El colapso judicial

LA JUSTICIA espa?ola funciona mal y est¨¢ al borde del colapso. Ya constituye un lugar com¨²n entre los espa?oles referirse al funcionamiento de este cap¨ªtulo vital de la sociedad como uno de los males con los que ha de convivir nuestra existencia cotidiana. Esta asunci¨®n social de los defectos de la justicia es grav¨ªsima, y ha de remediarse desde los poderes p¨²blicos con medidas dr¨¢sticas que den a la m¨¢quina judicial espa?ola los medios suficientes para ejercer su funci¨®n.Ayer, en la apertura del a?o judicial, que presidi¨® el Rey, flot¨® en el ambiente la reflexi¨®n que estos d¨ªas se han hecho los ¨®rganos judiciales espa?oles sobre el presente y el porvenir de los servicios de la magistratura. En el acto, el fiscal general del Estado adelant¨® cu¨¢l es la consecuencia previsible de la situaci¨®n actual, al borde del colapso. Seg¨²n ¨¦l, "el progresivo deterioro de la justicia podr¨ªa Regar a significar una quiebra del Estado de derecho y una crisis de las mismas libertades".

El diagn¨®stico se basa en datos que se manejan constantemente. El que ha llegado a resultar simb¨®lico del desastre actual lo protagoniza el Tribunal Supremo, con cerca de 30.000 asuntos pendientes, 11.000 de los cuales eran los que a principios de este a?o reposaban en los archivos de la Sala Segunda de lo Penal. En ese estado de cosas es f¨¢cil entender por qu¨¦ el ritmo de resoluci¨®n de los conflictos judiciales no alcanza en esa instancia menos de cuatro a?os por cada caso.

El Gobierno ha sido cicatero con el poder judicial, y no s¨®lo lo ha sido cuando, irresponsablemente, se sinti¨® impelido a lanzar desde algunas de sus instancias una campa?a de presiones con la absurda pretensi¨®n de corregir la actuaci¨®n de los magistrados en la consideraci¨®n del fen¨®meno terrorista, sino que lo es tambi¨¦n en la administraci¨®n del dinero. Si se confirman los datos disponibles, los Presupuestos Generales del Estado previstos para 1988 contemplan un incremento del 14,3% en los dineros de la justicia, con lo que ese cap¨ªtulo tendr¨ªa un presupuesto de 127.639 millones de pesetas.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial permiten deducir que ese incremento es rid¨ªculo si se estima que con ¨¦l se quieren cubrir las previsiones gubemamentales para la mejor dotaci¨®n de la justicia. Esas mejoras incluyen la creaci¨®n de 211 plazas de magistrados y jueces para los juzgados y tribunales que ya existen, adem¨¢s de la puesta en funcionamiento de 131 ¨®rganos jurisdiccionales, como juzgados, salas de lo contencioso-administrativo, salas de lo penal y magistraturas de trabajo. Para poner en marcha estos ¨®rganos no se precisa s¨®lo la presencia de los jueces correspondientes, sino que exige una dotaci¨®n de personal que el Consejo General del Poder Judicial estima que no puede llevarse a cabo si no se aumenta sustancialmente la previsi¨®n presupuestaria divulgada hasta ahora.

El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a los restantes poderes del Estado que se enfrenten al problema de la justicia con criterios pol¨ªticos racionales, para evitar el aumento del deterioro. Lejos de ofrecer esta respuesta, el Gobierno ha dejado pr¨¢cticamente intacto el desarrollo de la ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), que resulta inservible para curar la enfermedad cr¨®nica de la justicia espa?ola, y ha lanzado la idea de acabar con los juzgados de distrito. Esta ¨²ltima iniciativa pondr¨ªa autom¨¢ticamente en las manos de los juzgados de primera instancia y de las audiencias provinciales todos los peque?os asuntos que hoy tienen salida a trav¨¦s de aquellos juzgados. El colapso actual alcanzar¨ªa, s¨ª esta idea gubernamental se lleva a la pr¨¢ctica, caract¨¦res verdaderamente dantescos.

El desbarajuste denunciado por el propio Consejo General del Poder Judicial pone en peligro el funcionamiento de la justicia, lo que, como se dijo ayer en el acto de apertura del a?o judicial, coloca en evidente riesgo el Estado de derecho y su obligada defensa de las libertades. La responsabilidad que el poder ejecutivo tiene en esta ca¨®tica situaci¨®n de la justicia lo hace directamente responsable de un problema ante el que ya no cabe cerrar los ojos como si fuera un problema de un sector de la sociedad. El colapso de la justicia nos afecta a todos los espa?oles.