"La esterilizacion es una agresi¨®n al disminuido", seg¨²n P¨¦rez Mar¨ªn

La esterilizaci¨®n de los subnormales, que se realiza habitualmente en nuestro pa¨ªs de forma ilegal y clandestina, es en la mayor¨ªa de las ocasiones "una agresi¨®n a los disminuidos ps¨ªquicos, que tienen derecho a una vida sexual normal, al matrimonio e incluso a la paternidad", ha manifestado Juan P¨¦rez Mar¨ªn, presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales, que aglutina a 180 entidades y m¨¢s de 70.000 familias.

A pesar de estas manifestaciones, el doctor Juan P¨¦rez Mar¨ªn apoya incondicionalmente la campa?a en favor de la modificaci¨®n del art¨ªculo 428 del C¨®digo Penal, en el que se proh¨ªbe la esterilizaci¨®n de los incapaces, aun contando con el benepl¨¢cito de sus tutores o familiares. La esterilizaci¨®n est¨¢ configurada como delito y castigada en el mencionado c¨®digo con penas de 12 a 20 a?os de c¨¢rcel para los responsables de estas pr¨¢cticas.

Razones paternalistas

El presidente de la confederaci¨®n asegura, sin embargo, que en el fondo su actitud difiere de la mantenida por el sector mayoritario, al que de "no progresista" y de apoyar la despenalizaci¨®n de la esterilizaci¨®n de los minusv¨¢lidos ps¨ªquicos por razones paternalistas o c¨®modas, con objeto de soslayar los problemas que puedan derivarse de la descendencia. P¨¦rez Mar¨ªn defiende el derecho de los disminuidos s¨ªquicos a una planificaci¨®n familiar y a que puedan utilizar todos los m¨¦todos de contracepci¨®n, incluida la esterilizaci¨®n, cuando exista el peligro de que los hijos que se engendren en un matrimonio de deficientes sean tambi¨¦n minusv¨¢lidos. El doctor P¨¦rez Mar¨ªn es, adem¨¢s de presidente de la confederaci¨®n, fundador y presidente de la asociaci¨®n Pronim, que tiene su sede en Cabra (C¨®rdoba), en la que se acogen 411 deficientes ps¨ªquicos. Asegura que en esta asociaci¨®n existen parejas estables de deficientes, incluso matrimonios -realizados en el seno de la Iglesia- con hijos que no son subnormales y cuya relaci¨®n afectiva no difiere de la de una familia normal.

El derecho a la paternidad de los disminuidos ps¨ªquicos no se ha debatido a¨²n abiertamente en el seno de las asociaciones de familiares de disminuidos ps¨ªquicos. La pol¨¦mica, por ahora, est¨¢ centrada en la sexualidad, y como fruto de esta discusi¨®n ha surgido la campa?a en favor de la despenalizaci¨®n de la esterilizaci¨®n de los minusv¨¢lidos, cuesti¨®n que empez¨® a discutirse en 1984.

Pr¨¢cticamente todas las asociaciones de familiares de minusv¨¢lidos ps¨ªquicos apoyan la modificaci¨®n del art¨ªculo 428 del C¨®digo Penal, y la propia confederaci¨®n, antes de que se planteara el tema en la Audiencia Territorial de Barcelona, se hab¨ªa dirigido ya al Tribunal. Supremo, a fin de que el alto organo Jurisdiccional encauzara la reclamaci¨®n para que se cambiara la ley.

En el mes de abril de 1985 la Fiscal¨ªa General del Estado, respondiendo a una consulta efectuada por la fiscal¨ªa de Palma de Mallorca sobre la petici¨®n de esterilizaci¨®n de una oligofr¨¦nica, emiti¨® un dictamen sobre el tema en el que confirm¨® la ilegalidad de esta pr¨¢ctica. Dentro de pocos d¨ªas se plantear¨¢ nuevamente ante la fiscal¨ªa la cuesti¨®n.

Modificaci¨®n del C¨®digo Penal

En esta ocasi¨®n, la propuesta del ministerio p¨²blico ir¨¢ acompa?ada de una petici¨®n de que se promueva la modificaci¨®n del art¨ªculo 428 del C¨®digo Penal. Esta petici¨®n la apoyan tambi¨¦n los principales partidos pol¨ªticos parlamentarios. El derecho a la sexualidad, al matrimonio y a la paternidad de los minusv¨¢lidos, a pesar de su trascendencia, es una an¨¦cdota dentro de la problem¨¢tica en que se encuentran inmersos los incapaces. El censo de disminuidos ps¨ªquicos en Espa?a es aproximadamente de 279.000 personas, el 54% de los cuales es adulto. El 75% de estos adultos se encuentra internado en psiqui¨¢tricos. La inserci¨®n de estos minusv¨¢lidos en la sociedad, su incorporaci¨®n a la vida laboral -en Espa?a s¨®lo hay 3.000 deficientes dados de alta en la Seguridad Social-, el desarrollo y la financiaci¨®n de las leyes que desde 1983 se aprobaron en favor del deficiente son los principales problemas a¨²n no resueltos.