Pol¨ªtica de vivienda y econom¨ªa municipal

La vivienda contin¨²a siendo una necesidad y una aspiraci¨®n para importantes sectores de la sociedad espa?ola. Desde familias que viven todav¨ªa en lugares de dudosa habitabilidad hasta j¨®venes que ven imposibilitada una vida propia por las dificultades para resolver tan elemental problema. Ciertamente, han sido grandes los esfuerzos de las distintas administraciones en los ¨²ltimos a?os para ofrecer una mayor dotaci¨®n de viviendas de calidad y dimensiones dignas, acompa?adas de financiaci¨®n asequible. Los ayuntamientos han jugado un destacado papel en esta pol¨ªtica no s¨®lo ofreciendo suelo a la Administraci¨®n central y ¨²ltimamente a las comunidades aut¨®nomas, sino tambi¨¦n dejando de ingresar cantidades estimables en concepto de gastos fiscales en materia de vivienda Una relaci¨®n de colaboraci¨®n entre administraciones con un claro sesgo paternalista que, en un momento de pr¨®xima discusi¨®n y tramitaci¨®n parlamentaria de la ley de financiaci¨®n de corporaciones locales, quiz¨¢ convenga revisar. Y no s¨®lo, por cierto, atendiendo a argumentos de legalidad -esto es, a la dudosa compatibilizaci¨®n de la autonom¨ªa local con la imposici¨®n a trav¨¦s de una normativa de rango inferior de determinadas bonificaciones y exenciones fiscales-, sino sobre todo y principalmente atendiendo a razones de idoneidad pol¨ªtica y econ¨®mica.Para ilustrar mejor este punto de vista no disponemos de estimaciones o datos fiables que comprendan todos los municipios espa?oles, pero, en cambio, podemos utilizar como referencia el de Oviedo.

Menos ingresos

El esquema de cooperaci¨®n en materia de vivienda consist¨ªa en que la comunidad aut¨®noma elaboraba un plan de actuaci¨®n distribuyendo sus recursos- econ¨®micos para promover viviendas entre los distintos municipios en funci¨®n de las necesidades estimadas y con el objetivo de cubrir una proporci¨®n significativa de esa demanda. En este planteamiento, los ayuntamientos entregaban suelo para construir las viviendas y posteriormente las adjudicaban con arreglo a un baremo elaborado por la comunidad aut¨®noma.

Sin embargo, el principal apoyo municipal a la pol¨ªtica de viviendas consiste en la importante cuant¨ªa de los gastos fiscales municipales en esa materia que, en tiempos de penuria econ¨®mica y crecientes demandas sociales, significan una merma notable de los ingresos propios. En el caso del Ayuntamiento de Oviedo, una estimaci¨®n de esos gastos fiscales para el a?o 1987 los sit¨²a entre 400 y 500 millones, desglosados de la siguiente manera: por bonificaciones a las viviendas de protecci¨®n oficial en el impuesto de la contribuci¨®n territorial urbana: entre 100 y 130 millones, bonificaci¨®n del 90% en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (impuesto sobre la plusval¨ªa) para las transmisiones de terrenos destinados a la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial: entre 150 y 200 millones y bonificaci¨®n del 90% en la tasa por licencia de obras para las viviendas de protecci¨®n oficial: entre 150 y 170 millones (incluyendo beneficios fiscales a la rehabilitaci¨®n regulada por real decreto de Presidencia de 28 de julio de 1983).

Si, como dec¨ªamos antes, estamos en v¨ªsperas de una importante discusi¨®n nacional y parlamentaria acerca de las finanzas locales, parece conveniente reflexionar tambi¨¦n sobre el papel que deben jugar los ayuntamientos en la pol¨ªtica de vivienda de los pr¨®ximos a?os. Porque no es posible solicitar de ellos un mayor esfuerzo inversor en materia de disponibilidad de suelo si no se les ofrece un marco financiero m¨¢s desahogado que, en nuestra opini¨®n, no deber¨¢ consistir tan s¨®lo -aunque s¨ª principalmente- en una mejor y m¨¢s equilibrada participaci¨®n en los ingresos de la Administraci¨®n central, sino tambi¨¦n en una favorable e inteligente revisi¨®n de unos incentivos fiscales que posiblemente ya no son tan necesarios para los fines previstos en los a?os de su creaci¨®n y que, sobre todo, dan lugar a unos gastos fiscales municipales que detraen unos recursos muy necesarios si queremos conseguir que los ayuntamientos sean corresponsables con otras administraciones p¨²blicas en el cumplimiento del mandato constitucional del art¨ªculo 9.2 y el art¨ªculo 47.

Disparidad

Una peque?a muestra de la importancia que tiene actuar con mayor intensidad en el problema de las viviendas de promoci¨®n p¨²blica la tenemos en el dato de la disparidad entre oferta y demanda en el municipio mencionado: en el cuatrienio que ahora acaba, las viviendas sociales entregadas supondr¨¢n menos del 10% de las solicitudes que cumplen -despu¨¦s de un r¨ªgido examen que desestim¨® algo m¨¢s de la mitad de las solicitudes presentadas- los requisitos de la convocatoria. Es una indicaci¨®n seria de las necesidades que en. materia de vivienda tiene el municipio y, por tanto, una obligaci¨®n para gobiernos progresistas reforzar sus mecanismos de actuaci¨®n en ese campo.

La administraci¨®n municipal es la m¨¢s capacitada para detectar y evaluar las necesidades de su poblaci¨®n en materia de vivienda. Por esta raz¨®n, su participaci¨®n en la correcci¨®n de esa desigualdad b¨¢sica ser¨¢ posible con voluntad pol¨ªtica, desplegando imaginativamente sus recursos humanos, y en estos momentos, sobre todo, con una adecuada potenciaci¨®n de su marco financiero.