Opositores defraudados
El Cuerpo de Gesti¨®n de la Administraci¨®n del Estado se crea por la ley de Medidas para la Funci¨®n P¨²blica, de 1984. Inmediatamente, las oposiciones de ingreso a dicho cuerpo empiezan a tener especial relieve dentro del panorama de las ofertas de empleo p¨²blico. Se ponen de moda en el mundillo del opositor. Es l¨®gico. Se trata de acceder a un nuevo cuerpo del Estado, intermedio entre el administrativo y el superior de administradores civiles, para participar en cuyas pruebas selectivas, en las que (para mayor aliciente) no hay ning¨²n examen oral, basta con haber superado tres cursos de carrera universitaria (nivel de diplomado o equivalente).En el presente a?o, sin embargo, la convocatoria de las oposiciones, en su tercera edici¨®n, ha venido a defraudar a la inmensa mayor¨ªa de los millares de personas que han participado en la pruebas. Dos razones fundamentan el descontento:
1. Haberse previsto en las bases que pudieran concurrir en la la oposici¨®n libre determinado opositores con puntuaci¨®n incorporada en atenci¨®n a venir y ejerciendo dentro de la Administraci¨®n funciones propias de cuerpo de gesti¨®n, cosa que aparte de avenirse mal con el principio de igualdad exigido por
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la Constituci¨®n para el acceso a la funci¨®n p¨²blica, es que no se explica bien, ya que el referido cuerpo no ha recibido encomienda legal alguna de funciones, en consonancia con el criterio, precisamente sustentado por la prop¨ªa ley de medidas, consistente en divorciar las funciones de los cuerpos.
2. Haberse incluido en el primer ejercicio un test psicot¨¦cnico (de 45 preguntas) junto al de conocimientos especializados (otras 45), para cuya realizaci¨®n conjunta se ha dado un tiempo com¨²n (90 minutos), lo que, por un lado, ha destruido la fiabilidad de la primera parte de la prueba al no reserv¨¢rsele un plazo propio y privativo y, por otro lado, ha infravalorado la segunda, la de preparaci¨®n espec¨ªfica, con la consiguiente degradaci¨®n del inicial nivel intelectual de la oposici¨®n.
Habr¨¢ que confiar en que no se repitan los fallos de las oposiciones de 1988 y, sobre todo, en que no se generalice la pr¨¢ctica de admitir opositores con puntuaci¨®n incorporada en ning¨²n tipo de oposiciones libres-
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