio de Econom¨ªa al de Administraciones P¨²blicas. Las razones de esta sorprendente propuesta parecen basarse tanto en el deseo de garantizar la independencia del instituto como en el de proporcionarle un nuevo soplo de vida que propicie un mayor dinamismo en el futuro.
Los estad¨ªsticos facultativos tienen probablemente raz¨®n cuando piensan que han sido postergados en favor de otros cuerpos del Estado, te¨®ricamente m¨¢s operativos, que poco a poco han tenido la habilidad de controlar importantes esferas de poder, asociadas a menudo con jugosos complementos de remuneraciones. La raz¨®n de este relativo ostracismo hay que buscarla tanto en las lagunas del propio aparato estad¨ªstico como en el escaso inter¨¦s que hasta hace poco ha existido en nuestro pa¨ªs por la informaci¨®n estad¨ªstica en general, que no hace sino reflejar el escaso valor que se otorga a la transparencia de la gesti¨®n de cualquier depositario de poder, p¨²blico o privado. Pero ello no excusa las lagunas del aparato estad¨ªstico espa?ol, imputables tanto a la modestia de los medios como a una gesti¨®n excesivamente r¨ªgida de los mismos. Y, sin embargo, una sociedad industrializada de las caracter¨ªsticas de la espa?ola no puede funcionar sin un buen soporte estad¨ªstico que refleje con exactitud lo que sucede en el ¨¢mbito econ¨®mico y social. El problema consiste en encontrar la mejor manera para conseguir este objetivo, y no parece que para ello sea necesario privatizar la producci¨®n de estad¨ªsticas ni crear una secretar¨ªa de Estado que ning¨²n principio de funcionalidad reclama.
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